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Los independentistas catalanes, indultados: ¿por qué el revuelo es mucho mayor que en otros casos?

© Europa Press / David ZorrakinoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España' - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2021
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La tensión en torno a la medida de gracia aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez contrasta con otros indultos controvertidos del pasado, aprobados con escasa difusión pública. A juicio de los expertos, la diferencia es el actual desacuerdo de los poderes fácticos y una sobreactuación de la derecha, que busca modificar el modelo democrático.
La agenda política española de las últimas semanas viene marcada por los indultos finalmente concedidos por el Consejo de Ministros a los líderes independentistas encarcelados, medida que previsiblemente continuará avivando el debate jurídico y redoblando el revuelo mediático. La situación contrasta con el eco que produjeron otras medidas de gracia en el pasado, de menor alcance en la opinión pública.
Desde los años ochenta, diferentes gobiernos, de uno y otro signo, procedieron a indultar a presos condenados por toda una variedad de delitos. Los casos del general golpista Alfonso Armada (indultado en 1988), del exministro del Interior José Barrionuevo y del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera (ambos encarcelados por delitos de terrorismo de Estado y perdonados en 1998), o los indultos concedidos a banqueros como Alfredo Sáenz (2011) o a jueces prevaricadores como Javier Gómez de Liaño (2003), no generaron las mismas tensiones ni provocaron choques entre Gobierno y oposición. Tampoco fue habitual que el Ejecutivo tuviera que argumentar su decisión en contra del criterio del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, si bien el Tribunal Supremo se opuso al indulto de Gómez de Liaño mediante un informe. Es más, no hubo una atención mediática comparable.
En España se han concedido 10.652 indultos desde 1996, según datos de la Fundación Civio. En su mayor parte se beneficiaron personas que cometieron delitos contra la salud pública o robos. Pero en relación a las condenas totales, los condenados por malversación, delitos contra el medio ambiente o contra las libertades individuales acumularon el mayor porcentaje de perdones. De los 232 indultos en casos de corrupción, los distintos Gobiernos del PP concedieron 152, casi todos a cargo de los Ejecutivos liderados por José María Aznar (139). José Luis Rodríguez Zapatero otorgó 62 y Mariano Rajoy 16. Felipe González, solo 10.
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No están de acuerdo

Pero a diferencia de notorios casos pasados, ya sean militares golpistas, o jueces y banqueros corruptos, las actuales medidas de gracia suscitan un revuelo incomparable. En la escena política, el líder del principal partido de la oposición española, Pablo Casado, ha llegado a declarar que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros "desarma el Estado de derecho".
Ningún político había emitido anteriormente juicios de esta naturaleza, tampoco se hizo desde ninguna instancia institucional, ya se tratara de militares golpistas o de exministros condenados por terrorismo de Estado. ¿A qué cabe atribuir esta diferencia en el tratamiento de la medida antes y ahora? "A que los poderes reales estaban de acuerdo en los anteriores indultos y esta vez no", declara tajante a Sputnik el politólogo Manuel Monereo, quien también alude a los poderes "fácticos", para explicar el consenso con el que se acogieron los indultos a los condenados por terrorismo de Estado en 1998. "De una u otra manera se ponía en cuestión el régimen del 78 y había que pasar página".
Sin embargo, uno de los representantes de esos poderes reales, el presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, el 17 de junio se mostró favorable a la medida si esta contribuye a que "las cosas se normalicen", lo que le valió numerosas críticas. "Para los poderes económicos, lo interesante ahora es la recuperación económica y el trasvase de fondos europeos. Ellos necesitan estabilidad para impulsar los negocios. Pero como dice Garamendi, la polarización política es extrema", señala Monereo.
Es decir, los negocios podrían beneficiarse de una nueva atmósfera, supuestamente más tranquila, a partir de la concesión de los indultos. "Esa es la estrategia del Gobierno, pero yo no lo veo, porque no tiene un proyecto claro. Destensemos, dialoguemos, debatamos. Muy bien. Pero, ¿adónde vamos? Esa es la principal debilidad del Gobierno".
A juicio de Monereo, el Ejecutivo de Sánchez se halla emparedado entre dos proyectos muy claros: el independentista catalán y el nacionalista español. Aunque el primero no es viable legalmente, recuerda, "su programa mínimo está muy por encima del programa máximo del Gobierno". Y el segundo se acentúa con Vox. "Están en desacuerdo con el Estado de las autonomías y piden una recentralización, lo cual deja al PP en una situación contradictoria".

"Ante ese 'impasse', el Gobierno debería ser motor de una tercera posición, que desde siempre se ha llamado Estado federal. El título VIII de la Constitución existe hoy solo nominalmente. Hay juristas que lo han dicho: desde el punto de vista jurídico-constitucional, el Estado de las autonomías ya no tiene respaldo legal. Si esto es así, el Gobierno debería defender una salida federalista. Las otras posiciones son claras e inequívocas, pero el Gobierno no la tiene".

Manuel Monereo
Politólogo

Tensiones y negociaciones

Una de las consecuencias derivadas de la amenaza de secesión en Cataluña ha sido la polarización de las derechas en España. "Vox sería casi impensable de no existir la rotura catalana", afirma Monereo, quien asume tanto el beneficio electoral para la derecha en su conjunto como la existencia de un "acuerdo implícito" entre el PSOE y ERC.
Simultáneamente, en el ámbito independentista está teniendo lugar una "lucha denodada" entre dos líneas políticas que representan tiempos y formas diferentes. "El independentismo está dividido porque está haciendo de los indultos una batalla por la hegemonía entre JxCat y ERC".

¿Un cambio de modelo?

Otra de las críticas vertidas desde el Partido Popular hacia el Gobierno es que, con los indultos, "el Gobierno busca un cambio de régimen", sostiene Pablo Casado. ¿Tal vez el líder del PP vislumbre en el horizonte una posición federalista que el Gobierno no acaba de exponer? Para Manuel Monereo, los populares saben que el Gobierno nunca accederá a las pretensiones de los independentistas y le da la vuelta al argumento. "Tapan la realidad, porque los que quieren un cambio de régimen son ellos".
"¿Por qué entonces Isabel Díaz Ayuso mete al rey en este debate? La nueva mayoría en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la alianza entre PP y VOX, representa un bloque nacional conservador español y cree que ha llegado el momento de plantearse una radicalización de los procesos políticos que conduzcan a una nueva democracia, que yo llamaría autoritaria".
Manuel Monereo
Politólogo
Esta radicalización tendría como fin construir una democracia "restringida o militante", llamada a superar el régimen surgido en 1978. "Una que prohíba el Partido Comunista y el independentismo. Es una democracia que ya tiene modelo en Hungría, Polonia y Ucrania, donde ellos definen las reglas del juego y eliminan lo que ellos denominan extremos, aunque en el fondo lo que prohíben es la izquierda comunista".
"Por eso meten al rey en la partida, para estrechar la maniobra política", advierte Monereo. "Lo presionan diciendo que no firme los indultos y recordándole que son los únicos que apoyan su figura". En septiembre, el líder de Vox, Santiago Abascal, defendió en el Congreso de los Diputados, sin éxito, una reforma de la Ley de Partidos para poder ilegalizar a varias formaciones políticas nacionalistas del hemiciclo. Anteriormente, defendió la ilegalización de Podemos.
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Apelando al rey

La tensión generada con los indultos sirve a un propósito de deslegitimización del Gobierno, asegura Monereo. "Pero para esta operación política la derecha necesita la legitimidad del rey", recalca, recordando que hasta ahora Felipe VI ha sido lo suficientemente hábil para modular a conveniencia el discurso. "Se sabe en minoría social y tiene claro que si se identifica con la derecha dura, su futuro es muy escaso. Ya le pasó a Alfonso XIII".
"El objetivo principal de la jugada es decir que el Gobierno nunca ha sido legítimo y que está fuera de la legalidad, por lo que el rey debe propiciar una crisis constitucional. Pero el rey no lo va a hacer, por ahora".
"Es poco inteligente pensar que el rey, cuyo mayor problema es su padre, va a intentar jugar en el lado de la extrema derecha. Y precisamente porque no comete esta torpeza, Ayuso lo mete en el debate, para obligarse a posicionarse. No veo clara la posición del Gobierno, pero en la del PP hay algo más de lo que dice el PP: una disputa en su seno entre el ala más dura que ha salido en Madrid, situando al rey en el debate político para ir a un nuevo régimen político de facto", concluye este politólogo.
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