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Ministro de Justicia de Bolivia: "No vamos a entrar a un pacto de silencio" con la oposición

© Foto : facebook.com/Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional BoliviaIván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia
Iván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 19.08.2021
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LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia no realizará un "pacto de silencio" con la oposición y no intercambiará un juicio contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) a cambio de que se apruebe un proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez (2019-2020), dijo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne.
"El presidente (Luis Arce) señaló claramente que no vamos a entrar a un pacto de silencio, de intercambio de juicio contra Morales por el de Áñez. No lo vamos a hacer", subrayó.
El ministro hizo estas declaraciones luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el 17 de agosto el resultado de su análisis sobre la crisis política en Bolivia en noviembre de 2019.
En el estudio, el GIEI calificó como masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.
A continuación, la conversación que mantuvo el ministro Lima Magne con Sputnik:
—¿Cómo recibe el Gobierno y qué medidas podría tomar frente al resultado del informe del grupo de expertos que confirmó masacres perpetradas por fuerzas de seguridad bajo el mando de Jeanine Áñez?
—El presidente (Luis) Arce lo ha definido como una cuestión de Estado. El Gobierno ha asumido un firme compromiso de cumplir las recomendaciones del grupo de expertos que tienen que ver con el sector justicia, con la Fiscalía, ajustes normativos y para el órgano ejecutivo con la derogación de un decreto de amnistía que se promulgó por parte del presidente Arce.
El presidente ya anunció que se va a derogar ese decreto y que vamos a dar cumplimiento a las recomendaciones del grupo de expertos. Eso implica que vamos a continuar un proceso de reforma de justicia que garantice esa cuestión de Estado que el presidente ve en los fallecidos durante todos los hechos que ocurrieron en 2019.
La decisión de Arce es la de fortalecer y terminar el proceso ya iniciado de transformación de la justicia, garantizando el informe de la GIEI. Es una cuestión de Estado lograr que no exista impunidad para ninguna de las víctimas. Lo recibimos como un compromiso.
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—Usted mencionaba la necesidad de hacer una reforma en la justicia. ¿Qué temas le gustaría al Gobierno modificar?
—El principal para garantizar la independencia de la justicia es la carrera judicial, la institucionalidad de nuestro país. Es que tenemos muchos jueces transitorios, lo ha cuestionado el GIEI. Ha habido un proceso marcado de desinstitucionalización, hemos tomado medidas concretas. Se ha iniciado un proceso de depuración dentro del órgano judicial y ahora estamos emprendiendo un camino para lograr la institucionalización de jueces y vocales. Hemos dejado varias convocatorias sin efecto cuando no se cumplían los criterios de meritocracia y de igualdad de género.
En Bolivia, la mitad de las juezas y vocales y magistradas deben ser mujeres y eso no se estaba respetando, por lo que la primera medida que ya estaba siendo trabajada por nosotros es lograr que no exista ningún juez transitorio. Para el 2023 tenemos un reto como país. En Bolivia elegimos a los jueces por voto popular. A raíz de este informe y de las ofertas que hizo Arce, vamos a revisar ese proceso de elección de jueces por voto popular. Es necesario fortalecer y mejorar la elección de las altas autoridades de la justicia. Te diría que ese concepto de independencia judicial se ha adquirido en todos los países de la región, con procesos serios de institucionalización, formación. Estamos en ese camino para lograr que ese primer elemento quede consolidado.
Un segundo elemento es mejorar los presupuestos, los que tiene la Fiscalía no son los suficientes para cumplir toda la agenda que nos ha recomendado el GIEI. Estamos trabajando para volver al sistema de justicia mucho más eficiente. Hay una reforma del registro de la propiedad, del servicio de notarías y de todo lo que es el dominio de bienes. También está la tercera medida, que es proteger a los bolivianos más vulnerables. Tenemos un mandato claro del GIEI que es realizar una cumbre que se haga entre todos los bolivianos para encontrar una solución al problema de racismo del país, que fue estructural a la crisis que pasó en 2019. Defender a los más vulnerables, a los indígenas, a los niños siempre debe ser la prioridad de un Gobierno.
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—¿Cuál cree que es la situación de Áñez a partir de este informe? ¿Cuál podría ser su pena?
—La señora Áñez está siendo juzgada por autoproclamarse en una asamblea sin cuórum y el informe señaló con contundencia de que no ha habido una acción constitucional. Este es uno más de los elementos que muestra que existió un golpe de Estado en el país. Sin embargo, además de ese tema, tenemos en curso un juicio de responsabilidades por las masacres que hubo en el país y por todas las violaciones a los derechos. Ese juicio tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa (Plurinacional).
El fiscal va a remitir el proceso ante la Asamblea y debe ser ella quien autorice el juicio contra Áñez. Esa autorización necesita dos tercios de votos, que no tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS, gobernante) en este momento, por eso está la interpelación de nuestro Gobierno al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y al gobernador (Luis Fernando) Camacho. No queremos que sea un discurso vacío el que digan ellos, sino que haya un compromiso de que van a apoyar el juicio contra Áñez. Todavía ese tema está en curso, esperamos que en los próximos días pase a la Asamblea. En este momento hablar de una pena, cuando el juicio no está autorizado, es adelantarnos mucho.
Está en manos de Mesa y de Camacho no proteger la impunidad de estos grandes crímenes.
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—Usted mencionaba que con los votos que hay en la Asamblea no se podría aprobar el juicio. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que la oposición cambie de opinión?
—Es una cuestión de Estado garantizar a los bolivianos justicia. Una medida es el juicio de responsabilidad, ese es un camino, pero también tenemos un proceso abierto contra Áñez en su calidad de senadora, no de presidenta, que está en tramitación en los tribunales de Bolivia. No sería noble y no hablaría bien de la oposición que luego del informe del GIEI niegue justicia a las víctimas. Estamos convencidos de que la posición de ellos de no dar curso a un juicio es inviable jurídicamente y políticamente y debieran ellos pronunciarse a favor de la justicia, no dejar en impunidad estos graves crimines.
¿Qué opciones tenemos? Yo diría que el GIEI marca un punto de inflexión. Siempre se ha dicho que el MAS tenía una retórica y relato de golpe y masacres y se ha acusado que los militantes habían querido estallar el lugar del gas en Senkata (oeste), que se habían disparado entre ellos, y ahora ha quedado claro que esto no es así. Que la situación ha sido de ejecuciones sumarias y de graves vulneraciones a los derechos humanos.
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El único discurso de Mesa, Camacho y de toda la oposición ha sido el de la transformación de la justicia. Esto parece más una excusa que una respuesta. Pedir que la justicia se transforme, cuando se sabe que esos procesos se dan a mediano y largo plazo, no parece sino una excusa que busca la impunidad. Eso no lo vamos a permitir. El presidente señaló claramente que no vamos a entrar a un pacto de silencio, de intercambio de juicio de Morales por el de Áñez. No lo vamos a hacer. Para nosotros las víctimas son muy importantes y definitivamente pensamos que la oposición boliviana no está siendo sino generar una condición de impunidad que nosotros no estamos dispuestos a aceptar.
Vamos a seguir en la línea del presidente todos los trabajos de la reforma de justicia, que no va a tener solo la visión del Gobierno, sino que estamos generando mecanismos de supervisión internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con (la alta comisionada de Derechos Humanos) Michelle Bachelet para que la reforma garantice a todos los bolivianos las garantías del debido proceso, que sea una justicia imparcial.
Si usted revisa los titulares de la prensa, se señala que ha habido grandes violaciones a los derechos tanto durante el Gobierno de Evo Morales como el de Áñez y (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro ha señalado en Twitter que va a remitir este informe a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, esa es la línea que están siguiendo ellos. Lo que están señalando es que no esperan que la justicia pueda dar una solución en el marco de la Constitución. Eso para nosotros no es más que una excusa para no procesar a ninguno de ellos.
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Lo que ha hecho Almagro es un despropósito jurídico. La Corte Internacional de Justicia atiende casos entre los estados. Contrariamente, nosotros sí podríamos reclamarle a Argentina y Ecuador por haber mandado armamento. Lo estamos evaluando internamente, estamos convencidos de que hubo un Plan Cóndor (coordinación represiva) en la región con el envío de armamento al país, pero no es un tema que pueda afectar a Morales.
Lo que ha dicho el GIEI es que hubo una represión a la protesta social de movimientos de mineros y estudiantes que se dirigían a La Paz. En ese capítulo no hay un solo muerto ni desaparición, como sí sucedió con Áñez.
Además, el fallecimiento de dos personas fue un enfrentamiento entre civiles. La oposición está queriendo poner en la balanza como si fueran equivalentes estos hechos cuando no lo son.
—¿Qué piensa sobre la propuesta de Venezuela de investigar a Luis Almagro por su presunto apoyo al golpe de 2019?
—Es una de las líneas que estamos siguiendo. La próxima semana va a haber un (encuentro del) Consejo Permanente de la OEA. Lo hemos solicitado y nos lo han otorgado, y vamos a estar con el canciller de mi país presentando los argumentos que tienen que ver con la intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia. Nuestro compromiso con la justicia y con las víctimas llega a Luis Almagro, pensamos que es un autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos.
—¿Entonces la semana que viene van a presentar una propuesta de investigar a Almagro ante la OEA?
—Vamos a empezar a plantear la estrategia. Una parte de la estrategia es presentarlo ante el Consejo Permanente, que va a ser la próxima semana para analizar la actuación de Almagro sobre los procesos electorales en Bolivia, y se ha logrado a través de la irresponsabilidad de Almagro y del grupo de observación electoral lo que el GIEI ha reconocido. Vamos a iniciar una estrategia.
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—Usted mencionó que hubo un Plan Cóndor. ¿Cree que EEUU tuvo que ver en la crisis de 2019?
—Aun no tenemos indicios. En una investigación como la que estamos emprendiendo, necesitamos evidencia para decir algo como eso. Por el momento tenemos evidencia que el Gobierno de (Mauricio) Macri (en Argentina) ha enviado al país armamento no letal y ha generado un proceso que claramente es de tráfico de armas, porque no estaban declaradas ni en la aduana argentina ni ha ingresado legalmente en mi país. Lo mismo pasó con Ecuador. La diferencia es que actualmente no se está haciendo el seguimiento debido a este grave caso y en este momento no podríamos hacer una afirmación con relación a EEUU.
—¿Bolivia podría presentar cargos contra los expresidentes Lenín Moreno, de Ecuador, y Mauricio Macri, de Argentina?
—La justicia boliviana, en caso de que encuentre pruebas suficientes, no puede permitir la impunidad, pero hay mecanismos más eficientes cuando se trata de derecho penal internacional cuando hay dos países de estados. Podríamos hacerlo como Estado, pero aún estamos en etapa inicial, vamos a evaluar todas las decisiones. Reitero, es una política de Estado encontrar la verdad sobre la muerte de bolivianos y nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias todos los procesos judiciales para garantizar que ningún fallecido quede sin justicia.
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