Muchas voces de su propio campo habían sugerido que la huida de Puigdemont a Bruselas daría pie a la Justicia para decidir el encarcelamiento provisional de los "exministros" independentistas. El auto de la jueza menciona el hecho de que otros imputados (Puigdemont y otros cuatro exconsellers) han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, pero ese detalle, siendo importante, no explica por sí solo la decisión judicial.
En España es una idea compartida que la crisis provocada por la exautoridades independentistas de Cataluña ha sido el momento más delicado desde la recuperación de la democracia, por encima del intento abortado de golpe militar de febrero de 1981.
Ante unos hechos inéditos en la historia del país, era difícil poder hacer cábalas sobre los acontecimientos que se van produciendo día a día. Estaba claro que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el apoyo de los partidos Socialista (PSOE) y Ciudadanos, había dejado sin efecto la proclamación unilateral de independencia votada por un bloque parlamentario separatista que no representa la mayoría de las voces de Cataluña.
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Delitos graves
Pero la justicia no ha atendido especulaciones electoralistas. Para la jueza que ha enviado a prisión provisional al antiguo Govern, los hechos son tan graves que no podía obviar lo que la legislacion española prevé para los delitos imputados. Otros jueces, en tiempos recientes, enviaron a la cárcel a presidentes autonómicos, como el de Baleares y el de Madrid, ambos del Partido Popular.
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Lógico, también, que algunos socialistas, que han apoyado y defendido la aplicación del artículo 155 consideren las medidas "desproporcionadas", aunque las respeten y acepten. Porque, además de la crisis que ha supuesto y supone para todo el Estado español y para el estado de derecho el llamado desafío independentista catalán, en poco más de un mes se celebran elecciones en Cataluña y, quizá en 2018, comicios en toda España.
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La izquierda, ante el independentismo
Las decisiones del bloque independentista suponen un quebradero de cabeza para la izquierda española. El Partido Socialista dejó claro su postura junto a la Constitución y la legalidad vigente. Los socialistas eran conscientes de que era difícil prever las consecuencias electorales de su posición. Y, de hecho, algunos de sus dirigentes catalanes han mostrado su desagrado con la línea oficial del partido.
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El PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular volverán a atacarse durante la campaña electoral, pero no podrán utilizar los argumentos que les han unido en el respeto a la Constitución. Saben que deben atraer hacia el bloque constitucionalista cada voto de los cientos de miles de catalanes que ya han perdido el miedo a manifestarse en contra de la independencia. Bueno, eso si los partidos independentistas no deciden boicotear la consulta. En todo caso, el ex vicepresidente del gobierno catalán ha llamado a "derrotar al mal" en las urnas.
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En este bloque han coexistido en una alianza objetiva por la independencia el partido representante de la burguesía catalana (PdCat), una formación de centro-izquierda (ERC) y un partido anticapitalista y anti Unión Europea (CUP). No está claro que ante la convocatoria electoral del 21 de diciembre las tres formaciones vuelvan a ponerse de acuerdo en presentarse como lista única. Incluso dentro del PdCat hay divisiones sobre la estrategia futura.
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Un expresidente sobre el que pesa una Orden Europea de Detención y Entrega y que conoce muy bien las exigentes garantías que ofrece la justicia belga antes de aceptar la entrega de un fugado, y que ha contratado a un abogado especializado en el pasado en utilizar todos los recovecos legales para dificultar la entrega a España de terroristas de la banda ETA.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK