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    Nuevas dificultades en el desarrollo de la política de erradicación de la pobreza y ayuda a los más desfavorecidos durante la crisis de la pandemia. Las rentas de inserción del Estado y de las Comunidades Autónomas podrían solaparse por la falta de intercambio de datos entre los poderes. En Valencia tratarán de restar lo cobrado indebidamente.

    Las políticas del Gobierno de España desarrolladas con el fin de ayudar a los ciudadanos más golpeados por la virulenta crisis económica desatada por el periodo de confinamiento y la paralización de la economía, hallan una inesperada traba: el solapamiento de la ayuda estatal con iniciativas similares de los poderes regionales en los diversos territorios.

    De resultas, una persona en situación de riesgo de exclusión social tras una pérdida total de ingresos producto de la crisis, podría ahora estar percibiendo por error una doble ayuda; la patrocinada por el Estado ―el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ― y la promovida por la Comunidad Autónoma donde reside. Tal es el caso de la Comunidad Valenciana, donde ya se han detectado beneficiarios del IMV que ya cobraban una subvención similar: la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

    Esta circunstancia puede también ser aprovechada por los detractores de la introducción a nivel estatal del IMV, que la oposición parlamentaria tachó en su momento de instrumento para crear gente acomodaticia que redunde en un caudal de votos para los partidos que conforman el Gobierno, aunque finalmente tanto el Partido Popular como Ciudadanos votaron a favor de su aprobación (no así Vox, que se abstuvo).

    El origen de la ayuda valenciana

    Fue el Ejecutivo regional de Ximo Puig en Valencia el que en 2017 aprobó la Renta Valenciana de Inclusión. Como informa la Generalidad Valenciana, es una ayuda destinada a "garantizar el derecho a una prestación económica a todos los valencianos y valencianas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad".

    La RVI, con un presupuesto en 2020 de 229 millones de euros, depende de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, encabezada por Mónica Oltra, y su percepción es en principio incompatible con el IMV. Es decir, el ámbito de actuación regional no debería solaparse con el estatal. O lo que es lo mismo: quien cobre una de las dos ayudas no puede percibir al mismo tiempo la otra.

    El caso es que Oltra ya pidió al Gobierno central que el IMV fuera tramitado por las comunidades autónomas y que el papel del Estado se redujera a transferir los fondos. Así ocurre, por ejemplo, con las ayudas a la dependencia. El Gobierno de Pedro Sánchez no atendió la petición, que únicamente satisfizo tal escenario para el País Vasco y Navarra.

    Tras la negativa, el Gobierno regional valenciano solicitó entonces gestionar conjuntamente la ayuda a fin de evitar que las administraciones central y regional se trabaran fruto de la posible descoordinación. Pero en Madrid se remitieron al texto del Decreto-ley por el que se aprobó el IMV.

    La postura del Ministerio

    En el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por el socialista José Luis Escrivá, niegan que el hecho de no haber atribuido a la Comunidad Valenciana con la competencia para cogestionar el IMV sea el causante de las duplicidades de su cobro y el de la RVI.

    Según este Ministerio, los poderes regionales pueden evitar el solapamiento, dado que el Decreto-ley que rige el IMV está dotado de una disposición transitoria por la que las Comunidades Autónomas pueden enviar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los datos de los beneficiarios de sus ayudas para excluir a todo aquel que ya esté recibiendo una ayuda equivalente. En opinión del Ministerio, "es una cuestión de voluntad política". Pero esta solución de transferencia de datos entre Comunidad Valenciana (cuántos beneficiarios de la RVI tiene en su sistema) y el INSS (cuántas de ellos ya están percibiendo el IMV y con qué cuantía) para luego proceder a restar los posibles importes cobrados de más, puede ser ineficaz.

    El caso es que los 54.000 valencianos beneficiarios de la RVI tendrían que firmar una autorización expresa para permitir el trasvase de sus datos. La consejera Mónica Oltra advierte que tal iniciativa costaría "mucho tiempo" de llevar a cabo, por lo que en su lugar propone recordar a los beneficiarios de la RVI "la obligación de pedir el Ingreso Mínimo Vital", que luego se descontará.

    Objetivos similares

    El IMV se aprobó el pasado 29 de mayo para tratar de dar respuesta "al problema estructural de pobreza que existe en España" y que la crisis generada por la pandemia no ha hecho sino acrecentarlos.

    Su importe puede oscilar entre los 5.538 euros anuales de los hogares compuestos sólo por un adulto, y los 12.184 para las familias formadas por dos adultos y tres o más niños, o por tres adultos y dos o más menores. Con su aprobación, las ayudas autonómicas pueden ser complementarias hasta llegar a una cuantía determinada, pero no solaparse con sus importes máximos. En el caso de la RVI, hasta alcanzar el importe del módulo garantizado que corresponda percibir en concepto de RVI.

    Tal y como reza en el Real Decreto-ley 20/2020, el IMV "es una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad".

    Esto significa que el propósito del IMV y la RVI es prácticamente idéntico. Pero como el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana no comparten datos, se está dando una situación en la que este último organismo ya ha detectado "algunas duplicidades".A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto-ley, el Gobierno central no contempla plantearse antes de 2021 la introducción de convenios con las comunidades autónomas para gestionar el IMV, por lo que el problema de las duplicidades puede seguir presentándose.

    Choque entre administraciones

    El reparto de las diferentes ayudas y el posible solapamiento ha implicado también los recelos de parte del Gobierno valenciano, pues la gestión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social puede haber ocasionado un agravio comparativo.

    El caso es que el 1 de junio el ministro Escrivá declaró a la emisora COPE que las administraciones autonómicas no habían sido "muy eficaces" en el reparto de ayudas de inserción mínima.

    Y para justificar que País Vasco y Navarra supusieran la excepción, habló de que este tipo de ayudas en estos territorios son "mucho más sofisticadas". En Valencia se dieron por aludidos, y la consejera Mónica Oltra destacó que la región había heredado en 2015 una Renta Garantizada de Ciudadanía del anterior Gobierno autonómico (PP) con un presupuesto de tan solo 20,5 millones de euros, y que la RVI que la sustituyó incrementó la dotación un 1000%, hasta llegar a los 229 millones consignados para el ejercicio de 2020.

    Etiquetas:
    crisis económica, pobreza, Renta Básica Universal, Instituto Nacional de la Seguridad Social de España, INSS, Valencia
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