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El golpe de 2019 quita el sueño a militares bolivianos

© AP Photo / Natacha PisarenkoEl golpe de 2019
El golpe de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2021
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LA PAZ (Sputnik) — Las ondas del golpe de Estado de 2019 sacudieron de nuevo este lunes (4 de octubre) a la estructura militar de Bolivia, con un sorpresivo reajuste del alto mando y renovados anuncios de juicio a exjefes insubordinados.
Contra la tradición de renovar la cúpula castrense cada fin de año, el presidente Luis Arce se anticipó y cambió a tres de los cinco miembros del alto mando y, en justificación de la medida, hizo un fuerte pedido de proceso a los militares involucrados en el golpe.
El relevo, apenas anunciado con minutos de anticipación y llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo, ocurrió poco más de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara un informe sobre la crisis de 2019, señalando a jefes militares, entre otros, como responsables de masacres y otros delitos.
El gobernante democrático electo tras la crisis política recibió en el acto la promesa de cooperación de los nuevos jefes.
La renovación de lealtad de la plana mayor militar al presidente constitucional ocurrió tres días antes de que el gobernador opositor de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, concurra a la fiscalía a declarar sobre el golpe, para el cual, según su propio relato, su padre coordinó el apoyo militar.
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Aunque imprevisto, el cambio militar del lunes (4 de octubre) no resultaba del todo insólito: la cúpula militar fue renovada totalmente por la presidenta transitoria Jeanine Áñez en noviembre de 2019 tras el golpe contra Evo Morales, y cambiada un año después por Arce, con un ajuste menor en el primer semestre de este año.
Los nuevos jefes son el general (Ejército) Augusto García, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; el general (Fuerza Aérea), Teófilo Medina, Jefe de Estado Mayor, y el capitán de Navío, Francis Enfraín Frank Salazar, comandante de la Armada, quedando por ahora ratificados los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Subordinación y democracia

"Cuando faltan la subordinación y disciplina en la institución armada, en el Estado y la sociedad, pueden reinar el caos y la incertidumbre, y los poderes más oscuros pueden hacerse del gobierno", advirtió Arce tras el juramento de rigor.
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Hizo la reflexión al denunciar que "los malos militares que participaron en el golpe de Estado de 2019 han traicionado a la principal enseñanza de la institución castrense: el honor", advirtiendo que no era "de ninguna manera aceptable" que algún oficial golpista "continúe su vida militar impunemente".
"Cuando el militar sea convocado para responder por hechos como los sucesos trágicos y luctuosos de 2019-2020, por principio moral, por el honor castrense, debe allanarse como cualquier ciudadano común y corriente para defenderse ante la justicia (…) sin hacer valer ningún cargo o nombramiento", demandó el gobernante.
Añadió que, en prevención de nuevos golpes, Bolivia necesita tanto unas Fuerzas Armadas que impulsen el desarrollo nacional y sean a la vez "poderosas (…), comprometidas con su pueblo, garantizando el imperio de la Constitución Política del Estado y de la estabilidad del gobierno legítimamente constituido".
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A la orden, presidente

El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas respondió a Arce con una explícita condena al golpe de 2019, prometiendo esclarecimiento del golpe y las masacres señaladas en el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
"Las Fuerzas Armadas colaborarán con la justicia, de acuerdo a nuestras leyes, reglamentos y normas, ya que estas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuito personal", dijo el general García.
Dirigiéndose al gobernante como "hermano presidente", García prometió "fiel cumplimiento de la Constitución para mantener la unidad de Bolivia, la integridad de la patria y garantizar la estabilidad de su Gobierno legalmente constituido".
García no identificó a los militares activos o en retiro que por sus "acciones de carácter intuito personal" durante e inmediatamente después de la crisis de 2019 serían puestos en manos de la justicia.
Entre ellos, según reportes públicos, destacan el excomandante en jefe Williams Kaliman, quien pidió la renuncia de Morales en el clímax de la crisis, y su sucesor, Sergio Orellana, quien comprometió luego el respaldo militar al gobierno transitorio de Áñez.
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Ambos excomandantes están prófugos, presumiblemente en el extranjero, según la fiscalía.
Al menos media docena de otros jefes, de rango menor, están en detención preventiva en el marco del juicio por el golpe en el cual la expresidenta Áñez es la detenida más importante.
El gobernador Camacho declarará esta semana en ese proceso, en condición de acusado.
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