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Éstas son las leyes que otorgaron impunidad a los militares en América Latina después de las dictaduras

© Sputnik / Thierry Monasse / Abrir banco de fotosLa estatua de la Justicia (imagen referencial)
La estatua de la Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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El 16 de abril de 1989 los uruguayos votaron un referéndum contra la ley de amnistía que en 1985 dio impunidad a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985); los votos no fueron suficientes para anularla. En este día, Sputnik hace un repaso de las leyes de impunidad aún vigentes en América Latina.

Hace 30 años, por primera vez en su historia los uruguayos hicieron uso del referéndum contra la ley nacional N°15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1985. la ley tenía por finalidad proteger a los militares y policías que cometieron crimenes durante la dictadura (1973-1985). El referéndum se dividió en "colores": la papeleta verde pedía la revocación de la ley, la amarilla, no.

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Ganó el voto amarillo con 57% a pesar de que en Montevideo el voto verde obtuvo mayoría, pero no así en el interior del país.

La ley de amnistía estipula, literalmente, la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

Aún hoy los uruguayos siguen luchando por verdad, memoria y justicia. Hay 195 casos de personas detenidas y desaparecidas, casi 123 asesinatos políticos, según la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay.

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En los años posteriores a la aprobación de la ley de Caducidad, el Estado fue cuestionado por distintos organismos internacionales debido a la incompatibilidad de la misma con los compromisos de derechos humanos suscritos por Uruguay. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su informe anual de 1992-1993 concluyó que es "incompatible" con el derecho internacional.

En 2007 se realizó un plebiscito para realizar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley; el 25 de octubre de 2009 se llevó a cabo la votación, pero no se aprobó la reforma.

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En 2011 el parlamento uruguayo aprobó la ley N° 18.831, de "restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985", que catalogó esos delitos como de lesa humanidad. Sin embargo, en 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la mencionada ley.

A su vez, respecto a algunos casos, la SCJ tuvo otra postura y declaró inconstitucional la ley de caducidad, lo que permitió juzgar a algunos militares; no obstante, la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene solo efectos sobre el caso puntual sobre el que es presentado, por ende la ley sigue vigente.

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Naciones Unidas señala que las amnistías no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.

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En América Latina

Después de 21 años de dictadura (1964-1985), Brasil continúa perdonando los crímenes de los militares y garantizando que no sean juzgados. La ley de amnistía del país data de 1979 es catalogada como "autoamnistía"; en 2010 la CIDH aseguró que la Ley de Amnistía no debería ser aplicada aunque el Supremo Tribunal Federal del país la hubiera declarado constitucional ese mismo año. Los militares y policías brasileños torturaron a más de 20.000 personas y desaparecieron y mataron a 434.

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En Argentina, el país con el mayor número de juicios a los represores que violaron derechos humanos en el mundo, también hubo una ley que frenó los procesos a los militares. En 198, todavía bajo un gobierno militar, fue promulgada la llamada Ley de Pacificación Nacional, que otorgaba beneficios tanto a autores como a partícipes, instigadores, cómplices o encubridores de diversos abusos ocurridos durante la dictadura eliminaba las acciones penales de los delitos cometidos desde mayo de 1973 hasta junio de 1982.

Cuando se restauró la democracia llegó a la presidencia Raúl Alfonsín que derogó la medida (1983-1989). Sin embargo, después de un levantamiento militar, en diciembre de 1986 Alfonsín promulgó la Ley de Punto Final, que paralizó los procesos judiciales contra los represores. El 4 de junio de 1987, el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida y estableció que los oficiales subordinados actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores, liberando de culpa a miles de represores.

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Con la llegada del presidente Néstor Kirchner se puso fin a la impunidad (2003-2007). El 21 de agosto de 2003 el Senado anularía las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Esta decisión permitió que los represores y militares pudieran ser juzgados nuevamente.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, al 20 de septiembre de 2018, se registraban 575 causas en las que fueron y son investigados más de tres mil imputados. Solo 984 habían sido sentenciados, de los cuales 862 fueron condenados y 122 absueltos.

Estas cifras, si bien no llegan a la totalidad de los culpables, representan uno de los avances más significativos en el continente para procesar a los culpables de crímenes de lesa humanidad. 

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Las organizaciones ciudadanas de derechos humanos señalan que la dictadura argentina desapareció a 30.000 personas. Además, la cifra fue dicha por el dictador Rafael Videla durante una entrevista. Las estimaciones de la inteligencia militar argentina hasta 1978 era de 22.000 muertos.

En Chile, la ley de amnistía la usó Augusto Pinochet para proteger a los autores de los abusos cometidos durante los años que duró su dictadura (1973-1990). Esos hechos implicaron el homicidio o desaparición de más de 3.000 personas y la detención arbitraria y tortura a más de 38.000 ciudadanos.

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La norma fue aprobada el 18 de abril de 1978, y aún sigue vigente. No obstante, desde que se detuvo a Pinochet en 1998, los jueces de Chile optaron por no aplicarla porque contravenía al Derecho Internacional. La dictadura chilena mató 44.000 víctimas desde 1973 a 1990, de ellas, 3.065 están muertos o desaparecidos.

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