Los denunciantes ante la CPI: Colombia no tiene voluntad de investigar abusos policiales

El Estado colombiano "no tiene ninguna voluntad" de investigar los abusos de la Fuerza Pública en las protestas que se desarrollan en Colombia desde el 28 de abril, y esa fue la razón por la que se presentó una denuncia en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI), explicó a Sputnik el senador de izquierda Iván Cepeda.

"Consideramos que el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones por abusos de la Policía en las protestas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y eso es así porque hay un exceso de concentración de poder en el presidente Iván Duque", dijo el legislador.

Según explicó, ese hecho "ha quebrantado el principio de separación de poderes", lo que justifica la denuncia ante la CPI.

La misiva firmada por las organizaciones y por Cepeda pide que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes y solicita a la fiscal de esa corte, Fatou Bom Bensouda, que visite Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre los hechos denunciados.

La carta de denuncia fue también dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien solicitaron que remita el informe a la CPI, "teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede pedir al fiscal que investigue una situación de crímenes señalados en el Estatuto de Roma, entre ellos crímenes de lesa humanidad".

La denuncia contiene reportes de delitos contra la población civil, como homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas.

Violaciones a los DDHH

Asimismo, da cuenta de al menos 1.595 hechos ocurridos en varios departamentos del país que demostrarían violaciones de derechos humanos.

"De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas, se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato, 16 víctimas de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1365 de detención irregular", citó Cepeda.

De acuerdo con la denuncia, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, 40 personas han perdido la vida durante procedimientos policiales de contención de la protesta social, y destaca que varias de ellas fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali (suroeste), Pereira (oeste) e Ibagué (centro oeste).

Además, alerta sobre 435 personas que han sido reportadas como desaparecidas.

"Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales", señala.

Dichas acciones, según los firmantes, han ocurrido con carácter sistemático y han sido cometidas en su mayoría por unidades de Policía que minimizan o ignoran la existencia de los crímenes.

Por último, sostienen que existe una política para atacar a quienes participan en manifestaciones públicas en oposición al Gobierno central.

Diecisiete días

Colombia cumplió este viernes 17 días de manifestaciones en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.

Sin embargo, las manifestaciones se mantuvieron para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el acuerdo de paz y desmantelar las organizaciones criminales.

En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.

Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.