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"Intentan asfixiar y hundir en un baño de sangre la movilización en Colombia"

© AFP 2021 / Daniel MuñozUn manifestante sostiene una pancarta que dice 'nos están matando' frente al estadio Romelio Martínez en Barranquilla. 13 de mayo de 2021
Un manifestante sostiene una pancarta que dice 'nos están matando' frente al estadio Romelio Martínez en Barranquilla. 13 de mayo de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2021
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Nuevas manifestaciones vuelven a inundar a Colombia tras más de 20 días de protestas. Mientras, aumentan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. La organización Temblores registra 43 personas asesinadas presuntamente por la fuerza pública desde que se iniciaron las manifestaciones.
¿Hacia dónde camina Colombia?, ¿se realizarán las elecciones presidenciales de 2022?, ¿qué habría detrás de las recientes acusaciones contra Venezuela?. Sobre este y otros temas, Sputnik conversa con el senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda.
—Quisiera iniciar esta entrevista con una noticia que ha generado mucho impacto dentro y fuera de Colombia: el asesinato de Jesús Santrich por un presunto comando armado colombiano. ¿Qué significa esta noticia para Colombia y para los que llevan años pidiendo que se cumplan los acuerdos de paz de 2016?
—Jesús Santrich jugó un papel innegable en la construcción del Acuerdo de Paz, en su elaboración y en haber logrado su firma en el año 2016 luego de largas y complejas negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una vez firmado el acuerdo pasó a la vida legal, estuvo incluido entre quienes el partido FARC de aquel momento designó para ser congresistas y paralelamente vino un proceso en el que se produjo una solicitud de extradición.
Con otros congresistas adelantamos un debate en el Senado mostrando que existían serias evidencias y pruebas de que el fiscal de ese entonces, Néstor Humberto Martínez, con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, habían procedido utilizando lo que se llama métodos de entrampamiento para provocar esa extradición. Y en medio de ese proceso, como se sabe, Santrich tomó la decisión de dejar el proceso de paz y de ir a acompañar a Iván Márquez con los grupos disidentes.
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Ha muerto, al parecer todo indica que esa noticia es verídica, y su salida del proceso de paz pues logró parcialmente un objetivo que se perseguía, que era hacerle un daño muy significativo a ese proceso, que no pudo destruirlo, es cierto, pero que causó una situación muy difícil en materia de su implementación.
Ahora, repito, hay una noticia que indica que ha muerto, y pues obviamente, la lección es que en el caso de Santrich se demuestra que el camino de la guerra y de las armas lleva incluso a perder la vida y a sacrificar la posibilidad que había, porque él mismo comenzaba a recorrer esa construcción del proceso de paz.
—Una de las inquietudes que ha generado esta noticia fue la forma cómo se presentó desde Colombia. Primero salió en una revista de dudosa credibilidad que resaltaba que el asesinato se produjo en Venezuela. Después el ministro de Defensa lo informa por Twitter y, sin tener ninguna prueba, dijo que, si se comprueba la información, "en Venezuela se refugian narcocriminales", una acusación muy grave que podría servir de pretexto para una agresión armada contra Venezuela. Para usted, ¿qué habría detrás de esta acusación?, ¿qué se buscaría?
—Aquí el asunto es que es necesario un pleno esclarecimiento de las circunstancias, que obviamente tienen una repercusión de carácter político.
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En Venezuela se ha comenzado a plantear la posibilidad de un diálogo entre sectores de la oposición o de la oposición misma con el Gobierno para buscar un camino dialogado para resolver una situación de crisis política, social. Pues obviamente este hecho creo que hay que contextualizarlo en esta situación. Y obviamente esperar resultados de investigaciones y de informaciones oficiales para poder tener claro qué objetivos pueden haberse perseguido en esta situación relacionada con Santrich y, al mismo tiempo, quiénes están detrás de esa noticia y de ese enfrentamiento en el que él habría fallecido.
—Esta acusación contra Venezuela se da en un contexto en el que fuerzas políticas colombianas han denunciado que el presidente Duque y Uribe quieren violencia porque mientras más caos, mejor para ellos porque obtienen votos fomentando el miedo, y cuando se ha denunciado que se estaría gestando un posible golpe de Estado. ¿A quién le conviene toda esta situación?
—Aquí en Colombia estamos, como se sabe, desde hace más de veinte días en una movilización nacional que en vez de haber sido liquidada, pues ha venido cobrando cada vez más fuerza. Y es evidente que el curso del Gobierno y de la fuerza política que está en el centro de ese Gobierno, que es el uribismo, pues no es para producir cambios sociales que están motivando la necesidad de esos cambios, sino por el contrario, con métodos cada vez más autoritarios y criminales.
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Intentar asfixiar y hundir en un baño de sangre la movilización en Colombia, así que es evidente que hay un curso de desestabilización de endurecimiento del uribismo que va más allá, incluso, de la propia movilización y que busca, en últimas, intentar resolver la pérdida de legitimidad absoluta y de credibilidad en la opinión pública nacional e internacional. Y eso lo lograría lesionando la posibilidad de que en el año 2022 se produzcan elecciones, porque saben que en esas elecciones existe una alta probabilidad de que sea derrotado ese proyecto político por su catastrófica gestión en cerca de dos décadas de los problemas nacionales, así que, obviamente todas estas circunstancias se deben interpretar en ese contexto que hay hoy en Colombia, que es un contexto que enfrenta la movilización social, ciudadana, las fuerzas de un cambio democrático en Colombia y las fuerzas autoritaristas para continuar a ultranza las políticas neoliberales.
—¿Hay riesgo de que no se realicen las elecciones presidenciales de mayo de 2022?
—Yo diría que hay intención, hay una fuerte intención de que así ocurra. Y no me refiero a una especulación ni a una suposición.
El Gobierno de Uribe y de Duque intentó hace ya unos meses, con el pretexto de la pandemia, buscar un aplazamiento de las elecciones alegando que convendría unificar los períodos de elección popular de autoridades locales y del presidente de la República y el Congreso. Eso significaría en la práctica, y había un proyecto de ley en ese sentido, de aplazar por lo menos un año o un año y medio las elecciones que deben tener lugar a partir de marzo del año entrante. Así que no es nueva esa idea. No es un asunto que nos surja como una preocupación en medio de la movilización. No, ya ha habido un intento para que esa estrategia se abra paso.
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Creo que ahora con más razón, en un momento en el que la población se ha revelado de una manera tan clara por medios pacíficos contra el uribismo, pues obviamente esa intención, si bien de manera soterrada, se debe estar pues movilizando por parte del Gobierno y del uribismo.
—Usted elevó ante la Corte Penal Internacional las denuncias por violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué elevarlo ante la Corte Penal?, ¿ya se agotaron los caminos en la justicia colombiana o no confían en ella?
—Hay que especificar las razones y el contenido. Hemos elevado una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por un conjunto de hechos que es todavía provisional y parcial. Esos hechos son los ocurridos entre el 28 de abril pasado y el 10 de mayo, solamente abarca la mitad de los días que transcurrieron en las movilizaciones, y allí hay 1.595 hechos reseñados, incluso hay nombres propios de cerca de 300 víctimas de violencia oficial. Incluye hechos como asesinatos, personas que han sido heridas con el uso de armas que se consideran no letales, pero que han recibido impactos en los ojos, en el cuerpo, de proyectiles, de cilindros de gas lacrimógenos lanzados por el Escuadrón Antidisturbios y muchos otros hechos, violencia sexual, desaparición forzada.
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Ahora bien, esos hechos nosotros consideramos que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y lo decimos porque hemos detectado 22 patrones de comportamiento y de conducta de las fuerzas policiales que no dan lugar a que son hechos aislados. Hemos visto que los mismos comportamientos en distintos momentos y lugares del país, no solo por parte de individuos, sino de unidades de la Policía. Es decir, aquí hay órdenes que son cumplidas. Pero ¿quiénes son los responsables de esas órdenes? Pues, obviamente, el jefe de la fuerza pública y del Estado, que es el presidente de la República, el ministro de la Defensa y los comandantes de la Policía y del Ejército, así como también el exsenador Álvaro Uribe, que como se sabe, ha incitado esa violencia a través de distintos medios y particularmente de su cuenta de Twitter.
Ahora bien, no existe en Colombia ninguna posibilidad de que el presidente de la República sea juzgado porque existe un organismo que es una célula del Congreso, una comisión del Congreso, que se llama la comisión de Investigación y acusación, que en su historia solo en una oportunidad, a mediados del siglo pasado, produjo una solicitud de investigación contra un presidente, es decir, en Colombia existe una larga tradición de impunidad hacia hechos que puedan cometer mandatarios.
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Pero también podríamos decir que la fiscalía general está en manos de un amigo muy cercano del Gobierno, que es el fiscal Barbosa, que no da ningún tipo de garantía de imparcialidad. Hay también antecedentes de hechos que ocurrieron en años anteriores de brutalidad policial que están en total impunidad, así que por todos esos hechos, consideramos que la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional es plenamente válida ante este informe que presentamos, y obviamente, lo ponemos a consideración de la fiscal de la Corte.
—¿Hacia dónde está caminando Colombia?
—Colombia está en medio de una confrontación social en la que por primera vez en su historia republicana se advierte la posibilidad de un cambio, un cambio profundo. Todo va a depender de las fuerzas o del nivel de cohesión de las fuerzas que buscamos ese cambio.
Creo que ese es un proceso que ha comenzado y que, difícilmente, podrán detener. No sé si tenga el resultado que se espera en el año 2022 o un poco más adelante, pero el hecho es que lo más importante que ha ocurrido en estos 20 días en Colombia es que se ha comenzado a poner en evidencia que hay un cambio político y cultural de los ciudadanos que han dicho basta ya, basta ya de uribismo, de autoritarismo, de guerra, de violencia. Queremos un cambio.
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