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    Elecciones en Guatemala

    Guatemala elige presidente: claves para entender en qué contexto transcurrirá la segunda vuelta

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    Política
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    Elecciones presidenciales en Guatemala (2019) (47)
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    Las elecciones del 16 de junio en Guatemala hicieron patente la inconformidad de la ciudadanía hacia la clase política: los votos echaron por tierra la lucha contra la corrupción. Sputnik habló con la politóloga guatemalteca Simona Yagenova, y te explica por qué estas elecciones son tan particulares.

    El 16 de junio los guatemaltecos votaron presidente; el 11 de agosto Sandra Torres (de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE) y Alejandro Giammattei (de Vamos) se disputarán el puesto de Jimmy Morales. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral está revisando desde el lunes 24 todas las actas de las mesas de votación, debido a múltiples denuncias de irregularidades y al propio reconocimiento de un fallo en el sistema electrónico de recuento de votos. 

    "Este proceso electoral se da en un contexto de crisis política que se patentiza y abre ante la ciudadanía muy claramente [después] de los acontecimientos de 2015, y tiene como trasfondo contradicciones sistémicas que se vienen acumulando, sobre todo en los últimos 17 o 19 años", dijo a Sputnik Yagenova, miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

    Las "contradicciones sistémicas" a las que se refiere la politóloga tienen que ver con el "incumplimiento" de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1991 y 1996), que pusieron fin a la guerra interna que empezó en 1960 y dejó un saldo total de 250.000 personas muertas y desaparecidas (principalmente por el Estado). 

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    Yagenova también se refería al "modelo de imposición económico, político y sociocultural mafioso, de militares y oligarcas que saquean al Estado y se roban millones y millones del bien público".

    "La penetración de las mafias y el control territorial" de estas organizaciones criminales empezó a quedar expuesta ante la ciudadanía tras la revelación en 2015 de un esquema de contrabando organizado desde el propio Estado, conocido como La Línea. 

    Las manifestaciones masivas que generó la revelación del Ministerio Público (MP) guatemalteco y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, creada en 2006 tras un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas, NU), condujeron a una crisis política sin precedentes que desembocó en la renuncia y fractura de la unión entre el presidente de entonces, Otto Pérez Molina (2012-2015), y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

    "La ciudadanía se empezó a hacer preguntas: '¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no funciona la salud?'. Por primera vez el público —no necesariamente estudioso de estos temas— se dio cuenta de la dimensión y profundidad de la corrupción e impunidad" de la clase política del país, aseguró la politóloga.

    Después sobrevino un "nuevo período" político: "la ciudadanía sintió que fue partícipe y contribuyó a la renuncia del binomio presidencial, y a partir de eso se intensificó la lucha contra la impunidad, las actividades de la CICIG contra grupos mafiosos". 

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    El proceso generó una despolitización ciudadana, lo que motivó la creación de nuevos partidos y asociaciones políticas, que "se plantean rescatar al Estado, reconstituir la institucionalidad política, y enfrentar a las mafias e impunidad de turno".

    No obstante, en 2017 "hubo un quiebre" cuando el actual Gobierno de Morales fue directamente acusado por el MP y la CICIG de financiación ilícita de la campaña presidencial de 2015, cuando era secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con el que ganó las elecciones presidenciales de 2015. "Tenía la cola machucada", diría un guatemalteco. 

    "A raíz de eso, el grupo de militares de ultraderecha y oligárquicos que ha estado rodeando la presidencia actual comenzó una campaña muy feroz en contra de la CICIG, contra NU", señaló Yagenova. "Recuperaron poder sobre el Legislativo, el Ejecutivo, sobre los organismos judiciales, en un tipo de contraofensiva que ha sido muy significativa", agregó.

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    El antropólogo Alejandro del Águila sostiene que "la clase dominante en Guatemala (...) por su incapacidad, incultura política y/o desinterés de manejar la cosa pública directamente (...), ha colocado al frente del Gobierno, directamente o mediante alianzas, a camarillas para que reproduzcan sus intereses en la administración pública, es decir, no estamos ante proyectos partidarios autónomos", como escribió en el boletín Enfoque Electoral, en junio de 2019, de El Observador de Guatemala.

    Para Yagenova, el descontento con la situación política histórica se vio reflejado en las urnas: "Hay una parte de la ciudadanía que quería dejar constancia de que no iba a volver a votar por este grupos", dijo, en alusión a la baja de 11 puntos porcentuales entre esta votación y la anterior de 2015, que obtuvo 71% de participación y llevó a Morales a la presidencia. 

    Además, vale destacar que este noveno proceso electoral desde la apertura democrática en 1985, se caracterizó por la puesta en marcha de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, elaborada en 2016, fruto de las manifestaciones de 2015. 

    La nueva norma exige reportes de gastos de campaña a las agrupaciones políticas e impiden utilizar las redes sociales para hacer propaganda; algo a lo que todos los partidos debieron adaptarse.

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    "Todo esto permitió que, de de alguna manera, en esta campaña las fuerzas democráticas y de izquierda que participaron tuvieran mayor visibilidad en los medios, algo que nunca tuvieron, comentó Yagenova.

    Elecciones 2019

    Torres obtuvo un 25,27% de los votos. Giammattei,  llegó al 14,08%, aunque los resultados del nuevo recuento de votos se sabrá durante la primera semana de julio. Según el análisis de El Faro, la exprimera dama —esposa de Álvaro Colom, presidente entre 2008 y 2012— se vio favorecida por la eliminación por vía judicial de las postulaciones de sus principales competidoras.

    Estas son Thelma Aldana, exfiscal general, destacada por haber encarcelado al expresidente Otto Pérez; y Zury Ríos, hija y heredera política del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). 

    No obstante, la multitud de candidaturas —llegó a haber hasta 27 contendientes— hacía muy difícil que Torres pudiera superar el 50% de los votos necesarios para proclamarse en primera vuelta.

    Sandra Torres, candidata presidencial guatemalteca
    © REUTERS / Luis Echeverria
    Sandra Torres, candidata presidencial guatemalteca

    Se deberá esperar hasta el 11 de agosto para saber quién ganará la segunda vuelta, si Torres o Giammattei; sin embargo, ya es sabido que sea cual sea el resultado, probablemente la CICIG esté condenada a muerte.

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    Tanto Torres como Giammattei se han manifestado a favor de los esfuerzos que el Gobierno de Morales ha hecho por impedir el trabajo de la CICIG, cuyas investigaciones condujeron al encarcelamiento de hasta tres expresidentes y decenas de otros políticos y empresarios en la última década.

    Alejandro Giammattei, candidato presidencial guatemaleteco
    © REUTERS / Saul Martinez
    Alejandro Giammattei, candidato presidencial guatemaleteco

    Durante la campaña, Giammattei se ha pronunciado explícitamente en contra de que la CICIG siga operando en Guatemala. Torres ha sido más ambigua, pero su partido ha sido clave para que el Congreso obstaculizara el trabajo de la Comisión durante los últimos años. 

    El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre NU y el Gobierno de Guatemala fue unilateralmente finalizado por Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. NU rechazó y condenó este proceder​, a la vez que la Corte de Constitucionalidad del país se pronunciaba en contra de la decisión de Morales. La CICIG funcionará hasta el fin del mandato, previsto para septiembre de 2019.

    Ambos candidatos tienen otra cosa en común: Guatemala tendrá en la presidencia a alguien cuestionado durante su trayectoria política, o por la CICIG o previamente. 

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    Según informó El Faro, Torres está siendo investigada por la CICIG por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral de 2007, que llevó a la presidencia a su marido, Colom. Además, Colom fue investigado e imputado por la CICIG y el MP, ahora se encuentra en libertad bajo fianza.

    Giammattei, que se postula por cuarta vez y con un cuarto nuevo partido, fue investigado por su papel en el asesinato extrajudicial de siete presos en la Granja Penal Pavón en 2006, cuando era director de cárceles. El candidato fue sindicado y enjuiciado por presunta participación en los hechos, luego fue absuelto. 

    A su vez, cabe señalar que estas elecciones tuvieron como saldo el asesinato de dos guatemaltecos en el norteño departamento de Alta Verapaz que participaron como candidatos a cargos públicos.

    Son Gabriela Meléndez, aspirante a concejal a la municipalidad de San Pedro Carcha, y Sebastián Cucul, candidato a diputado al Congreso, ambos del partido neoliberal Podemos. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) abrió un expedientes por esos dos crímenes.

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    También hubo un candidato que resultó herido en un ataque armado, Carlos Tuc, quien resultó electo como alcalde del municipio de Raxruhá, del mismo departamento, por el partido Winaq, indigenista de izquierda fundado por Rigoberta Menchú.

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