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Valdecañas, la urbanización de lujo en España que deberá ser derrumbada: "Es un crimen ecológico"

© Europa Press / HusaHotel de lujo construido en la isla de Valdecañas (Extremadura)
Hotel de lujo construido en la isla de Valdecañas (Extremadura) - Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2022
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El Tribunal Supremo sentencia que las casas en una isla surgida en un embalse de Extremadura no se construyeron de forma legal. Los terrenos están protegidos por su biodiversidad y el coste por indemnizaciones y derribo será millonario.
Unas 135 hectáreas. 185 villas. 76 amarres de barco. Un campo de golf con 18 hoyos y precios por encima del medio millón de euros. A la isla de Valdecañas se la conocía como "la Marbella extremeña", en referencia a la localidad de lujo situada al sur de España y famosa por sus huéspedes internacionales. Sin embargo, este enclave, a unos 200 kilómetros al este de Madrid, se construyó en un terreno protegido. Por eso, después de más de una década de pleitos, el Tribunal Supremo ha sentenciado que tendrá que ser derribado por completo.
Decisión que parece cerrar una batalla iniciada en 2007 y que proviene de más atrás. La isla de Valdecañas —ubicada en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, de Cáceres— afloró tras la creación de un embalse homónimo. Era otra de las obras megalómanas del franquismo en el medio rural y terminó germinando una superficie rodeada de agua. Nido de decenas de especies, en 2005 las autoridades lo consideraron Zona de Especial Protección de Aves y lo incluyeron en el mapa de Red Natura 2000 (sistema de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea).
Pero eso no impidió que, cuando se presentó un proyecto de urbanización, se autorizase. Iba a ser, en principio, una especie de balneario. Los promotores intentaron darle un toque sanitario, sostenible. Se aproximaba la crisis económica de 2008 cuando comenzaron la cimentación de chalets. Lo que se publicitaba como un retiro de paz terminó siendo un resort con 565 chalets aptos para los más ricos con playas artificiales, piscinas, iglesia, bares y posibilidad de salir a navegar o hacer otros deportes náuticos.
No tardó mucho en hacer aguas: la promotora quebró, las compras no eran las esperadas y tanto los habitantes como el Gobierno regional seguían soñando con ese maná de turismo y riqueza. Poco a poco, con residentes de renombre como José María Aznar Junior, hijo del expresidente, familiares del psiquiatra Juan José López-Ibor o el cantante venezolano Carlos Baute, aparte de apellidos asociados a grandes compañías o entidades bancarias.
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Valdecañas, llamada oficialmente Marina Isla de Valdecañas, sobrevivía al embate del crash financiero y sorteaba los de diferentes escollos legales para continuar siendo ese remanso exclusivo a un par de horas de Madrid. Desde el anuncio de su construcción, Ecologistas en Acción y otros grupos vecinales lo denunciaron. Y desencadenaron un vaivén jurídico: en 2007 hacen en firme su acusación y lo llevan a la Unión Europea. Mientras, en 2010, se reanudan las obras. En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura paraliza la urbanización. Llega otro carpetazo en 2014: el Tribunal Supremo ratifica que el proyecto es nulo.
A la vez, la Junta de Extremadura, gobernada por el PSOE, modifica la Ley del Suelo para otorgarle validez. En 2020, un giro golpea a la lucha ecologista: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que había declarado ilegal el complejo, ve "materialmente imposible" el derribo por el "elevado perjuicio económico". El Gobierno autonómico tendría que hacer frente "al menos" a 145 millones de euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Además, los magistrados arguyen que la urbanización no daña el medio ambiente. Algo que, según informes solicitados, lo desmentía: en 2007, antes de iniciarse la construcción, la vegetación nativa, propia del paisaje mediterráneo, se había regenerado: las fotos aéreas de entonces muestran un tapiz verde que ahora, con el esquilme de la flora o la contaminación lumínica y los ruidos, se ha extinguido.
Hubo otro intento por parte de los demandantes, que incluso se negaron a aceptar una indemnización. Y unos meses después, ha llegado lo que parece el fin del recorrido con este párrafo:
"La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación 7128/2020 interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en ejecución de las sentencias que declararon nulo el Decreto 55/2007 de la Junta extremeña por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A. Dicho auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución".
La reacción ha tomado distintas vertientes. El Gobierno, liderado por Guillermo Fernández Vara, del PSOE, ha anunciado que recurrirá para "seguir salvando el proyecto de Valdecañas". El mandatario ha puesto en sospecha los límites de la Red Natura 2000, alegando que va a ir a Europa para que se reduzca e impedir que el "exceso de protección ambiental" acabe con inversiones favorables a las áreas despobladas. Esta noticia del Supremo, ha insistido, es solo "un traspié que hace años habría sido algo irreversible pero la Extremadura de hoy no tiene nada que ver".
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A las asociaciones vecinales tampoco les ha gustado. Luis Díaz-Ambrona, abogado de dos de esas agrupaciones, ha resaltado que "no ha sido un jarro de agua fría, ha sido un baño de aceite hirviendo". Según ha definido, con la resolución se vivió "un día triste para Extremadura y para todos los extremeños" que desean "que esta tierra salga algún día de la pobreza". Es "un zambombazo muy negativo para cualquier inversor que quiera poner su dinero en esta tierra", concluía. El coste del derribo conllevará millones de euros, y además se ha valorado en 145 más por indemnizaciones. Y debería correr a cuenta de la Junta, lo que ha provocado la queja de grupos en la oposición como Podemos, que lamenta cómo serán los ciudadanos quienes paguen la factura.
En Ecologistas en Acción los sentimientos son diferentes. Paca Blanco, una de las caras más visibles, ha declarado en varios medios que está "muy emocionada". "Han sido casi 14 años de lucha, de pagar unas consecuencias tremendas", relataba después de tener que abandonar su pueblo por la presión. Su compañero de asociación Ángel García Calle también celebra el texto. "Esperemos que sirva para detener otros proyectos similares. Es un crimen ecológico", esgrime a Sputnik.
García Calle repasa estos lances y los baches que les han puesto "con nocturnidad y alevosía" hasta que ha llegado la sentencia. "Hemos tenido muchos obstáculos. Desde la Junta, desde los que están detrás de la construcción y desde los vecinos, que sabían que compraban algo ilegal", indica, "pero puede ser el final: el recurso de amparo es imposible porque no se vulnera ningún derecho elemental". Además, el ecologista niega que vaya a tener un efecto negativo:
"En todo el complejo solo trabajaban tres personas. Y los que residen traían su séquito. Aquí se hablaba de que gastaban en los pueblos, pero eso nos demuestra la mentalidad servil de nuestra región, que todavía sigue esperando que el rico o el señor de la ciudad venga a comprar el pan", reflexiona.
Desde el hotel Vincci Valdecañas Golf aseguran que, de momento, les han comunicado que sigan igual y no se ha decidido nada sobre los contratos. "Ha sido un palo y hay mucha incertidumbre, mucha intranquilidad, aunque no podemos decir nada más", expresa una de las empleadas a Sputnik. José Ignacio, un encargado de la escuela de vela emplazada en el complejo, coincide: "Estamos en shock, pero no somos los más adecuados para hablar". Los cálculos de algunos dueños de locales en la zona son de unos 150 trabajos directos e indirectos.
A Ángel García le alegra la decisión por el futuro de lo que se apodaba "la Marbella extremeña" y ve en la decisión del Alto Tribunal un atisbo de esperanza para este enclave natural y para otros. Como el mayor templo budista de Occidente o el que sobrevuela la comarca llamada La Siberia, Elysium City. En este caso, se lo compara con Las Vegas por sus dimensiones, aunque se publicita como "ciudad sostenible" de 40.000 habitantes. "Esperamos que la Junta haya aprendido de los errores con esta lección histórica del caso Valdecañas y que sirva para dejar de jugar con Extremadura”, ha zanjado.
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