El escenario para las víctimas de los 21 años de Gobierno de facto ha sido desolador. Desde 1985, cuando José Sarney asumió como presidente civil, no han logrado esclarecer los hechos ocurridos durante el período militar, que torturó a más de 20.000 personas y desapareció y mató a 434. También asesinaron a los indígenas waimiri-atroari: de los casi 3.000 que había en 1972, quedaron 350 en 1983.
En ese contexto se inscribe su tesis de maestría en criminología de la Universidad de Cambridge, titulada "El pasado que todavía está presente", en la que analiza la convencionalidad y legitimidad de 54 decisiones judiciales federales en 37 casos de crímenes estatales ocurridos en esos 21 años.
"Tenía 12 años y era hijo de una persona que estaba contra la dictadura, este aparato represivo los capturó a los dos y los torturaron juntos en la misma sala, al mismo tiempo. Torturaban al hijo para que el padre hablara, el padre no hablaba, se paró todo. Al día siguiente retomaron la tortura sobre el padre, durante todo el día, con el chico dentro de la misma sala. Al final del día, en un último golpe, se dieron cuenta que el hombre estaba muerto. Este chico tenía 12 años. Hoy es una persona que está contra las violaciones a los derechos humanos, tiene dificultades en caminar, por esa sesión de tortura", contó.
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Las causas fueron presentadas a partir de 2012 por un grupo pequeño de fiscales a raíz de la exhortación a investigar los crímenes que en 2010 realizó al país la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que la Ley de Amnistía no debería ser aplicada aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) del país la hubiera declarado constitucional ese mismo año.
Entrevistado por Sputnik el marco del IX Espacio de Innovación Penitenciaria, organizado por la oficina del comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay, Bossi indicó que los jueces federales brasileños únicamente alentaron a investigar el 20% de los casos.
Bossi asegura que el STF es "conservador" y considera que aunque no haya "una influencia expresa de las Fuerzas Armadas, siempre hay una presión sutil: "‘Si nosotros vamos a pagar por lo que hicimos, vamos a volver'. No podría responder si la Suprema Corte tiene miedo de una supuesta acción de las Fuerzas Armadas, pero hay una cosa mal resuelta, tal vez porque la justicia nunca fue fuerte con el pasado", dijo Bossi.
A su vez, su estudio le permitió concluir que en las decisiones judiciales no hubo "legitimidad". El juez explicó que para que un proceso sea legítimo tiene que incluir la voz de las víctimas y respetar "su condición", tiene que "demostrar la competencia y conocimiento" de los magistrados para decidir, y mostrar su "neutralidad".
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En estos casos, Bossi se encontró con que, por ejemplo, "los jueces llamaban ‘terroristas' a quienes resistieron a la dictadura, la misma expresión [que usaban los militares]". Concluyó que esos fallos de la Justicia Federal carecen de legitimidad.
"Hay tres conceptos esenciales de transición: verdad, que es el esclarecimiento de los hechos, dónde están los cadáveres de los desaparecidos; justicia, se tienen que punir los crímenes, no puede haber amnistía, y el tercer pilar es memoria, tiene que haber centros de memoria para las personas, aunque yo no tenga ninguna persona en mi familia que fue víctima, yo tengo que reconocer que este régimen autoritario fue contra toda la sociedad", aseguró.
"Los tres pilares del período de transición no están en Brasil, por eso seguimos en un período de transición", indicó.
"No tener centros de memoria, no tenemos esclarecidos los hechos ni hemos aplicado la justicia. Muchas personas ni siquiera saben qué ocurrió en la dictadura. Es un asunto para otra investigación, pero esto puede estar conectado con el poder votar a Bolsonaro, una persona que defiende la dictadura, las muertes que ocurrieron, y que dice que la dictadura debía haber matado a más gente", concluyó.
