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    Bandera independista de Cataluña (archivo)

    Cataluña se va a dormir sin saber si mañana podrá votar

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    Referéndum en Cataluña (2017) (218)
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    BARCELONA (Sputnik) — Un total de 5,3 millones de catalanes están llamados a participar en el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno catalán, una votación marcada por la incertidumbre dado que no se sabe si llegará a celebrarse por la suspensión del Tribunal Constitucional y la presencia de las fuerzas policiales para detenerla.

    "Esta votación es histórica para Cataluña, ninguna represión policial impedirá que los ciudadanos puedan votar, el Gobierno catalán tiene varias alternativas para garantizar el derecho a votación", explicó a Sputnik el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

    Por su parte, el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, aseguró en el cierre de campaña que el 1 de octubre tienen "una cita con el futuro".

    Los Mossos D'Esquadra, la policía autonómica catalana, tienen órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la utilización de locales o edificios públicos para la celebración del referéndum, lo que deja en duda que esa "cita con el futuro" vaya a producirse.

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    De acuerdo con información emitida el 30 de septiembre por el Ministerio de Interior español, "una gran parte" de los 2.315 centros de votación designados por el Gobierno catalán ya se encuentran sellados.

    Colegios ocupados

    Con el objetivo de evitar el cierre de más centros, miles de personas organizadas en los llamados Comités de Defensa del Referéndum ocupan desde el 29 de septiembre centenares de colegios electorales y otros recintos donde el Gobierno catalán pretende poner urnas.

    "En los centros hay padres, madres, abuelos, hijos y vecinos que quieren ocupar con actividades pacíficas estos colegios para evitar que la policía los cierre, el objetivo es llegar a las 9.00 [hora local] y poder montar la mesa electoral sin altercados con la policía", explica Xavier, miembro de una de las mesas del barrio de Gràcia.

    Estos comités tienen previsto comenzar la jornada a las 05.00 (hora local) o en muchos casos quedarse toda la noche, para disponer de todos los preparativos y concentrarse en las puertas de los centros antes de la llegada de los agentes, que notificaron a los activistas la obligación de abandonar los recintos antes de las 06.00.

    Según una instrucción interna de los Mossos D'Esquadra que se hizo pública en prácticamente todos los medios de comunicación, es a esa hora cuando los agentes se presentarán en los centros de votación para su desalojo.

    Estas labores, de acuerdo con la citada orden, deberán efectuarse sin emplear la fuerza contra manifestantes pacíficos, a los que se "acompañará" hasta el exterior de los centros.

    Ante el previsible cierre de centros electorales, el diputado de la independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP) contó a Sputnik que no se descarta trasladar las votaciones a iglesias o centros de salud porque "el Estado no puede cerrarlas".

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    En una línea similar, Junqueras aseguró que existen "alternativas" si los centros ordinarios son cerrados.

    Respuesta policial

    Además de la respuesta policial, el referéndum afronta problemas logísticos después de que agentes de la Guardia Civil intervinieran el 30 de septiembre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) del Gobierno catalán, lo que deja inservibles los servicios de voto telemático y de recuento de los sufragios.

    "Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo: este referéndum ilegal convocado por la Generalitat [el Gobierno catalán] ya ha sido anulado por el Estado de derecho", aseguró el 30 de septiembre el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

    En las últimas semanas, el TSJC ordenó una serie de actuaciones policiales contra el referéndum que provocaron una sucesión casi diaria de registros en los que, además de ser incautadas millones de papeletas electorales, se llegó a detener a altos cargos catalanes.

    La sombra de esas detenciones llegó a extenderse hasta alcanzar a Puigdemont, de quien el Fiscal General español dijo a principio de semana que su arresto es una posibilidad "abierta" ya que, a su modo de ver, podría estar incurriendo en delitos de desobediencia y malversación entre otros por mantener la convocatoria de referéndum.

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    La respuesta policial al referéndum es señalada de manera recurrente por los convocantes del mismo como el mejor ejemplo de la deriva "autoritaria" de la España de Mariano Rajoy, instalando una narrativa en la que significantes como "urnas y votar" se elevan como garantes de la voluntad democrática por encima de interpretaciones legalistas.

    Los dirigentes catalanes replicaron tras los distintos dispositivos policiales que la Generalitat dispone de planes de contingencia para garantizar la consulta, una línea que fue mantenida por el portavoz gubernamental, Jordi Turull, tras la intervención del CTTI.

    Le ley encargada de dar cobertura a la convocatoria del referéndum —también suspendida por el Constitucional, pero vigente a ojos de los dirigentes catalanes— establece que no es necesaria una participación mínima en el mismo para considerar válidos sus resultados.

    Participación

    Un sondeo de la empresa GASP publicado el 29 de septiembre pronostica una participación del 63%, lo que representaría en torno a 3,4 millones de personas, de los que un 52% votaría en favor de la independencia.

    Por otro lado, otro sondeo de la empresa Invimark refleja que un 52% de los catalanes es favorable a la celebración de la consulta, aunque no adelantó el sentido de su voto.

    Las principales organizaciones independentistas de la sociedad civil destacaron el 30 de septiembre que en la votación concurrirán circunstancias especiales, por lo que es previsible una baja participación.

    "Querríamos que participara cuanta más gente mejor, pero es evidente que el cerco del Gobierno español al 1 de octubre nos pone un listón muy alto, un millón de personas sería un éxito desbordante con esta beligerancia del Estado español, y nosotros trabajaremos para superar esta cifra", afirmó Jordi Sánchez, presidente de la ANC.

    Esa cifra es incluso menor a la registrada el 9 de noviembre de 2014, cuando el Gobierno catalán convocó una consulta no vinculante para conocer la opinión de sus gobernados sobre la cuestión independentista.

    En aquella consulta —también declarada ilegal por el Tribunal Constitucional— votaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% se mostró a favor de la independencia de Cataluña sin otra consecuencia que la apertura de causas judiciales contra sus impulsores, lo que derivó en una posterior inhabilitación a Artur Mas, el entonces presidente catalán.

    La participación el 1 de octubre dependerá en gran medida de la actuación policial en la mayoría de los colegios, por este motivo, las organizaciones independentistas se amparan en la Convención de Venecia, tal y como explicó a Sputnik el consejero de Justicia, Carles Mundó.

    "Esta Convención reconoce la variable del contexto durante la votación", por lo que, dependiendo de esas circunstancias, "la participación mínima para darlo por válido será una u otra".

    El consejero explicó que "en nuestro caso, no nos atrevemos a dar una cifra porque desconocemos el contexto con el que irán a votar los ciudadanos convocados a las urnas, puede producirse una represión injustificable, aunque intentaremos que no sea así".

    Posición de los partidos

    La convocatoria del referéndum cuenta con el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy y de algunas de las principales formaciones de la oposición como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o los liberales de Ciudadanos, grupos que piden a la población no acudir a las urnas.

    El referéndum solo es reconocido como válido y vinculante por las fuerzas del independentismo catalán, que cuenta con 72 de los 135 diputados que componen el Parlamento de Cataluña, lo que les permitió sacar adelante la ley del referéndum y firmar su decreto de convocatoria entre feroces acusaciones de la oposición por vulnerar tanto el Estatuto catalán (la máxima norma autonómica) como la Constitución española.

    A dos aguas entre el independentismo y el rechazo al referéndum quedan Podemos y sus distintos socios u organizaciones territoriales en Cataluña, que —aunque con disensiones internas— se inclinan por calificar a la cita con las urnas como "una movilización legítima" pero sin validez jurídica.

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    El Ejecutivo catalán manifestó en múltiples ocasiones que, de acuerdo con la ley que ampara el referéndum, si gana la opción independentista proclamará la República catalana en menos de 48 horas.

    Del mismo modo, si gana el 'no', los líderes catalanes aseguran que convocarán unas elecciones autonómicas ordinarias.

    En caso de que se impida la votación, algunos dirigentes catalanes avanzaron la posibilidad de declarar la independencia de forma unilateral, aunque esta opción no cuenta, al menos por el momento, con un consenso claro entre el independentismo, aunque está recogido en el "pacto" entre las organizaciones independentistas, según explicó a Sputnik el diputado de la CUP Carles Riera.

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    "Existe el pacto político de que si la violencia extrema imposibilita físicamente el referéndum, proclamaremos también la República", afirma Riera.

    Ante esta situación de incertidumbre, con millones de personas llamadas a las urnas y la posibilidad de una declaración unilateral de independencia si no se les permite votar, el Gobierno español ordenó el traslado a Cataluña de 10.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se suman a los casi 17.000 efectivos de los Mossos D'Esquadra sobre el terreno en uno de los mayores despliegues policiales —posiblemente el mayor— en la historia reciente de España. 

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    referéndum, independencia, Cataluña, España
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