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    La evolución del coronavirus en España (141)
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    Comparecen el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska después de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Ejecutivo declarará el 9 de octubre el estado de alarma en Madrid.

    La Comunidad de Madrid atraviesa unas horas de incertidumbre tras la amenaza formulada por el Gobierno de España, que durante la noche del jueves anunció su intención de declarar el estado de alarma si la región no adopta restricciones a la movilidad para contener la expansión del coronavirus. 

     "Los hechos son claros. El Gobierno, durante muchos días ha querido llegar a un acuerdo", reitera Illa. Según sus palabras, el presidente del Gobierno llamó a Ayuso para intentar mantener las medidas contenidas en la orden de Sanidad, con las opciones ya conocidas: recoger las medidas en una nueva orden de la Comunidad o declarar el estado de alarma, de forma consensuada o por el Gobierno. En la segunda llamada le dijo al presidente que necesitaba tiempo hasta hoy al mediodía, la presidenta ha decidido no hacer nada".

    "No quiero entrar en polémicas, pero en política el 99% de los temas son discutibles pero el 1% indiscutible, y proteger la salud de los madrileños es indiscutible, y también que hay transmisión comunitaria en Madrid", según afirma el ministro de Sanidad.

    "Las normas serán las mismas que ayer, con la cobertura del estado de alarma, ni una más ni menos. Hay que impedir que en el puente se difunda el virus sin control", subraya Illa. 

    Por su parte, el ministro de Interior ha declarado que ha ordenado el despliegue de policías y guardias civiles con más de 7.000 agentes. "De inmediato van a garantizar todas las medidas contempladas en el real decreto. Se van a establecer controles en salida y acceso en los municipios afectados, así como en las infraestructuras de transporte colectivo", dice Grande-Marlaska. 

    Las nuevas restricciones

    Las restricciones que se aplicarán tras haber decretado el Gobierno el estado de alarma en Madrid serán las mismas que estaban en vigor ayer, pero tendrán otra cobertura jurídica, y será así para evitar que este puente festivo el virus se difunda sin control. Estas medidas, avaladas por otra forma jurídica, y a las que están sujetos nueve municipios —Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz— son las siguientes y serán de aplicación durante 15 días:

    1. Se restringe la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos "adecuadamente justificados" que se produzcan por determinados motivos, como asistir al centro de salud, al puesto de trabajo, a centros escolares y universidades, volver a la residencia habitual, asistencia de mayores, menores y dependientes, desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos.
    2. También para renovaciones de permisos y documentación oficial, trámites administrativos inaplazables, exámenes o pruebas oficiales también "inaplazables", por causa de fuerza mayor, entre otros.
    3. Se limita a seis personas las reuniones de cualquier actividad o eventos de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo "que se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas".
    4. Queda suspendida la actividad de los parques infantiles de uso público.
    5. El aforo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
    6. El aforo en los velatorios será de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes, mientras que podrán participar en la comitiva fúnebre del entierro o cremación de la persona fallecida un máximo de quince personas.
    7. Se reduce al 50 % el aforo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean. En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. Además, las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas, y el grupo que se siente no será superior a las seis personas. Tampoco se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, "a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio".
    8. El aforo de autoescuelas, centros privados de enseñanzas no regladas y de formación será del 50 % por ciento.
    9. En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50 %.
    10. Otras actividades, servicios e instalaciones: el aforo máximo será del 50 % salvo que se prevea uno inferior.
    11. Las comunidades con municipios afectados reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.

    Objetivo: proteger a Madrid

    El 9 de octubre la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo declaró: "Nosotros solo tenemos un objetivo que es proteger a Madrid. Si la Comunidad no puede hacerlo lo haremos nosotros".

    El 8 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se negó a ratificar las restricciones a la movilidad en la región capitalina, donde desde hace una semana se imponía el cierre perimetral en la ciudad de Madrid y otros nueve municipios. Las medidas afectaban en total a 4,7 millones de personas, obligadas a no moverse de su municipio de residencia salvo para ir a trabajar o por determinados motivos de fuerza mayor.

    A ojos del TSJM, la orden del Gobierno por la que se impuso esta medida supuso "una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare".

    El 9 de octubre los tribunales de otra región, Castilla y León, dieron su visto bueno a una orden similar para decretar el cierre de dos de sus principales ciudades, aunque cabe destacar que en ese caso se usó una argumentación jurídica diferente. En cualquier caso, la diferente reacción judicial ante escenarios similares da cuenta del caos institucional con que España hace frente a la segunda ola de coronavirus.

    Tras conocerse la decisión judicial del TSJM, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, para buscar fórmulas que permitieran mantener activas las restricciones, algo que la líder madrileña rechaza.

    Ante la falta de acuerdo, Sánchez lanzó un ultimátum, planteando que si Madrid no asume las restricciones de forma voluntaria, declarará el estado de alarma en la región para dotar al Gobierno central de las competencias legales para hacerlo por su cuenta.

    Las autoridades de la Comunidad de Madrid se encuentran reunidas desde primera hora del 9 de octubre para decidir cómo reacciona ante el ultimátum.

    La presidenta Ayuso (del conservador Partido Popular) reiteró anoche su rechazo al cierre perimetral, afirmando que las medidas aplicadas previamente por su administración para limitar la movilidad de forma más leve "estaban funcionando".

    Por su parte, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado (de la formación liberal Ciudadanos) se inclina por ceder a las presiones del Gobierno central y aplicar los cierres perimetrales para evitar la declaración del estado de alarma.

    "Existe una alternativa al choque entre administraciones y es rehacer la orden según lo establecido en la resolución del TSJM", señaló Aguado.

    Tema:
    La evolución del coronavirus en España (141)
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    Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, La Comunidad de Madrid, Madrid, alarma, puente, confinamiento, coronavirus, estado de alarma
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