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    BARCELONA (Sputnik) — Cataluña cierra este 2019 tras una condena histórica de entre 9 y 13 años de prisión a políticos y líderes del movimiento independentista catalán, que fue la culminación de ocho meses de un juicio que desencadenó en una ola de fuertes protestas en Cataluña, que todavía mantienen algunos focos.

    El conocido como juicio del procés en el Tribunal Supremo de España arrancó el 12 de febrero y terminó el 12 de junio, después de 52 sesiones que abordaron el papel del Gobierno catalán en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, así como los testimonios de numerosos testigos, políticos y líderes sociales.

    Las acciones del Ejecutivo catalán, encabezado en aquel entonces por Carles Puigdemont, desembocaron en una macrocausa contra prácticamente la totalidad del Gobierno de la Generalitat y otros líderes independentistas que coordinó el juez Pablo Llarena entre 2017 y 2018 y que terminó con el polémico juicio oral concluido este año.

    Un tribunal formado por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena fue el encargado de juzgar a doce acusados, entre quienes figuraba el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, nueve exmiembros del Gobierno de Puigdemont, y dos presidentes de entidades vinculadas al proceso independentista.

    En los interrogatorios, los líderes catalanes rechazaron los cargos por delitos de rebelión y sedición y negaron haber recurrido o avalado el uso de la violencia, además de insistir en que la acción del referéndum no fue ilegal porque "votar no es un delito".

    El mismo Junqueras afirmó en declaraciones muy polémicas su "amor" por España y apeló a la necesidad de encarar el conflicto en Cataluña a través de la política y el diálogo, algo que consideró denegado por parte del Gobierno español, justificando así también la unilateralidad de las decisiones del ejecutivo catalán.

    Durante todo el proceso judicial, las defensas de los líderes catalanes se centraron en argumentar que el proceso soberanista fue pacífico, mientras la Fiscalía pedía entre 25 y 17 años de cárcel basándose en el "carácter violento" de las movilizaciones apoyadas y promovidas por el Gobierno catalán y lo que definieron como un "golpe de Estado" por parte de la administración de Puigdemont.

    El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en plena precampaña electoral para las elecciones generales españolas, después de que no consiguiesen formar Gobierno tras los comicios de abril.

    La sentencia condenó a los políticos procesados a penas de entre 9 a 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación y desobediencia.

    Paralelamente, el Tribunal Supremo emitió una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) contra Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno huidos a países europeos para evitar el juicio al que se enfrentaban sus compañeros en España.

    El mismo día de conocerse la sentencia, una protesta multitudinaria por el veredicto del tribunal español ocupó el aeropuerto de Barcelona y marcó el comienzo de una sucesión diaria de movilizaciones independentistas en toda Cataluña, que se saldaron con más de 200 detenidos y 600 heridos en un mes, y que siguen latentes tras rebajar su intensidad en las últimas semanas del año.

    Las imágenes de Barcelona en llamas dieron la vuelta al mundo y han sido de las más repetidas de este 2019, especialmente los disturbios en la Plaza Urquinaona de la capital catalana, que se convirtió en escenario de fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional.

    ​En este contexto, las elecciones españolas del 10 de noviembre afianzaron la presencia en el Congreso de los Diputados del independentismo catalán y pusieron a la formación Esquerra Republicana (ERC), con 13 diputados determinantes, en el foco de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez y formar Gobierno en España.

    Los últimos días del año estuvieron marcados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determinó que el expresidente catalán Oriol Junqueras debió haberse convertido en eurodiputado y adquirido la inmunidad por este cargo tras su elección en los comicios europeos de mayo.

    El independentismo vio en este veredicto una victoria, ya que permitió que el también eurodiputado Puigdemont, que sigue en pendiente del veredicto de la justicia de Bélgica sobre su entrega a España, iniciara los trámites para convertirse en eurodiputado en un giro que podría dificultar su extradición.

    Cataluña terminará este año marcada también por la sentencia de inhabilitación de su presidente, Quim Torra, que llegó en diciembre y si se convierte en firme podría ocasionar un adelanto de las elecciones catalanas programadas para finales de 2021, con una victoria que de momento sería para los de Esquerra Republicana, según apuntan las últimas encuestas.

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    Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Quim Torra, sentencia, movilizaciones, protestas, independentistas, Cataluña, España
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