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Indepaz alerta: "La gravedad es que se retome una escalada de paramilitarismo en Colombia"

© AFP 2021 / Luis RobayoUn manifestante durante una protesta en contra el gobierno colombiano. Cali, 10 de mayo de 2021.
Un manifestante durante una protesta en contra el gobierno colombiano. Cali, 10 de mayo de 2021. - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2021
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El diálogo entre el Gobierno colombiano y el Comité de Paro terminó sin acuerdo. Se ha convocado una nueva gran movilización para el 12 de mayo y continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Según las cifras que manejan organizaciones defensoras de derechos humanos, como Temblores e Indepaz, 47 personas han sido asesinadas durante las jornadas de protestas que se iniciaron el 28 de abril. De esa cifra, 39 habrían sido asesinadas por la fuerza pública.
Además, reportan la desaparición de más de 500 personas y crece el temor por la participación de grupos paramilitares que estarían atacando a manifestantes desarmados y a líderes indígenas, como se vivió el domingo 9 de mayo en Cali, ciudad que se ha convertido en el epicentro de la protesta.
Sobre esta situación Sputnik conversa con Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
—Cali se ha convertido en el epicentro de las protestas en Colombia. El presidente Iván Duque ordenó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en esa ciudad y se denuncian enfrentamientos entre los residentes de barrios exclusivos de esa ciudad y líderes indígenas. ¿Qué está pasando?
En realidad, en Cali se ha presentado la explosión social más grande vinculada a condiciones extremas de pobreza, discriminación, pero también a una fuerte represión desatada por la fuerza pública, combinada con la militarización y con el uso de civiles armados que atacan a la gente que está en manifestaciones.
El 9 de mayo se presentó un ataque coordinado de un grupo de civiles, protegidos por la fuerza pública, con armas en contra de la minga indígena. Son grupos protegidos, organizados que están actuando como fuerzas paramilitares, desafortunadamente alentados por políticas del Gobierno.
La situación es de completa ingobernabilidad en el país, pero en Cali más que en otras partes. Han declarado estado de sitio, el cierre de todas las entradas a Cali y al departamento del Valle del Cauca, completamente cerrado todo, y prohibido todo tipo de reunión, manifestación. Tienen cercada a la guardia indígena que llegó a Cali desde el norte del Cauca, que queda a 20 minutos, para reunirse con el presidente y para apoyar la protesta. Eso es lo que está pasando. Es una política del Gobierno y de los sectores del partido de Gobierno llamando a las fuerzas armadas, a policías y a civiles, a disparar contra los manifestantes.
—Ustedes desde Indepaz aseguran que estos civiles armados están atacando a los líderes indígenas, ya nueve de ellos han sido heridos. ¿Quiénes serían estos civiles armados?, ¿de qué tendencia política serían?, ¿para quiénes servirían?
—Es gente de ultraderecha. Se han presentado dos situaciones: una, en un barrio residencial de gente de altos ingresos de Cali que se ha organizado para salir a reprimir de manera armada una manifestación y a un bloqueo de calles hecho por gente que protestaba protegido por la guardia indígena.
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La guardia indígena ha hecho un servicio de orden, de controlar para que no se presenten actos vandálicos, ha sido muy llamada por la población porque ya ha cumplido su función en otras ocasiones. Es una guardia cívica, sin armas, completamente pacifista, y entonces, ese grupo los atacó. Es una situación particular.
Otra situación es la de civiles armados o de policías sin uniforme, incluso, que han sido identificados, que llegan en vehículos sin placas a donde está la gente concentrada y entran disparando de la forma más indiscriminada, que ha producido heridos y esos son casos de fuerzas parapoliciales.
Y otras situaciones se están presentando en las afueras de la ciudad, en la parte más rural, donde en algunos negocios están formando grupos armados para reprimir y advertir a través de disparos a quienes se acerquen a sus propiedades. Es una situación supremamente explosiva que se está dando, sobre todo en esta región del Valle del Cauca, de Cali y sus alrededores.
—Sumado a la participación de estos civiles armados, de policías vestidos de civiles que estarían disparando a la población desarmada, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, ha pedido al Gobierno una "acción militar contundente y sostenida en Cali" para frenar las protestas. ¿En qué podría desembocar esto?
—Pues es que ya están en la acción sostenida y está desembocando en muertes. El presidente fue la mañana del 10 de mayo a Cali para reunirse con los altos mandos para dar la orden de acción de fuerza implacable para someter a la protesta, prohibir cualquier manifestación, encerrar a la gente e imponer una dictadura local.
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Lo que está destilándose aquí es una dictadura por regiones de acuerdo con la situación de protesta de la gente, y, particularmente han decidido establecer el Estado de sitio, que es una figura, de hecho, porque en la Constitución no existe, pero cerrando todo el departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Cali de cualquier movilidad, de cualquier ingreso de personas. Es una situación de confinamiento, de encierro que es terrible y que está acompañada de una represión muy grande.
El contraste es que no se dialoga, no se ofrecen soluciones. Se califica que hay una operación terrorista y narcoterrorista en esas protestas y no se atiende que lo que hay es angustia, desesperación frente al manejo de la pandemia y al hambre. Tenemos una situación de hambre. Tenemos la tercera parte de la gente que no sabe qué va a comer al día siguiente. La mitad de la población en Colombia come en este momento una sola vez al día de manera completa. Eso es una tragedia.
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Entonces todo el mundo, en todo el país, está diciéndole al Gobierno que tome medidas, y ahora el Gobierno dice que el problema son las protestas, las manifestaciones de los indígenas. Es el mundo al revés, y un Gobierno desprestigiado desde su propio partido. Hay muchos voceros que están pidiendo que por la ingobernabilidad Duque se haga a un lado, lo que no es muy viable porque significaría una mayor crisis, pero sí sintomático del nivel de ineptitud para manejar la situación, como lo ha mostrado este Gobierno.
—El alcalde de Cali dijo que teme que esta situación se pueda llevar por el medio a toda Colombia. ¿Qué piensan ustedes?, ¿comparten ese temor?
—La gravedad de todo esto es que se pueda escalar a una violencia y que se vuelva a retomar una escalada de paramilitarismo en Colombia, de violencia asociada con agentes del Estado con civiles armados para disparar a una población y a gente que consideran enemigos.
Ahora se han inventado que son los agentes de la revolución molecular disipada, que es una teoría que han reencauchado, desprestigiando a filósofos europeos. Han reencauchado una teoría neonazi por parte de neonazis chilenos que han venido a dar cátedra en la Escuela de Guerra en Colombia, pero ese pensamiento lo están colocando como matriz de interpretación para declarar a los que protestan como agentes del terrorismo y enemigos de la seguridad nacional.
Entonces, esa escalada puede generar un proceso de militarización general, puede llevar a una dictadura civil desembozada en nuestro país, si no se actúa rápidamente y si el Gobierno sigue por la idea de militarizar implacablemente con operaciones sostenidas, en lugar de dar un plan de alivio a la gente en medio del drama social, económico y de la pandemia.
—Ustedes han denunciado más de 47 muertos, al menos 39 de esas personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, y más de 500 desaparecidos. ¿Qué información manejan ustedes sobre estas personas desaparecidas?, ¿cuál sería exactamente la cifra de desaparecidos? Y ¿en qué circunstancias desaparecieron?
—Hay una información que ha dado la misma Fiscalía General de la Nación. En un comunicado conjunto con la Defensoría del Pueblo reconoce que hay registros en sus oficinas de denuncias de 548 personas desaparecidas en medio de la protesta, y organismos de derechos humanos han logrado establecer en sus listados 364 personas que han sido detenidas y que no se sabe de su paradero, no se sabía hasta este fin de semana.
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Por eso se está pidiendo al Gobierno que dé la orden de liberación inmediata de todas las personas detenidas en medio de la protesta, de modo que así se vean obligados a darle libertad a quienes tienen recluidos en sitios que no están dentro del Estado de derecho y que no dan cuenta ni a los familiares ni a abogados ni llamadas telefónicas, eso es absurdo.
¿Cómo así que en medio de lo que está pasando, aparte de los homicidios, tengamos más de 500 desaparecidos? Es algo realmente terrible, es un crimen de lesa humanidad lo que se está perpetrando en Colombia de manera sistemática, y eso es responsabilidad del Estado, del Gobierno, que no toma una iniciativa decidida para que estas prácticas se suspendan. Es algo supremamente doloroso, aparte de los homicidios, que se tengan a personas desaparecidas. Es algo inaudito, propio de las peores dictaduras.
—¿Qué piden ustedes a la comunidad internacional?, ¿qué podría hacer la ONU, la UE, o incluso EEUU, que tiene tanta influencia militar y política en Colombia?
—Aparte de los pronunciamientos que se han hecho, muchos muy positivos, y que han estado bien encaminados en pedir que no se haga abuso de la autoridad y que no se violen los derechos humanos, son importantes las iniciativas de paralizar todo apoyo, toda cooperación, asistencia, ya sea en armas, dotación de la Policía, instrumentos de guerra, todo este tipo de dispositivos.
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Por ejemplo, en el Congreso de EEUU ya hay un sector importante y una mayoría demócrata que está diciendo que, si el Gobierno colombiano no da cuenta y no da una respuesta positiva a la situación, eso va a tener consecuencias en los programas de cooperación y asistencia militar.
Pero, aparte de eso, hay otros países de Europa que tienen convenios de cooperación en temas de inteligencia, de armas y se les está pidiendo que se suspenda todo tipo de dotación a la Policía y al Ejército hasta que esta situación no se resuelva y haya un ambiente democrático en este país.
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