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    España prorroga el estado de alarma por el coronavirus (165)
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    "Los recortes en sanidad matan", repitieron miles de veces los defensores de la sanidad pública española. Ocho años después, la emergencia sanitaria que se vive por la llegada del COVID-19, les da la razón.

    "El lobo que anunciamos no ha sido de cuento, sino de terrible realidad", dicen desde la Marea Blanca, un movimiento social que nació en España en 2012. Surgió para defender la sanidad pública en medio de la crisis económica que vivió el país entre 2008 y 2014.

    "Nos sentimos mal porque se ha hecho evidente que aquello que decíamos, y seguimos diciendo, era verdad: los recortes en sanidad matan. Si bien la situación nos convierte en portavoces de una muerte anunciada, porque ha sido muy peligroso destruir un servicio público, garante de la salud de los ciudadanos, nos sentimos con mucha inquietud y tristeza por lo que está sucediendo", confiesa Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y Coordinadora estatal de las Mareas Blancas.

    Desde hace ocho años, y hasta antes de la pandemia, el tercer domingo de cada mes, las Mareas Blancas tomaban las calles de distintos rincones del país para alertar a las autoridades y a la población en general del peligro que se corría con las medidas de recortes, desinversión y austeridad en el sector sanitario.

    "No se nos atendió porque, evidentemente, el modelo neoliberal está implantado de manera visceral en toda Europa desde la época de Margaret Thatcher, en España también fue así, y, desde luego, en Madrid, donde desde hace 25 años hemos sido gobernados por el Partido Popular, por unas personas que solo piensan en el poder, el dinero y el mercado, en lugar de pensar en las personas y en la democracia", opina Esbrí.

    Cuando el COVID-19 explotó en España, a principio de marzo, las autoridades sanitarias tuvieron que enfrentarse a la peor pandemia que haya vivido la humanidad en el último siglo con un el Sistema Nacional de Salud, en sus peores condiciones desde su creación en 1986. "Se encontraba en un estado de inanición. El dinero que se tenía que emplear en sanidad pública, que es dinero recogido de los impuestos de la gente, se lo entregaron a los privados en forma de concesiones y contrataciones de diverso índole. Así financiaron a empresas que hacen de la salud un negocio. Además, como esos recursos no llegaban a donde debían, se iban cerrando servicios, liquidando personal y dejando en mala forma las estructuras de hospitales. Entonces, para cuando llegó el COVID-19  ya estábamos en una situación alarmante", precisa Esbrí.

    Radiografía del desmantelamiento

    En España, hasta el momento, el coronavirus ha provocado la muerte de más de 22.000 personas. Madrid y Cataluña son los dos principales focos.

    La magnitud de esta tragedia humanitaria ha hecho que muchos se pregunten ¿qué pasó? ¿cómo se llegó a esta situación? Unos responsabilizan al Gobierno por no haber actuado a tiempo y haber cometido errores en la realización de pruebas diagnósticas y compra de material sanitario. Otros denuncian que es consecuencia de 10 años de desinversión en el sistema sanitario público.

    "Yo creo, que como siempre pasa en este tipo de situaciones, cada uno tiene un poco de razón. Se han cometido errores en la gestión del Gobierno, pero el problema fundamental está en que durante muchos años el sistema sanitario público en España fue objeto de una serie de recortes y privatizaciones que le debilitaron de una manera muy importante y eso hizo que cuando llegó la pandemia hubiera baja capacidad de respuesta y eso agravó mucho el problema", opina el médico español Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública nacida en 1981.

    En España, entre 1981 y 2001, las competencias sanitarias fueron transferidas a las Comunidades y Ciudades Autónomas del país. Estas autoridades regionales, a través de unos presupuestos aprobados por sus parlamentos, deciden cómo administrar sus recursos.

    "Es llamativo que las dos Comunidades Autónomas que tienen mayores problemas (con el coronavirus), que son Madrid y Cataluña, son las dos comunidades que dedican menos presupuesto por habitante en año a la sanidad pública y son las que más están privatizadas. Esto, evidentemente, tiene una relación sustancial", destaca Sánchez Bayle.

    Según apunta el doctor Sánchez Bayle, autor de los libros La Sanidad no se vende y Privatización sanitaria, el proceso de privatización ha sido distinto en cada Comunidad Autónoma.

    "El de Cataluña tiene muchísimo tiempo en marcha. Cataluña, cuando se aprueba la Ley General de Sanidad en 1986, ya era la Comunidad Autónoma más privatizada. En ese momento, si los recursos públicos eran en el conjunto del país de un 70% público y 30% privado, en Cataluña era totalmente lo contrario, era un 70% privado y 30% público. Luego, los diferentes gobiernos de Convergència i Unió, el PDeCAT, los gobiernos nacionalistas en general, siguieron esta deriva privatizadora. También hay que decir que Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma donde se empezaron los recortes con la crisis económica de 2008", precisa Sánchez Bayle.

    "Madrid es un caso diferente. Madrid ha tenido un sistema más público, pero a partir de las transferencias en el año 2001, los gobiernos del Partido Popular favorecieron una continuada privatización del sistema sanitario público. De manera, que son las dos Comunidades Autónomas más privatizadas de todo el país. Eso ha continuado, a pesar de que en Madrid hubo una respuesta social y profesional muy significativa que paralizó una parte de las iniciativas que quería llevar a cabo el Gobierno regional de ese momento de Ignacio González (PP), que como sabe usted, ahora está imputado por corrupción".

    ​En medio de la pandemia, han sido muchos los señalamientos que se le han hecho al Partido Popular, máximas autoridades de Madrid, por haber privatizado y recortado el financiamiento al sistema sanitario público en todo el país, pero de manera especial en la capital, territorio que acumula la mayor cifra de fallecidos por COVID-19 en hospitales y en residencias de ancianos que están bajo su responsabilidad.

    Desde el PP desmienten estas acusaciones. Aseguran que entre 2011 y 2018 incrementaron el gasto sanitario en 3.768 millones de euros y tildan esos señalamientos de "leyendas urbanas".

    "Yo creo que hay muchísimos datos que dicen lo contrario. Yo creo que, a lo mejor, el alcalde de Madrid no tiene suficiente conocimiento de la realidad para hacer juicios, o si los tiene, intenta engañar a la ciudadanía. Es evidente que en la Comunidad de Madrid se hicieron 11 hospitales de gestión privada o semiprivada, que se intentó privatizar 29 centros de salud, que eso se paralizó, se privatizaron las pruebas de laboratorio, la extracción de sangre, muchísimas privatizaciones que se pueden constatar detalladamente".

    "Con los recortes y privatizaciones en la Comunidad de Madrid, se hizo una disminución muy importante tanto del número de camas como del personal que atiende a los servicios sanitarios de gestión pública. Se deterioró mucho la atención primaria. Cuando se pone en marcha la pandemia, pues el mismo Gobierno que había cerrado 1.950 camas descubre que estas camas hospitalarias son necesarias y levanta un hospital de campaña en un centro de congresos, en el IFEMA, de una manera bastante precipitada, con muchos problemas y se contratan profesionales por un mes y medio, que es una cosa absurda porque cuando pase la pandemia, lo siguiente que va a pasar es que nos encontraremos muchísimas personas que tienen problemas de salud relevantes que no han sido atendidos durante este tiempo", señala Sánchez Bayle.

    A esta ya complicada situación, se suma la decisión de la Comunidad de Madrid de no renovar el contrato a miles de enfermeras que han trabajado durante la crisis del COVID-19.

    ​Sin embargo, todos los días, a las ocho de la noche, la gente se sigue asomando a sus balcones o ventanas para aplaudir la labor de los sanitarios en medio de la pandemia. Los del Partido Popular han propuesto hacerles una paga extra como retribución por su esfuerzo y otros han propuesto ofrecerles unas vacaciones pagadas.

    "Ni caridad ni acciones de gracia. Lo que requiere el personal sanitario son condiciones de trabajo dignas, estabilidad laboral, sueldos que correspondan según el trabajo que realizan, que haya suficiente personal para que ellos puedan descansar y reaccionar con la mayor agilidad posible en provecho de los ciudadanos. No queremos donaciones de ricos. Los ricos que paguen sus impuestos. Lo que queremos es justicia porque es muy injusto todo lo que está pasando", espeta Esbrí.   

    El doctor Sánchez Bayle coincide en que el reconocimiento a los sanitarios debe ser con acciones concretas.

    "Reforzar el sistema sanitario público adecuadamente, acabando con las privatizaciones, recuperando lo privatizado, mejorando sustancialmente la atención primaria, incrementar el número de camas hospitalarias porque no es casualidad que Italia, que tiene 3,2 camas por 1.000 habitantes y España, que tiene 3 camas por 1.000 habitantes estén tan golpeadas por el coronavirus, mientras que Alemania tiene 8, Corea del Sur 11,3 y Japón 12, no estén así. Eso también explica el diferente peso que está teniendo la pandemia en distintos países. Si se recorta en el sistema sanitario, cuando las cosas se ponen complicadas, la capacidad de respuesta es muy baja y los problemas muy grandes", zanja.

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    Etiquetas:
    sistema de salud, salud, privatización, recortes, España, pandemia de coronavirus
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