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    MADRID (Sputnik) — La creación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue la medida estrella del Gobierno de España contra la crisis social causada por la pandemia de coronavirus.

    Según los cálculos del Ejecutivo, con esta herramienta —por la que se otorgan prestaciones de entre 462 y 1.015 euros según las circunstancias del solicitante— unas 100.000 familias en situación de vulnerabilidad empezarían recibir el IMV de forma inmediata tras su aprobación.

    Las estimaciones del Gobierno iban más allá, llegando a asegurar que el IMV llegaría a más de 2,3 millones de personas de 850.000 hogares cuando estuviera plenamente implementado.

    El Congreso de los Diputados dio luz verde a su aprobación el pasado 10 de junio. Tres meses después, el ingreso mínimo se encuentra atascado en un laberinto administrativo que le impide aterrizar en manos de quienes necesitan de esa renta para llegar a fin de mes.

    Solo se tramitó el 1%

    A día de hoy, de las casi 900.000 solicitudes que han llegado al Gobierno solo 85.000 familias recibieron la prestación. De ellas, 75.000 se concedieron de oficio a personas que ya tenían acreditado el cumplimiento de los requisitos ante la administración.

    Es decir, que si se quitan las prestaciones concedidas de forma automática, el aparato administrativo español solo ha sido capaz de tramitar 10.000 solicitudes: el 1,1%.

    El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, reconoció recientemente que "se crearon unas expectativas de cobro muy rápido" y dijo "entender la angustia de la gente", pero subrayó que es una "prestación compleja", por lo que pidió paciencia a los solicitantes.

    "Si se han creado expectativas naturales o excesivas en una situación tan agobiante es comprensible, pero pediría un poco de tranquilidad", dijo en una entrevista con la Cadena SER.

    La gestión de las solicitudes para cobrar el IMV es farragosa porque en primer lugar la prestación es variable en función de la situación de los reclamantes y en segundo lugar porque no se concede a los individuos, sino a los hogares.

    Esto obliga a que los funcionarios deban evaluar las solicitudes caso a caso. Además, la complejidad de la prestación —unida a la desesperación por cobrarla— hace que muchas solicitudes no se tramiten en la forma adecuada o que se hagan por duplicado.

    Caos administrativo

    Según datos de la Seguridad Social, un 7% de las solicitudes se presentaron por duplicado y un 40% de las revisadas hasta la fecha tenían información incompleta.

    De hecho, según explicó el propio ministro del ramo en los micrófonos de la radio SER, se ha dado incluso el caso de "una persona que lo ha solicitado 300 veces".

    "Me gustaría pedirle a las personas que no soliciten la ayuda más de una vez. Esto supone una carga administrativa. Están en proceso de ser resueltas. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para ser lo más rápidos", añadió acto seguido.

    Aunque el ministro descarga parte de la responsabilidad del retraso en las prestaciones sobre los ciudadanos, los trabajadores públicos ya habían advertido que esta situación se produciría si no se daban facilidades a los solicitantes.

    En concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió un comunicado a principios de julio reclamando "más claridad en la información al usuario y en los requisitos para el desarrollo del expediente, de manera que los empleados públicos puedan tramitarlo en las condiciones adecuadas y evitar que se produzca un colapso".

    Divisiones en el Gobierno

    El resultado de todo este caos administrativo es que cientos de miles de familias no accedieron todavía a un ingreso al que tienen derecho. Esto, además, tiene repercusiones a nivel político.

    El IMV es uno de los principales caballos de batalla del partido Unidas Podemos (UP), que, recordemos, se integra en el Gobierno de España a la sombra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), socio mayoritario de la coalición con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza.

    El diseño de la agenda social corresponde al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (el líder de UP), pero los resortes administrativos para conceder las ayudas siguen en la Seguridad Social, en manos del ministro Escrivá (del PSOE).

    El retraso en las tramitaciones propició el enésimo episodio de tensión entre los socios de coalición, con el propio Iglesias instando a Escrivá a acelerar los procesos.

    "Hay gente que ha solicitado el IMV desde hace bastante tiempo ya y no le llega. Algunos nos dicen que los de Unidas Podemos metemos prisa, pero es que no llenar la nevera genera prisa o no poder comprarle zapatillas a tu hijo para ir al colegio", dijo Iglesias el martes 8.

    "Si hemos aprobado un derecho no podemos poner excusas. Tenemos que correr (…) No podemos decirle a la gente que lo técnico es muy complicado", añadió.

    Sin embargo, el ministro de Seguridad Social respondió al vicepresidente del Gobierno explicando que correr implica conceder ayudas sin poder revisar los requisitos, lo que puede generar situaciones de gran frustración.

    A modo de ejemplo, afirmó que "si hubiéramos corrido estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias" que hasta la fecha pidieron el ingreso sin tener derecho a él, generando "un atasco mayor" en la administración.

    Mientras el Gobierno se decide sobre si quiere correr o no, la crisis económica sigue golpeando a la sociedad española y el ingreso prometido no llega a los hogares, cuyo único consuelo es que, una vez se despeje el atasco burocrático, podrán acceder con retroactividad al dinero que le corresponde.

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    Gobierno de España, PSOE, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, burocracia, crisis económica, Renta Básica Universal, COVID-19, pandemia de coronavirus, coronavirus en España, España
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