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    En la Unión Europea la separación de poderes es una exigencia cuyo respeto ha servido para poner en el punto de mira a los gobiernos de Polonia o Hungría. Una de las medidas del nuevo presidente español, Pedro Sánchez, le acerca a las decisiones que en sus respectivos países han impulsado Jaroslav Kaczyinski o Viktor Orban.

    La sorpresa en el nuevo gobierno español no estaba en el grupo de ministros, sino en el nombramiento de la antigua responsable de Justicia como Fiscal General del Estado, un cargo, en teoría, independiente del ejecutivo.

    El nombramiento de la exministra de Justicia de Sánchez, Dolores Delgado, como máxima responsable del poder judicial ha despertado las críticas inevitables de la oposición, que piensa recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

    La figura de Delgado estaba ya bajo las críticas por su relación —en un principio negada por ella— con uno de los máximos exponentes de lo que el nuevo vicepresidente español, Pablo Iglesias, definió como "las cloacas del Estado", el comisario de policía jubilado José Villarejo.

    La decisión de Sánchez está motivada por la necesidad de tomar el control de las decisiones judiciales que van a afectar a los políticos independentistas catalanes presos o pendientes de juicio.

    Pedro Sánchez quiere, según sus propias palabras, "evitar la deriva judicial" en el conflicto provocado por los separatistas. Ello implicaría frenar toda medida que pudiera echar por tierra el pacto de investidura y la aprobación de los presupuestos pactados con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Para cualquier observador se trata de una simple maniobra para controlar una institución como la Fiscalía del Estado que, según los textos oficiales "actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno…".

    Controlar el poder judicial

    Dolores Delgado, bajo las directivas de Sánchez ya evitó que los políticos presos independentistas fueran acusados de sedición. También presionó, siguiendo los intereses del Gobierno, para que el jefe de ERC, Oriol Junqueras, pudiera salir de prisión e inscribirse como diputado europeo, una maniobra que fue impedida por el Tribunal Supremo. Ahora, será la propia Dolores Delgado la que decidirá si los políticos presos secesionistas podrán obtener permisos carcelarios o un estatus de semilibertad.

    Entre el estupor, la Asociación Española de Fiscales interpreta el nombramiento como la intención de marcar y controlar a los fiscales desde el Gobierno". La misma acusación que desde la capital comunitaria se lanza contra los gobiernos de Varsovia y Budapest. La "orbanización" de Sánchez le acercaría pues a los llamados "regímenes iliberales" que él mismo y algunos de sus colegas de la UE condenan blandiendo los principios defendidos por Charles de Secondat, barón de Montesquieu, en el siglo XVIII.

    Social-liberalismo, a pesar de Podemos

    La "sorpresa" de Pedro Sánchez vuelve a dejar en segundo plano la formación del primer gobierno de coalición de partidos de izquierda desde hace casi 90 años. La inclusión de ministros de Unidas Podemos (UP) en sectores considerados menos sensibles, en teoría, a la acción del líder socialista será una prueba para la estabilidad y la continuidad del nuevo ejecutivo.

    Pablo Iglesias ya había anunciado a sus militantes que deberían renunciar a muchos de sus ideales dentro de un gobierno con sus exrivales y ahora aliados. La vicepresidencia de Iglesias no influirá directamente en la política económica del Gobierno de Sánchez, que conserva a Nadia Calviño como caución del socialiberalismo recomendado en la UE. Y por si las intenciones del presidente del Gobierno no estuvieran claras, destaca también el nombramiento de un ministro para la Seguridad Social —José Luis Escrivá— que bien podía haber desempeñado el mismo cargo con un gobierno conservador.

    Quizá el cambio de orientación más señalado en un ministerio corresponde al de Asuntos Exteriores. El catalán Josep Borrell, "bestia negra" de los independentistas, verá desde su puesto de responsable de Exteriores de la UE cómo se desempeña su sucesora, la vasca Arancha González, que tiene un perfil eminentemente económico y que anuncia una política exterior más centrada en la diplomacia comercial. González es también una representante de la "ortodoxia" económica defendida por Bruselas y no cabe esperar de ella soluciones que pongan en peligro la rigidez presupuestaria que encorseta la acción de los gobiernos europeos.

    ¿Y América Latina?

    Ni una palabra, de momento, se ha dedicado a las relaciones con Iberoamérica. Sánchez deberá calmar la crisis surgida entre Madrid y La Paz tras el extraño episodio protagonizado por la encargada de negocios y varios policías españoles en la Embajada mexicana de la capital boliviana, donde permanecen refugiados algunos funcionarios del antiguo gobierno de Evo Morales.

    Protestas en caracas (2017)
    © AP Photo / Fernando Llano
    Las relaciones de Unidas Podemos con Venezuela, y los antiguos jefes de gobierno de Bolivia y de Ecuador siguen dando que hablar a la prensa española. Sánchez y Arancha González parece que optarán por seguir manteniendo unas relaciones más centradas en los intereses económicos y comerciales que en opciones de apoyo o crítica política. Diálogo sin injerencia ha sido hasta ahora su divisa en América. Otra incógnita será el papel que ejercerá el expresidente Zapatero en el área.

    Entre las atribuciones de Pablo Iglesias estará la responsabilidad sobre la Agenda 2030 de la ONU. Una oportunidad también para el líder de Podemos de mantener una presencia internacional, especialmente, en América, pero difícilmente traducible en una diplomacia paralela; Sánchez no lo permitirá. "Un gobierno con muchas voces, pero solo una palabra" es un eslogan aceptado por ambos". Veremos hasta cuándo.

    Sánchez e Iglesias, socialistas y Podemos, se juegan mucho en el pacto de gobierno que les une. A pesar de las diferencias, los insultos y las tiranteces que han protagonizado en los últimos años saben que un fracaso les conduciría al limbo político. Por eso, la pervivencia del nuevo gobierno depende más de las exigencias de los independentistas catalanes que de las diferencias ideológicas entre PSOE y UP. Y, por ello, en el control del poder judicial ambas formaciones están de acuerdo.

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    independentistas, Cataluña, política, España
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