"Parece sorprendente que alguien pueda pensar en poner como presidente de todos los catalanes a alguien que está en prisión provisional", dijo Catalá en rueda de prensa.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bruselas para eludir a la justicia española, renunció el 1 de marzo a ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno de Cataluña.
En su lugar, propuso a la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña la elección de Jordi Sànchez, número dos de la lista Junts Per Cataluña, que bajo el liderazgo de Puigdemont desde Bruselas consiguió ser la más votada entre las fuerzas separatistas en las elecciones del 21 de diciembre.
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Esas elecciones fueron convocadas por el Gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución, a través del cual —previa autorización del Senado— intervino las instituciones de autogobierno catalán tras la declaración de independencia del 27 de octubre, adoptada por el Parlamento autonómico en base a los resultados del referéndum del 1 de octubre, celebrado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional de España.
El líder independentista fue enviado a prisión después de declarar en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición supuestamente cometido al convocar las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona ante la sede de la consejería de Economía.
Posteriormente, la investigación sobre Sànchez se amplió al valorar el Tribunal Supremo la existencia de indicios que le sitúan como unos de los principales impulsores de un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 сентября 2017 г.
Catalá recordó que, ante su complicada situación legal, deberá ser el Tribunal Supremo quien decida si le permite, en caso de conseguir los apoyos necesarios entre los diputados catalanes, presentarse a la investidura.
"Si se propone a alguien privado de libertad, en su caso de prisión provisional, quien tiene capacidad para autorizar la participación en la investidura es el juez instructor", recordó el ministro de Justicia.
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Sea cual sea la decisión del juez, Catalá adelantó que el Gobierno central se mantendrá vigilante ante cualquier medida que pueda adoptar el Parlamento de Cataluña para, si lo considera necesario, recurrir sus acciones mediante la Abogacía General del Estado.
