"Intentar hacer una investidura telemática está fuera de la lógica y fuera de la ley", dijo Garzón durante una entrevista concedida a la Cadena SER.
El 16 de enero, las principales fuerzas independentistas, que consiguieron la mayoría de escaños en las elecciones del pasado 21 de diciembre, anunciaron que propondrán la investidura de Puigdemont, que se encuentra en Bruselas desde principios de noviembre.
Puigdemont —cabeza de lista de la coalición Junts Per Catalunya (JxSí)— llegó a la capital belga huyendo de la persecución de las autoridades españolas, luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
Lea también: Podemos y sus socios en Cataluña no apoyarán la investidura de Puigdemont
En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática ante la previsión de que este pueda ser detenido si se desplaza a España.
Garzón recordó que el Estatuto de Cataluña permite de manera excepcional la delegación del voto en "casos de maternidad, hospitalización o incapacidad prolongada".
Los servicios jurídicos de la cámara cuestionaron el 15 de enero tanto la posibilidad de una investidura telemática como de una investidura delegada y consideran "imprescindible" que el candidato se encuentre en sede parlamentaria.
El informe de los letrados tampoco avala que los diputados electos en prisión puedan delegar su voto.
Más aquí: Cuatro puntos para entender el futuro de Cataluña
Con todo, el informe de los servicios jurídicos del Parlamento no es vinculante.
El 17 de enero se constituye el Parlamento de Cataluña que tendrá que votar al próximo presidente de la Generalitat, después de una legislatura marcada por la celebración de un referéndum de autodeterminación unilateral y una declaración de independencia sin efectos, a raíz de la cual el Ejecutivo central activó el artículo 155 de la Constitución Española e intervino el gobierno autonómico.