En directo
    América Latina
    URL corto
    0 0 0
    Síguenos en

    MONTEVIDEO (Sputnik) — Los derechos al asilo y a manifestarse fueron especialmente vulnerados en 2019 en las Américas por los Gobiernos de varios países, aseguró Amnistía Internacional en su informe.

    "El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, consigna un comunicado de la ONG.

    Sin embargo, Guevara-Rosas destacó "que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva, su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar".

    La ONG (organización no gubernamental) internacional indica en su informe que los países donde hubo movimientos de protestas para exigir rendición de cuentas y respeto de los derechos humanos fueron: Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia.

    Al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas, informó Amnistía: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

    Asilo

    Amnistía Internacional informa que en los últimos años 4,8 millones de personas han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela, "una cifra sin precedentes en las Américas".

    Pero también criticó que Perú, Ecuador y Chile respondieron a esa emigración "imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional".

    En su informe, la ONG también menciona que EEUU "hizo un uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia e implementó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir el acceso al asilo, incumpliendo sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

    Asimismo, Amnistía menciona a México que, tras las amenazas del Gobierno de EEUU de imponer nuevos aranceles, "accedió a recibir y acoger, en virtud de los Protocolos de Protección a Migrantes, a personas solicitantes de asilo devueltas a la fuerza, sino que también desplegó tropas para impedir que personas centroamericanas consiguieran llegar a la frontera de EEUU con México".

    Las medidas implementadas por EEUU se deben a las caravanas de migrantes que comenzaron a partir en octubre de 2018 desde Centroamérica en busca de asilo en ese país.

    Peligros para defensores de DDHH

    Amnistía asegura que en 2019 Latinoamérica volvió a ser la región más peligrosa del mundo para los defensores de derechos humanos.

    "Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país", indica la ONG en el informe.

    México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019.

    Además, Amnistía destaca que "la violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en EEUU".

    Asimismo la ONG ve como "preocupante" los decretos y órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que suavizan la normativa sobre la posesión y el porte de armas de fuego.

    Amnistía también dijo que las autoridades ecuatorianas no protegieron a los defensores de derechos humanos en riesgo, especialmente a activistas por el medio ambiente, durante las protestas de octubre pasado.

    "Las autoridades no protegieron a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, especialmente quienes defienden el medio ambiente, ni regularon industrias extractivas que afectan los derechos de los pueblos indígenas durante la crisis sociopolítica de octubre", dijo la organización en el capítulo relativo a Ecuador.

    Según Amnistía Internacional, durante la crisis de octubre, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas; las autoridades realizaron declaraciones xenófobas y endurecieron los requisitos de entrada para personas solicitantes de asilo venezolanas.

    Durante las protestas de octubre, en contra de eliminación de los subsidios a la gasolina de 87 octanos y al diésel, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo, hechos sin precedentes en la historia del país andino.

    Amnistía Internacional destacó que durante las protestas de octubre ocho personas murieron y cientos fueron heridas y detenidas.

    Además, Amnistía señaló que las violaciones a derechos humanos en 2019 en Bolivia ocurrieron tanto en el Gobierno de Evo Morales como en la administración transitoria de Jeanine Áñez.

    "Las autoridades acusaron y amenazaron a personas defensoras de derechos humanos, deportaron arbitrariamente a personas refugiadas venezolanas y autorizaron 'quemas controladas' en bosques que posteriormente se vieron afectados por incendios masivos", dijo el recuento anual de AI, publicado por la organización en internet.

    El informe responsabilizó al Gobierno de Morales, aunque sin señalarlo directamente, por los devastadores incendios forestales de que ocurrieron entre julio y septiembre en el oriente boliviano, a los que señaló como causa de "una crisis ambiental y de derechos humanos".

    "Los defensores y defensoras de los derechos humanos en general, y de los pueblos indígenas en particular, siguieron sufriendo amenazas y hostigamiento", apuntó sobre esta situación previa a la crisis política y social que siguió a las elecciones generales de octubre y provocó la caída de Morales en noviembre.

    Evo Morales, presidente de Bolivia
    © REUTERS / David Mercado
    "Tras la renuncia de Evo Morales (...), la presidenta interina Jeanine Áñez emitió un decreto que concedía impunidad a las Fuerzas Armadas. Bajo su amparo, las fuerzas de seguridad reprimieron algunas protestas, en un contexto de muertes, decenas de personas heridas y acusaciones de uso excesivo de la fuerza", resumió el informe.

    Anotó que, poco antes de su caída, Morales declaró un estado de excepción, que en realidad no llegó a ser decretado, "durante el cual hubo denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía nacional".

    AI añadió que los sucesos más graves ocurrieron durante las operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas contra el Gobierno de Áñez.

    El informe precisó, citando a la Defensoría del Pueblo, que la violencia política y social del año pasado en Bolivia, en especial la represión a manifestantes, dejó entre octubre y noviembre pasados 35 muertos y 832 heridos.

    Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Áñez firmaron en diciembre un acuerdo para crear un grupo de expertos independientes para investigar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

    Logros en 2019

    Amnistía destaca que en 2019 también hubo logros respecto a los derechos humanos, por ejemplo con al Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos ambientales.

    En 2019, 22 países habían firmado ese acuerdo y, en febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificarlo por lo que solo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor, añadió la ONG.

    Asimismo, la ONG resaltó a los movimientos feministas que se manifestaron por los derechos de las mujeres.

    Población LGBTI en Paraguay

    Amnistía denunció la discriminación y violencia que viven en Paraguay la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), los indígenas y los defensores de los derechos humanos.

    En Paraguay continúa "la discriminación y la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales [LGBTI]. A pesar de algunos avances en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, los pueblos indígenas continuaron siendo objeto de desalojo forzoso y desplazamiento. Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo criminalizados", señaló Amnistía Internacional en su informe anual.

    La organización señaló que el 3 de marzo, unas 50 personas, incluidas personas armadas, ingresaron a las tierras ancestrales de la comunidad Ysati "3 de julio" en el distrito de Itakyry (este), quemando cultivos y seis de sus casas que contenían todas sus pertenencias.

    "Cincuenta y cinco personas, incluidos 38 niños, fueron desplazadas y obligadas a buscar refugio en condiciones precarias en una comunidad cercana (...) El 10 de diciembre, después de la aprobación del Congreso, el presidente emitió la Ley 6.465 / 19 para expropiar un terreno necesario para construir una carretera que permitiría a la comunidad indígena Yakye Axa, beneficiaria de un fallo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Derechos, para acceder a sus tierras", agregó.

    Con respecto a los derechos de la comunidad LGBT, Amnistía señaló que el 27 de septiembre, el alcalde de Hernandarias emitió resolución que prohibía una marcha convocada por Diversxs Alto Paraná, por considerarlo contrario a la "moral pública".

    "A pesar de esta prohibición, Diversxs decidió seguir adelante con la marcha. Miembros del colectivo fueron agredidos verbal y físicamente por grupos anti derechos y la Policía Nacional no intervino para protegerlos o detener a los atacantes. Algunos miembros de Diversxs presentaron denuncias penales sobre estos incidentes", agregó.

    A excepción de Paraguay, todos los países de América Latina tomaron medidas de protección de derechos con respecto a la comunidad LGBT, desde Canadá hasta Argentina.

    Por otro lado, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), 122.461 indígenas vivían en Paraguay en 2017, de 19 pueblos originarios, en los más de 6 millones de habitantes que tiene ese país.

    Las autoridades señalaron que el 76% de la población indígena vive en pobreza extrema.

    Etiquetas:
    Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, latinoamérica, derechos humanos
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook