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    La evolución del coronavirus en España (148)
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    El choque entre el Gobierno central y el ejecutivo de la Comunidad de Madrid ocupa titulares desde hace semanas. El cierre de Madrid es el punto de discusión. Diferente es la situación en otras comunidades autónomas, como Castilla y León.

    La Comunidad de Madrid es la región que registra el mayor número de contagios de toda España. Según los datos publicados en septiembre por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, Madrid es la capital europea con mayor incidencia de la enfermedad. El estudio desvelaba que cada 100.000 habitantes, 700 personas daban positivo. Praga la seguía en la lista con 269,52 casos.

    La capital checa ha sido rebasada por París y Bruselas, otras de las ciudades europeas más afectadas por la pandemia. Para combatir el avance de la enfermedad, ambas han tomado medidas drásticas. En la ciudad francesa, las fiestas universitarias están prohibidas, los congresos y ferias cancelados y los gimnasios y centros deportivos y de danza han tenido que bajar la persiana. Al igual que en París, los bares y las cafeterías están cerrados en la capital belga, donde no puede haber más de 100 personas en lugares de culto y las competiciones deportivas se celebran sin público. Todo para combatir al coronavirus. Menos clara es la situación en Madrid.

    La capital española lleva semanas sumida en el caos. Y no solo sanitario. Mientras avanzaba el número de contagios, Gobierno central y ejecutivo autonómico se enfrascaban en una batalla por el cierre de la capital española. La imagen de unión del 21 de septiembre entre el presidente Pedro Sánchez y la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se instauró el grupo de trabajo COVID-19 para la coordinación entre las administraciones, tardó poco en quebrarse.

    El departamento de Sanidad de Madrid, capitaneado por Enrique Ruiz Escudero, decretaba el cierre perimetral de 45 áreas básicas de salud. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía que la limitación de la movilidad se extendiese a toda la ciudad y otros nueve municipios de la comunidad autónoma.

    Pedro Sánchez en su despacho de la Moncloa
    © REUTERS / Palacio de la Moncloa
    La diferencia de criterios entre ambas instituciones provocaba una brecha que en ningún momento se materializó en un acuerdo. Ni siquiera cuando se anunció un "principio de acuerdo" en torno a los criterios técnicos para establecer medidas. El miércoles 30 de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobaba el plan del Gobierno para la lucha contra el coronavirus en las localidades de más de 100.000 habitantes, basado en el preacuerdo con el ejecutivo de Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid votó en su contra y comunicó que no lo aplicaría.

    Un par de horas después, el 1 de octubre, la presidenta madrileña afirmaba que acataría la normativa, pero la recurriría. Así, en Madrid y otros nueve municipios más se limitaba la movilidad. No se podía entrar o salir de los lugares afectados. Además, se limitaban a seis personas las reuniones sociales o se imponía el cierre de los establecimientos a las 22:00.

    Medidas que peligraron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegara su ratificación por suponer una injerencia en los derechos fundamentales. "Nadie entiende las normas. Los ciudadanos no saben qué pasa", decía Díaz Ayuso tras conocer la decisión judicial. Añadía que el confinamiento por áreas básicas de salud estaba funcionando. La capital española había reducido su incidencia a 475 contagios por 100.000 habitantes. En la región, este índice estaba por encima de los 500 positivos.

    Entonces, llegó el ultimátum del Gobierno Central. O se buscaban fórmulas para permitir las restricciones ideadas o se decretaría el estado de alarma. Ayuso y el resto del PP se negaban a mantenerlas activas. Sus compañeros de gobierno, Ciudadanos, optaban por mantener el diálogo con el ejecutivo central. Rehacer la orden ministerial para evitar el estado de alarma. No fue posible.

    A las 12:00 del 9 de octubre, el consejero Escudero anunciaba que el plan de la Comunidad de Madrid sería el mismo: basarse en el confinamiento por áreas de salud. A la misma hora, el Gobierno instauraba el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. "El Gobierno solo tiene un objetivo: proteger a Madrid y la salud de los madrileños. Si la Comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

    "No quiero entrar en polémicas, pero en política el 99% de los temas son discutibles pero el 1% indiscutible, y proteger la salud de los madrileños es indiscutible, y también que hay transmisión comunitaria en Madrid", ha añadido el ministro de Sanidad.

    De esta forma, se mantienen las restricciones establecidas el 3 de octubre en todas las ciudades madrileñas marcadas anteriormente, excepto Alcalá de Henares, que ya no cumple los requisitos. Las críticas por parte del ejecutivo autonómico no se han hecho esperar. "Va a ser difícil entender que se aplique un estado de alarma cuando las decisiones que se han tomado en la Comunidad de Madrid han provocado un descenso claro en el descenso de los datos epidemiológicos. Es una medida que ningún madrileño va a entender", ha dicho Escudero. El alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, lo ha calificado como "un 155 sanitario".

    Por su parte, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha lamentado que se haya llegado a esta situación. "Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento. No ha sido posible y es una pena. Creo que era totalmente evitable y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias", ha comentado.

    La diferencia con otras comunidades autónomas

    Al otro lado de la Sierra de Guadarrama, el panorama es distinto. En Castilla y León, donde también gobierna el PP, existen tres municipios cerrados por la incidencia del coronavirus. Se trata de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo.

    A pesar de los diferentes colores políticos, no ha existido un choque similar al de Madrid entre Moncloa y el ejecutivo castellanoleonés. El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que es necesario ser "coherente" con la situación sanitaria actual. "En Castilla y León hemos optado por algo sencillo, que la ciencia ayude a la política a tomar decisiones, algo importante, y hemos hecho un ejercicio de coherencia, hemos defendido todos estos meses lo que el otro día en el Consejo Interterritorial por parte de la consejera de Sanidad".

    "No son medidas agradables que tomar, pero hay que hacerlo por el bien de las personas", ha reconocido.

    Medidas que afectan a tres ciudades, una de ellas, León, con más de 100.000 habitantes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), a diferencia de su homólogo madrileño, no ha tumbado las restricciones. La diferencia radica en la interpretación del auto. El TSJM entendió que la orden ministerial se basa en la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que en ningún caso permite la habilitación de medidas limitativas de derechos fundamentales, por lo que resulta insuficiente para limitar la libertad de circulación de los ciudadanos o cerrar municipios. Por su parte, el TSJCL sobreentendió que el cierre se sustenta en la ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986, la cual permite limitar la movilidad. Para el organismo de la capital es necesario que se haga referencia a la ley de 1986.

    En estos momentos, las medidas ya se aplican en Madrid. El estado de alarma es una realidad. Ayuso ha asegurado que intentará que se levante antes de cumplirse los 15 días. No se pone punto final a las fricciones. La historia queda en punto y aparte.

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