Amnistía Internacional denuncia la "doble vara" en la política migratoria de España

MOSCÚ (Sputnik) — El informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo denuncia que España aplicó en los últimos meses una "doble vara de medir" a la hora de recibir a los refugiados.

En el documento contrasta la política de puertas abiertas hacia las personas procedentes de Ucrania o Afganistán mientras se repele con brutalidad en la frontera a quienes huyen de otros conflictos.

Esta respuesta contradictoria se visibilizó más que nunca los días 1 y 2 de marzo. Pocas horas después de que el Gobierno reafirmara su voluntad de acoger y ayudar personas procedentes de Ucrania, agentes españoles repelieron a golpes a migrantes subsaharianos en el vallado fronterizo entre Melilla y Marruecos.

Según el relato del Ministerio del Interior, los migrantes actuaron con "suma violencia, lanzando piedras, y usando garfios y palos contra las Fuerzas de Seguridad" en su intento de salto a la valla, lo que motivó la respuesta. Sin embargo, varios vídeos documentaron cómo en algunos casos los agentes también acorralaron y golpearon a migrantes que se encontraban solos, encaramados a la valla, sin ofrecer actitud de combate.

"No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla", resume Esteban Beltrán, director de AI en España.

¿Orgullo de país?

Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, el Gobierno español evacuó a 2.026 personas del país, y por primera vez permitió que personas de nacionalidad afgana solicitaran asilo en la Embajada de España en Pakistán. Por otro lado, España ya otorgó protección temporal a casi 25.000 refugiados ucranianos, concediéndoles permiso de residencia, trabajo y acceso a los servicios públicos.

En ambos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, animó a los ciudadanos a sentir un "orgullo de país" por el despliegue de solidaridad con los más necesitados. En paralelo a estos procesos, un total de 22.200 solicitantes de asilo y migrantes llegaron por mar a las islas Canarias en 2021. De acuerdo con las estimaciones más conservadoras, al menos 955 personas, entre las que había como mínimo 80 menores, murieron ahogadas cuando intentaban viajar hasta allí desde las costas de África Occidental.

En su informe, AI denuncia que las autoridades españolas no tomaron medidas para garantizar su acceso a "un procedimiento de asilo justo y eficaz" para estas personas, que en muchas ocasiones fueron hacinadas en centros de recepción —o directamente a la intemperie en pleno verano, como ocurrió en el muelle de Arguineguin (Gran Canaria)— en unas condiciones que les causaron "un sufrimiento innecesario".

"Las personas solicitantes de asilo no tenían acceso a información adecuada sobre sus derechos, y las autoridades no garantizaron su oportuna inscripción en el registro ni la tramitación de sus solicitudes. En septiembre, unos 1.000 menores no acompañados estaban en espera de la evaluación de sus casos y su documentación", señala el informe.

Devoluciones en caliente

Asimismo, el informe de Amnistía Internacional recuerda la crisis migratoria desatada en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas –entre ellas 2.000 menores no acompañados—entraron irregularmente al enclave español de Ceuta en apenas tres días después de que Marruecos dejara de vigilar su lado de la frontera en represalia por la acogida al líder del Frente Polisario en un hospital español.

Poco después, recuerda Amnistía, las autoridades españolas devolvieron a 2.700 de esos migrantes de forma "ilegal y colectiva" a Marruecos, sin analizar si cumplían los requisitos para recibir asilo, y haciendo "un uso excesivo de la fuerza" a la hora de expulsarlos.

"No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más", añade Esteban Beltrán.

Otras denuncias

Además de la cuestión migratoria, el informe de Amnistía Internacional manifiesta su preocupación sobre el respeto a los derechos humanos en otros ámbitos. Por ejemplo, afirma que España siguió en 2021 sin garantizar un acceso adecuado a los servicios de salud durante la pandemia y, sobre todo, lamenta que las autoridades no muestren voluntad para investigar las deficiencias a la hora de gestionar la crisis sanitaria en las residencias de mayores.

En adición, Amnistía denuncia que "persistió el uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades policiales, que la libertad de expresión y reunión sigue restringida por la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 –conocida popularmente como la "ley mordaza"– y que, pese a la aprobación de un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, los tribunales siguen blindando la "impunidad" de la dictadura.

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