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Puigdemont rechaza el informe jurídico que cuestiona su investidura
Puigdemont rechaza el informe jurídico que cuestiona su investidura
El expresidente de la Generalitat de Cataluña (Ejecutivo), Carles Puigdemont, rechazó las conclusiones del informe jurídico del Parlamento de Cataluña que... 19.01.2018, Sputnik Mundo
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de la Generalitat de Cataluña (Ejecutivo), Carles Puigdemont, rechazó las conclusiones del informe jurídico del Parlamento de Cataluña que cuestionan la posibilidad de una investidura telemática.
"No es un informe, es una opinión, y no es concluyente", sostuvo entrevistado por la periodista Mónica Terribas para el programa El Matí de Catalunya Ràdio.
Según Puidemont, "en el reglamento no hay nada que prohíba" las fórmulas que se barajan para su investidura, que son una investidura telemática o delegada en un diputado de la cámara.
"Mi derecho como diputado no lo discute nadie", afirmó.
El político independentista es el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, pero no podrá asistir hoy al pleno por encontrarse en Bélgica.
Puigdemont llegó a Bélgica huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
Los servicios jurídicos de la cámara cuestionaron el 15 de enero tanto la posibilidad de una investidura telemática como de una investidura delegada, y consideran "imprescindible" que el candidato se encuentre en sede parlamentaria.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, además los tribunales españoles comenzaron procesos judiciales contra varios políticos independentistas.
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