"Todos tendríamos que estar en Cataluña para la investidura", afirmó en rueda de prensa tras su reunión con el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.
"La ideal es la presencial, la que querríamos todos", ha explicado al añadir que "nosotros no descartamos nada".
Puigdemont llamó a la calma y aseguró que hay "tiempo para tomar muchas decisiones hasta el pleno de la investidura", recordando que "el límite es el día 31".
El expresidente catalán ha comenzado su comparecencia agradeciendo a Torrent "su actitud y su disposición a contribuir al mandato del 21 de diciembre", fecha en la que se celebraron las últimas elecciones en Cataluña.
No se lo pierda: Opinión: "La única salida de Cataluña es un referéndum pactado"
"Nos hemos conjurado a seguir siendo fieles a lo que los catalanes han votado", manifestó.
Puigdemont se ha comprometido al finalizar su comparecencia a no abandonar la hoja de ruta independentista.
"No abandonaremos hasta el último momento lo que decidió el pueblo de Cataluña", remarcó.
Esta Delegación de la Generalitat es la única que permanece abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central intervenir la administración de un gobierno autonómico.
El Ministerio de Exteriores y Cooperación ha justificado el cierre para "evitar aglomeraciones" y reabrirá mañana la sede.
Lea también: Continúan manifestaciones en Cataluña y Europa por la liberación de independentistas presos
El 24 de enero se dio a conocer que la fecha del debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat de Cataluña será el 30 de enero y durará un solo día, con Puigdemont como único candidato.
Le puede interesar: Cataluña: huidos, presos y candidatos
El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre.
Sin embargo, Puigdemont se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento, con todo, no es vinculante.
El Gobierno español ha reforzado los controles fronterizos ante la posibilidad de un retorno del expresidente catalán.
