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Socialistas y Unidas Podemos viven su gran choque en el Gobierno de coalición español

CC0 / Unsplash / La bandera de España
La bandera de España  - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2021
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El Gobierno español de coalición, integrado por el PSOE y por la coalición Unidas Podemos, se enfrenta a uno de los momentos más delicados. La pandemia ha dejado paso a la necesidad de afrontar sus promesas electorales, y ahora emergen sus diferencias en política laboral al tener que derogar la legislación de la derecha.
En el ecuador de la legislatura, y con dos años todavía por delante hasta las elecciones generales, el Gobierno español de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se enfrenta a su mayor crisis interna por dos cuestiones: la derogación de la reforma laboral vigente aprobada por el Partido Popular y la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras una sentencia judicial.
La derogación de la reforma laboral es una de las reivindicaciones básicas de los sectores sindicales y movimientos de izquierda españoles.

La reforma laboral de la derecha

La anterior reforma laboral la decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 sin diálogo social y sin importantes acuerdos parlamentarios, recurriendo a su mayoría de diputados. Entre otras medidas, esa reforma reducía el peso de los sindicatos en la negociación colectiva y rebajaba el coste del despido. Todo ello motivó una huelga general tras su aprobación.
La reforma supuso un aumento de la pobreza de los trabajadores, cuya tasa pasó del 11,6% en 2012 al 14,2% en 2014, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El motivo pudo ser, según un informe del Banco Mundial, "una consecuencia del aumento de la proporción de empleo a tiempo parcial involuntario y la reducción de las horas de trabajo".
La reforma laboral es responsable, en parte, de que los trabajadores españoles hayan perdido un 20% de poder adquisitivo desde la crisis de 2008, según los datos de un estudio de Ceinsa, un centro de investigación salarial.
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Lo que dice el Acuerdo de Gobierno

Todo ello ha supuesto que tanto Unidas Podemos como el PSOE hicieran bandera de esta derogación en sus programas políticos e incluso en el acuerdo de gobierno COALICIÓN PROGRESISTA . Un nuevo acuerdo para España, firmado por ambos partidos el 30 de diciembre de 2019 y en el que reflejaban los compromisos mutuos adquiridos.
© FotoCaptura de pantalla del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos
Captura de pantalla del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2021
Captura de pantalla del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos
Como tantas otras cuestiones, la pandemia de COVID retrasó esta derogación, pero la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, se ha propuesto aprobarla antes de final de año.
Pero en el sector mayoritario del Gobierno, el PSOE, no lo tienen tan claro. Para empezar, porque en su seno se encuentra el sector más neoliberal, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
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Alta funcionaria de la Unión Europea, hace un año, como ministra de Economía, aprobó una fusión bancaria que terminó con Bankia, el único banco con capital público que había en España tras la crisis del 2008 y los rescates bancarios. Calviño nunca fue entusiasta de la derogación de la reforma laboral y era evidente que tarde o temprano se produciría el choque de trenes entre ella y Díaz.

Desplazar a Yolanda Díaz

El detonante tuvo lugar el 22 de octubre, cuando Calviño pidió coordinar con ella la derogación de la reforma laboral. El presidente Pedro Sánchez la respaldó y argumentó que se trata de una negociación que afecta "al menos a cuatro ministerios".
Esto descoloca e indigna a Unidas Podemos y especialmente a Yolanda Díaz que lleva meses negociando con empresarios y sindicatos la modificación de la ley, y no se les escapa que la intención es condicionar los términos de la derogación.
Además, ese anuncio llegaba en un mal momento. Pedro Sánchez acababa de anunciar la reforma en el recién celebrado congreso del PSOE y a Díaz le pillaba en el contexto social más cómodo, el congreso del sindicato Comisiones Obreras, donde ella intervendría en la clausura.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anuncia la petición de una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP.
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Por su parte, Yolanda Díaz afirma en una entrevista en televisión y en un acto público que "hay una parte del Gobierno que no quiere cumplir con lo que ya habíamos convenido", además acusa algunos miembros del Consejo de Ministros sin citar nombres de "no querer derogar" la norma aprobada por el Partido Popular.

La inhabilitación del diputado de Podemos

El segundo elemento de confrontación ha sido la decisión de la presidenta del Parlamento, Mertixell Batet, del PSOE, de inhabilitar al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras la sentencia judicial que le consideró culpable de "atentado a agentes de la autoridad".
Si ya la sentencia resultó polémica, la inhabilitación lo ha sido todavía más. Rodríguez fue condenado a un mes y medio de prisión sustituida por una multa de 540 euros y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo (no puede ser elegido, pero sí puede votar) en relación con unos hechos ocurridos en 2014, cuando no era diputado. Seis años después, en noviembre de 2019, se le imputa y se le juzga por pegar una patada en la rodilla a uno de los policías del dispositivo de seguridad de la manifestación, justo unos meses después de las elecciones generales. No había más prueba que el testimonio del agente agredido, pero es lo que ha llevado primero a juicio y posteriormente a una condena.

Embrollo judicial

¿Cómo se interpreta y aplica la inhabilitación para presentarse a unas elecciones si ya te eligieron como diputado porque te pudiste presentar hace dos años? Ni la sentencia ni el fiscal plantearon la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, pero la legislación establece que, cuando hay pena de prisión, el condenado no puede ejercer el cargo. El dilema es que, en el caso de Alberto Rodríguez, la pena de prisión podía ser sustituida por multa, y así ha sido.
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El Supremo entiende que cabe la inelegibilidad sobrevenida, es decir, que debe abandonar su cargo, pero otros expertos consideran que, al no haber cárcel por haberse sustituido por una sanción económica, no se precisa el cese como diputado.
Aquí lo expresa el abogado y profesor de Derecho José María de Pablo:
El dilema se traslada a la Mesa del Congreso, un órgano en el que están los principales partidos que tiene la función rectora, es el órgano rector de la organización del trabajo y el régimen y Gobierno en el interior de la Cámara, es decir, tomar una decisión respecto a la inhabilitación de Rodríguez. En contra de los criterios de PP y Vox, y con el informe aprobatorio de los letrados del Congreso, se decide no cesar al diputado.
El presidente del tribunal envió un escrito a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, preguntando cuándo había dado comienzo la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, lo que se interpreta como una presión inadmisible del poder judicial al poder legislativo.
Así lo vio el juez y portavoz de la Asociación Jueces y juezas por la Democracia, Joaquim Bosch, quien considera que el diputado no debía ser inhabilitado:

La decisión de la presidenta del Parlamento

La presidenta del Congreso termina retirando el acta de diputado a Rodríguez. Su partido le apoya, Unidas Podemos cree que ha actuado ilegalmente y así se desencadena el segundo choque entre PSOE y Unidas Podemos.
Los abogados del diputado han anunciado un recurso al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Las reacciones en la coalición Unidas Podemos no han sido iguales, mientras Podemos anunció una querella contra la presidenta del Parlamento, que luego no ha confirmado, Izquierda Unida y Comuns no llegaron a apoyar esa iniciativa.
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Y por si todo esto no era suficiente para enfrentar a los dos partidos del Gobierno, el 26 de octubre se supo que otra ley del PP que se habían comprometido a derogar, la denominada ley mordaza, no comenzará a tramitarse todavía por diferencias entre los dos socios.

Conclusiones

Y llegamos al momento de las conclusiones a sacar de este panorama:
Es evidente que aunque, afortunadamente, haya un documento de consenso sobre el que se sostienen los compromisos programáticos comunes para gobernar, las posiciones políticas de Unidas Podemos y del PSOE no son idénticas. Como sucede en tantos documentos fruto de negociaciones, se dejan puntos con una ambigüedad que facilitan la firma en su momento, pero en los que, más tarde, emergen los conflictos. Ambos partidos firmaron la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, pero no dejaron explicitado si alguna otra legislación la sustituiría y cómo sería.
En el caso de la derogación de la reforma laboral, es evidente que Unidas Podemos y PSOE tienen modelos diferentes de legislación laboral y que, cada uno de ellos, ha puesto como representante para ello a la persona que más claro lo tiene: una abogada sindicalista que viene del PCE (Yolanda Díaz) y una funcionaria europea defensora de la ortodoxia neoliberal (Nadia Calviño). No olvidemos tampoco que las pasiones laborales del PSOE siempre cambian mucho de estar en la oposición a estar en el Gobierno. Los sindicatos ya conocen la experiencia de las reformas laborales de los Gobiernos socialistas que han llegado a combatir con huelgas generales.
Los Gobiernos de coalición como este tienen un problema añadido al de ponerse de acuerdo en las políticas a aplicar. Se trata de la necesidad de mostrar ante la opinión pública que los éxitos del Gobierno son mérito suyo y los fracasos responsabilidad del otro. La popularidad de Yolanda Díaz aumenta sin parar y en el PSOE se encendieron las alarmas, no se podía permitir que patrimonializara entre trabajadores y sindicatos el éxito de la derogación de la reforma laboral, encima negociada con los empresarios. Ya se había apuntado el éxito de la subida del salario mínimo y los ciudadanos se estaban dando cuenta de que era, con diferencia, la ministra más preocupada por las condiciones materiales de la gente.
La candidatura ya está en su segunda mitad, los partidos saben que cada cosa que vaya sucediendo a partir de ahora se quedará grabada en la memoria del ciudadano y aflorará el día de las próximas elecciones. Por otro lado, el paréntesis de la pandemia se cierra y los votantes empiezan a impacientarse si se siguen demorando los cumplimientos de promesas electorales como las de la derogación de la reforma laboral o la ley mordaza. Asuntos ambos que estaban en el acuerdo de Gobierno y que, por tanto, su incumplimiento, afectará negativamente a ambos.
El modo en que cada partido del Gobierno encaje la sentencia de Alberto Rodríguez obedece al ADN de cada uno, Unidos Podemos debía mantener la imagen de rebeldía e insurgencia con la que nació, y que estaba perdiendo con la imagen de sus altos cargos circulando por la moqueta de los ministerios; y el PSOE debía seguir fiel a su modelo de partido histórico, experiencia de Gobierno y de ley y orden. Por ello los segundos debían actuar con mano dura en el cese insinuado por los jueces, intentando que no les salpique la imagen antisistema de los otros; y los de Unidas Podemos deben escenificar su indignación contra la judicatura y presentarse como perseguidos por díscolos.
Todavía hay otro elemento que incide en la confrontación. Se trata de todos los sectores interesados en sembrar la cizaña entre ellos, desde los partidos y líderes de la derecha a los medios de comunicación, tertulianos y analistas, que no dejarán de sobredimensionar las diferencias, los conflictos y las declaraciones que les enfrenten.
No sabemos en qué términos se reformará o derogará la reforma laboral o la ley mordaza, lo que parece seguro, y será lo más estratégico, es que, al igual que han hecho con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la ley de vivienda, ambos lo presentarán como un éxito propio, aunque ni el IMV esté llegando a los necesitados ni la ley de vivienda vaya a regular ningún precio de alquiler porque es competencia de las autonomías.
Lo triste es que, ante la amenaza de una llegada de la derecha al Gobierno, esto es lo menos malo que puede suceder.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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