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    La pandemia se sigue cebando con los ancianos en las residencias de España, van más de 10.000 muertes. La falta de medios y de personal, se suplanta con el heroísmo de algunos trabajadores, lo que contrasta con el oscurantismo de las Administraciones. Los expertos analizan el mercado de las residencias, condicionado por los réditos económicos.

    "Después de mi experiencia —como parte del equipo de limpieza nocturno— no pienso volver a pisar una residencia. Es un sistema para el que solo somos números, no personas", cuenta una exlimpiadora del Centro para Mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

    "Yo salía de allí cada mañana llorando". Esta empleada que prefiere permanecer en el anonimato trabajó en el que hoy es uno de los focos negros del coronavirus: la residencia con más muertes de Andalucía.

    Oficialmente, este centro cuenta con 24 fallecidos y 79 contagiados, pero por fuentes internas de la residencia y por declaraciones de los familiares de los internos a este periodista, la cifra de fallecidos podría ser del doble.

    "Cuando entras allí te das cuentas de que no hay mantenimiento de las zonas comunes, la suciedad era increíble. Simplemente nos tendrían los tres meses de prueba para prescindir del servicio hasta que fuera inevitable otra limpieza y entonces, volverían a contratar otros tres meses a prueba. Esta práctica era habitual allí, me lo dijeron los propios compañeros de la residencia".

    "Si la higiene es un pilar básico en la lucha contra el COVID-19, teniendo en cuenta estos precedentes, ya puedes imaginar como de preparados estaban en la residencia para una pandemia así", lamenta Manuel Borrego, familiar de una residente.

    Sus denuncias permitieron destapar el caso a los medios de la residencia de San Juan de Aznalfarache.

    La historia de esta residencia es solo una de tantas. El vendaval de la pandemia ha desnudado las vergüenzas de cientos de ellas en toda España. Según cifras oficiales, más de 10.000 personas mayores han perdido la vida en estos centros. No obstante, sabemos por varios casos que esta cifra crecerá cuando se aireen los procedimientos internos. Por lo pronto, se adivinan la falta de medios y recursos técnicos o humanos, sobreocupación, medidas de protección insuficientes y mucha apelación a la entrega y vocación de los profesionales. Pero los mayores necesitan menos heroísmo y más garantías.

    Varias asociaciones se rebelan contra la opacidad y el silencio entorno a la gestión de las residencias.

    "Nos mueve la situación de abandono de las residencias en Madrid inicialmente, pero lo mismo estamos viendo estos días en Andalucía. Desde enero no han sido capaces de equipar a los trabajadores de medios para la seguridad indispensables, cuando son los más vulnerables" explica Paqui López, de COESPE (Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones). COESPE está creando un equipo de coordinación estatal que recaba información de las residencias en cada comunidad autónoma.  

    Vuelve el debate entre lo público y lo privado

    Un estudio respaldado por la estadística del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), cifraba el año pasado en 372.985 las plazas residenciales de España. De ellas, el 72,8% pertenecen a centros privados y 27,1% a públicos.

    Andalucía, es la comunidad autónoma con más plazas residenciales, hay 45 mil personas viviendo en ellas. "Los pensionistas exigimos que las residencias sean públicas" explica Paqui López desde Cádiz. "Ten en cuenta que para muchos mayores las pensiones son mínimas. Tenemos que evitar el sesgo económico que deja a muchos en el abandono y sin residencia".

    "Sobre el papel, la calidad debe ser la misma para todas las residencias, públicas, privadas o concertadas" explica Martín Durán, presidente de FOAM (Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores). Esta entidad agrupa a 450 asociaciones y mas de 350.000 socios.

    "Todas las residencias deben ser sometidas a las mismas inspecciones por parte de la Administración. Lo que pasa es que los controles dependen después de muchas otras cosas que no están en el papel, influyen factores económicos, si es una entidad religiosa o si es una ONG, eso condiciona mucho el trato que reciben a posteriori por cada gobierno".

    Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía aclara que "lo público no tiene porque ser mejor que lo privado, el problema es que la Administración ha fallado en su función de garantizar la calidad de la atención a las personas que viven en las residencias".

    El modelo de concesión o concierto con entidades privadas ha favorecido un sistema con controles relajados para las entidades privadas, sin una definición clara de cuidados esenciales y con ratios de personal por debajo de lo esencial.

    A este respecto, en el panorama nacional, llama la atención por ejemplo el caso de Madrid. A pesar de la acumulación de quejas y denuncias de familiares sobre la calidad del servicio, según El País, ninguna residencia vio revocada su licencia y solo hubo 19 penalizaciones en 4 años, y de aquellos lodos…

    Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el día 14 ascienden a 2.820 los ancianos fallecidos. Varias Fiscalías de toda España ya están recibiendo solicitudes de familiares para que investiguen los procedimientos internos durante esta crisis.

    FOAM gestiona 5 residencias en Andalucía, "hablo con conocimiento de causa. Creo que la gestión de la crisis es nefasta. Estamos viendo un hermetismo total para medios y familiares" opina Martín Durán, participe de aislar a los positivos sacándolos de las residencias.

    "Las residencias son espacios diseñados para que los mayores se relaciones y se comuniquen, el aislamiento es imposible."

    El mayor organismo nacional de los profesionales de residencias, CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a Personas Mayores), pone el foco además en las condiciones de trabajo. Aún a la espera de que Gobierno de Pedo Sánchez y las comunidades autónomas ofrezcan test y EPIs, CEAPs eleva a 3.879 los trabajadores contagiados.  De nuevo en Sevilla, esta idea la comparte otra de las trabajadoras anónimas de la residencia de San Juan de Aznalfarache, "trabajamos a ciegas, sino hay test. La mayor parte del trabajo que se hace es ridícula. Además, en las residencias normalmente no tenemos respiradores, por lo que se acaba tratando con morfina", confiesa impotente.

    Sin garantías ante un envejecimiento galopante

    Las cifras revelan el colapso de unas residencias —mayormente privadas e insuficientes— sin respuesta posible para esta pandemia. El IMSERSO cifra en 70.000 las plazas que hay que crear en España para cumplir con los estándares de la OMS del 5% de los mayores de 65 años. España es un país viejo y lo será más aún. Según el INE, hay un millón más de ancianos que en 2010 y en 2033 uno de cada cuatro españoles será mayor de 65 años.

    Estamos ante un nicho de mercado insatisfecho y creciente y los inversores lo saben: la silver economy tiene en las residencias uno de sus principales pilares de expansión, los mayores de 65 son el nuevo target.

    "Esta situación es gravísima y las autoridades tienen que poner el foco aquí, hablamos de fondos buitres. No puede ser que se busque el lucro descaradamente, les importa eso por encima del servicio que ofrecen. No pueden jugar así con la vida de la gente", concluye Pilar Rodríguez, quien además fue directora general del IMSERSO.

    Desde la Ley de Dependencia de 2006 la oferta residencial se ido concentrando en manos privadas. La inversión pública no está ni se le espera. Grupos como DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol copan más de un 25% del mercado en España. Éstas entidades están respaldadas por fondos de inversión, a menudo extranjeros, que saben que contarán con la concesión de servicios públicos por parte de las administraciones y con una mala práctica de laxos controles por parte de las administraciones.

    ¿Es lícito que este sector esté condicionado a generar beneficios y cómo influye en los servicios y atención a los ancianos? Es una cuestión compleja que COVID-19 ya se ha encargado de responder.

    Rodríguez, que desde la Fundación Pilares trabaja para promover nuevos conceptos de residencias más modernos e inclusivos, declara que "hay que ofrecer a los mayores un modelo de vida digno, donde las personas tengan capacidad de elección, practicar las actividades que le gusten, donde su vida tenga sentido a pesar de necesitar cuidados".

    Está claro que al menos, la pandemia plantea la necesidad de revisar el modelo de cara al futuro, un modelo que como decía la exlimpiadora de residencia, "nos trata solo como a números, no como a personas".

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