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La reforma laboral pone a prueba al Gobierno de coalición en España

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Abrir banco de fotosBandera de España
Bandera de España - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2021
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MADRID (Sputnik) — El Gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez en España pasa por uno de sus momentos más difíciles. Tras un fin de semana con choques en varios frentes, los dos socios del Ejecutivo –el PSOE y Unidas Podemos (UP)— reunirán el 25 de octubre una mesa de crisis para evaluar el estado de salud de la coalición.
La reunión fue convocada por Unidas Podemos tras denunciar una injerencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en los trabajos liderados desde hace meses por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP) para reformar la legislación laboral.
El acuerdo alcanzado por los dos partidos en 2019 para formar Gobierno incluyó el compromiso de derogar la reforma laboral aprobada en 2012 por el conservador Mariano Rajoy, que con el aval de Bruselas flexibilizó el mercado de trabajo con medidas como el abaratamiento de los despidos.

Sin unanimidad

Durante años, tanto los sindicatos como los partidos de izquierdas criticaron continuamente esa reforma, a la que señalan como uno de los principales motivos de la precariedad y temporalidad que caracterizan el mercado de trabajo en España.
Sin embargo el temor de Unidas Podemos es que la participación en las negociaciones de Calviño —una antigua burócrata de la UE, alineada con la ortodoxia económica de Bruselas— suponga mantener lo que consideran los aspectos más lesivos de aquella reforma.
"No derogar la reforma laboral es seguir manteniendo en la precariedad a nuestro país, que tengamos mujeres que limpian las habitaciones por tres euros cada una o a jóvenes que no conocen el trabajo decente", dijo el 25 de octubre Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo no ocultó la existencia de un choque interno en el Ejecutivo. "Hay una parte del Gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos", añadió, subrayando que la alianza con el PSOE pasa por "momentos delicados".
Por su parte, Nadia Calviño ofreció una interpretación diferente, asegurando que en el Gobierno existe unanimidad acerca de la reforma laboral. Sin embargo, sus palabras permiten vislumbrar el conflicto de fondo, rebajando las expectativas de sus socios sobre la posibilidad de emprender cambios profundos.
En esa línea, llamó a buscar "un acuerdo equilibrado que acabe con la precariedad", pero destacando también que se debe "garantizar la competitividad" y compaginarla con "la creación de empleo".
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La sombra de Bruselas

Resulta significativo que Calviño pronunciara estas palabras en una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien también defendió la necesidad de que la reforma laboral respete "el equilibrio entre seguridad y dinamismo".
Estas palabras fueron precedidas por una advertencia todavía más clara, en una entrevista concedida el 24 de octubre al diario El País, donde Gentiloni afirmó que la reforma laboral debe "cumplir el marco de lo pactado en Bruselas" para mantener la concesión de los fondos Netx Generation EU, vitale para la recuperación económica de España tras la pandemia.
En un intento por tranquilizar a Bruselas, el propio Pedro Sánchez afirmó el 25 de octubre que la reforma laboral "se hará en España como se hace en Europa: con diálogo social y vocación de consenso".
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Batalla en el congreso

Además de la polémica por la reforma laboral, la reunión de la mesa de crisis entre los partidos del Gobierno tiene como telón de fondo el enfrentamiento generado a causa de la inhabilitación de Alberto Rodríguez, diputado de UP al que el Tribunal Supremo condenó recientemente por agredir a un policía en 2014, un proceso que desde la formación morada denuncian como un caso de 'lawfare' en su contra.
El 22 de octubre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE), decidió retirar el acta al diputado después de que el Tribunal Supremo le pidiera en varias ocasiones ejecutar su sentencia, que priva temporalmente a Rodríguez del derecho al sufragio pasivo.
Aunque la sentencia no dice de forma explícita que ello la pérdida de su escaño, Batet optó por quitárselo en contra de lo que le recomendaban los servicios jurídicos de la Cámara, creando otro punto de fricción con UP, que ahora pide su dimisión por "actuar en contra de la ley".
Tras varios días de pulso entre el Poder Judicial (encarnado por el Tribunal Supremo) y el Legislativo (Congreso de los Diputados) sobre cómo se debía ejecutar la sentencia, la decisión de Batet acabó provocando que incluso desde el Ejecutivo (en este caso los ministros de Unidas Podemos) se criticara la actuación de los otros dos poderes.
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Por ejemplo, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (secretaria general de Podemos) afirmó el 22 de octubre que Rodríguez fue condenado sin pruebas con el objetivo de "quitarle el escaño", algo que finalmente sucedió después de que el Supremo "presionara" al Congreso para ello, lo que a su modo de ver es un claro caso de prevaricación.
Estas acusaciones fueron contestadas desde el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado de urgencia que tachó de "inaceptables" las palabras de la ministra por "situar las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".
En este contexto de tensión entre partidos, poderes e instituciones, la mesa de crisis convocada para esta tarde se antoja crucial para reconducir no solo las negociaciones sobre la reforma laboral, sino para comprobar si la relación de los socios de Gobierno goza de salud suficiente como para llegar al final de la legislatura.
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