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¿Qué les pasa al PSOE y Unidas Podemos? ¿Llegarán al final de la legislatura?

© AP Photo / Manu FernandezPedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso.  - Sputnik Mundo, 1920, 20.02.2021
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El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no está atravesando su mejor momento de estabilidad política y consenso. El suma y sigue de desencuentros es cada vez más abultado y el clímax de esta tensión entre socios ha llegado sin duda con la semana del encarcelamiento de Pablo Hasél.
España está sufriendo unas jornadas de intensas protestas en la calle con motivo de la condena del rapero acusado, entre otros delitos, por el de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Aunque Hasél tiene varias causas abiertas, estos serían los delitos condenatorios y definitivos por los que entra en prisión, y suponen un caldo de cultivo propicio para alimentar los titulares de prensa más efectistas.
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El asunto Hasél ha vuelto a poner sobre la mesa el polémico debate sobre la libertad de expresión en España y ha puesto de manifiesto las escisiones en el Gobierno al respecto por varios motivos. En primer lugar, por la incapacidad para ponerse de acuerdo en la prometida reforma del Código Penal y Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más popularmente conocida como ley mordaza (ambas entraron en vigor el 1 de julio de 2015), una promesa con solera que no se ha materializado, y necesaria para evitar que casos como el de Hasél vuelvan a producirse, por ejemplo, porque regulan los delitos por los que se imputa al rapero.
En este sentido, y en la semana en la que el músico había recibido un ultimátum por parte de la Audiencia Nacional para ingresar en prisión en un plazo de diez días, Moncloa sorprendió a medios y compañeros de coalición (Unidas Podemos), sacando un comunicado nocturno (lunes, 8 de febrero) por parte del Ministerio de Justicia que encabeza Juan Carlos Campo, en el que se adelantó a su socio de Gobierno y anunció que impulsaría una reforma de los delitos relacionados con la libertad de expresión. El comunicado hablaba de revisar los delitos relacionados con “excesos” en el ejercicio de esta libertad de expresión para eliminar las penas de cárcel.
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El enaltecimiento del terrorismo, la ofensa a los sentimientos religiosos o a las injurias a la Corona serán algunos de los afectados. De esta manera, el PSOE se adelantó a Unidas Podemos que a la mañana siguiente tenía previsto registrar una propuesta de ley muy parecida en el Congreso para reformar los mismos delitos, pero finalmente, la medalla fue para la cartera de Justicia en colaboración con el Ministerio del Interior, y no para la formación morada, que no dudó en hacer público y manifiesto su enfado y acusó a su socio de coalición de incumplir el acuerdo de gobierno. Sin embargo, los socialistas negaron "descoordinación", le quitaron importancia a la existencia de dos propuestas similares y atribuyeron el hecho al clima de campaña electoral de los días previos a las catalanas.
Fue un órdago de libro para apuntarse méritos en una semana difícil que, sin embargo, días después se está demostrando que no ha surtido, de hecho, el efecto que se esperaba porque la entrada televisada en la cárcel de Ponent del rapero no ha apaciguado, ni mucho menos, los ánimos, y la necesidad de reformar las leyes se torna, cada vez más, en un imperativo que debe ser de carácter tangible e inmediato.
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La condena al músico ha provocado un polvorín callejero en varias ciudades españolas como Barcelona, Girona, Granada, Valencia o Madrid, donde continúan las protestas. Hasta el momento hay más de 50 detenidos y decenas de heridos. El caso más grave es el de una joven de 19 años en Barcelona que ha perdido un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de foam lanzada por los Mossos d'Esquadra tras los disturbios del 17 de febrero. Violencia contra violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes con discursos políticos divididos al respecto sobre la actuación de unos y otros que están incendiando la coalición de Gobierno.
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Por un lado, la chispa la puso Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, con un tuit tras la primera noche de disturbios en el que manifestaba su apoyo "a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles". Pero este manifiesto no ha gustado a algunos miembros del PSOE como a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha asegurado que "una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos y detenidos".
Los disturbios están provocando una escisión todavía más grande en la brecha de Gobierno y el propio presidente Pedro Sánchez ha tenido que salir a (tratar de) apaciguar las aguas, aunque con un posicionamiento contundente: "En una democracia plena, como es España, la violencia es inadmisible", ha señalado. Casi al mismo tiempo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado la "violencia inadmisible" y ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, criticada por su socio minoritario. Varios ministros socialistas reclaman mano dura a Sánchez y le piden un golpe de autoridad para que Unidas Podemos sea claro y condene de manera explícita la violencia ejercida por algunos manifestantes durante las protestas.

¿Crisis de identidad?

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Para Aníbal Garzón, sociólogo y analista internacional, consultado por Sputnik sobre cuáles son los motivos que estarían llevando a Unidas Podemos a no condenar explícitamente la violencia callejera; la formación morada "tiene un doble juego que termina siendo un juego demagógico", sostiene. "Tiene miedo de hacer una crítica oficial sobre la violencia ejercida de la Policía, pero lanza un tuit a través de la cuenta de Pablo Echenique, para que la gente sepa que ellos son antifascistas y reivindicar ese papel crítico desde su formación, pero la gente no les cree".
"Podemos tuvo un problema interno grave porque se enfocó mucho en el tema electoral. Quiso entrar en el gobierno alegando que podía hacer presión interna y cambiar las cosas desde dentro, pero ha dejado de lado sus círculos, sus bases, estar en la calle, los movimientos sociales. Ha generado una profunda contradicción y ha perdido gran parte de su base electoral".
Para Pablo Simón, politólogo especializado en sistemas de partidos y sistemas electorales, "uno de los problemas que tiene este Gobierno es la falta de procesos de coordinación interna". El politólogo no asigna mayores responsabilidades a uno que otro, pero cree que "tienen que pensarse en serio cómo canalizar las discrepancias a través de los mecanismos formales de entendimiento para hacer política".
"Discrepancias hay en todos los partidos", explica, "pero que todas las diferencias se manifiesten a través de la opinión pública y que esto pueda traducirse en que los socios se torpedeen el desarrollo de la legislatura, eleva a un punto la anomalía de la situación que estamos viendo".
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Con el caso concreto de las críticas de Unidas Podemos que pudieran parecer contradictorias porque critican a un Gobierno del que ahora forman parte, Simón explica que este partido "quiere seguir siendo el puntal de protesta y por eso lanza mensajes que buscan provocar al establishment". Como el tuit de Pablo Echenique.
El problema, claro, es que ellos ahora también son el establishment. ¿Están haciéndose oposición a ellos mismos?
"Ellos son Gobierno y es muy complicado mantener ese equilibrio que tratan de hacer", sostiene el experto. Por un lado, mantenerse en el Ejecutivo con perspectivas electorales, y por otro, poner en tela de juicio la democracia española que abandera ese mismo Ejecutivo, criticándola desde la base, como hizo Pablo Iglesias en calidad de vicepresidente segundo del Gobierno en una entrevista con el diario Ara cuando dijo que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática".
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¿No debería él, entonces, en su calidad de vicepresidente del Gobierno, garantizarla?
Para Aníbal Garzón, esta división entre socios era "previsible". "Antes, Podemos hablaba de casta cuando se dirigía a la clase política y ahora participan de ello y eso le genera contradicción. Está dentro del gobierno, pero no sabe cómo criticar al gobierno sin que siente mal en el gobierno…" sostiene.
"Es un partido que tiene poco tiempo y no ha sabido estructurar bien su organización, generar cuadros políticos sólidos y una estructura fuerte capaz de solventar mareas de este tipo e incluso sus propias divisiones internas".

¿Llegarán al final de la legislatura como socios?

Una de las incógnitas que aparecen como un fantasma de futuro a medio plazo sería la posibilidad de que las diferencias entre los socios de coalición llegasen a tal punto que fuese imposible terminar la legislatura, lo que conllevaría un adelanto irremediable de las elecciones. Sin embargo, ninguno de los dos expertos consultados por Sputnik cree en esta opción como algo que pudiera pasar realmente.
"Aunque haya mucho ruido la coalición va a continuar", sostiene el politólogo Pablo Simón. "Estamos en un contexto de crisis económica y a ninguno de los dos socios les interesa romper la coalición. Tal vez se puedan generar más roces, pero no se va a romper el gobierno, sobre todo teniendo aprobados los presupuestos".
"Sí que van a terminar la legislatura, es parte de la campaña. Si se rompe el Gobierno, ¿cuál es el coste político?", se pregunta, por su parte, Aníbal Garzón.

Algunos de sus últimos rifirrafes

Aparte del ya mencionado encontronazo por ver quién llegaba antes a ponerse la medalla con el registro para impulsar reformas en el Código Penal, ha habido otros encuentros desencuentros recientes que han dejado en evidencia la tensión en la que conviven los socios. Algunos de los más señalados:
La ley Zerolo
En un alarde de lo que podría ser extrapolado a la política del clásico "esto es mío", "no, es mío", el pasado 21 de enero, los socialistas presentaron en solitario una proposición de ley en el Congreso que, según estaba pactado, iban a registrar ambos socios de manera conjunta. Se trata de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, más conocida como ley Zerolo, en homenaje al fallecido Pedro Zerolo, político y reconocido militante LGTBI del PSOE. Unidas Podemos no ocultó su malestar y criticó duramente el adelanto del PSOE que, a su vez, se excusó señalando a los morados que faltaron a los tiempos acordados. "Se ha registrado sin contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad, que es el competente en la materia"; denunciaron fuentes de la formación morada en aquel momento, sin ocultar que la maniobra les había pillado por "sorpresa".
La ley Zerolo pretende otorgar una protección real frente a todo tipo de discriminaciones y tiene el objetivo de "prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador”, destaca el anteproyecto presentado por el grupo socialista.
En materia de igualdad y derechos y libertades de género, también ha habido (y continúa habiéndola) polémica y división con la ley trans. Pocos días después de la polémica con la ley Zerolo (¿revancha?), el Ministerio de Igualdad que depende de Irene Montero, publicó el borrador de ley para la Ley de Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans (conocida como ley trans), y se reactivó una polémica que no es nueva entre el Gobierno y tampoco entre varios sectores feministas divididos ante la nueva normativa, cuyo principal escollo llega por el punto que ampara la libre autodeterminación de género y que implicaría que cualquier persona pueda cambiar su nombre y su sexo en el registro civil solo con una declaración expresa.
Cuando Unidas Podemos hizo público este borrador el 3 de febrero, el PSOE se apresuró a señalar que era obra exclusiva de su socio minoritario y que no contaba con su beneplácito. Además, advirtió a la cartera de Igualdad de que para llegar al texto definitivo de la propuesta de ley era necesario consultar a otros departamentos como los de Sanidad y Justicia, pertenecientes (claro) al grupo socialista.
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Pareciera resultar que hay un evidente "acción-reacción" en cómo han actuado los miembros de la coalición en el caso de estas leyes en materia de igualdad social y de género. Era a Igualdad a quien le correspondía presentar la ley Zerolo, y el PSOE se adelantó porque se trata de una normativa que este grupo viene amparando desde hace años con diferentes proposiciones, y además lleva el nombre de uno de sus militantes y dirigentes más queridos y simbólicos para la causa.
Unidas Podemos responde con la misma moneda pocos días después y presenta una ley trans radicalizada, que sabe que levantará nuevas ampollas y no solo con el PSOE, sino también con el movimiento feminista al completo por sus escisiones evidentes sobre la cuestión de cambio de sexo, género y la normativa jurídica al respecto. Los morados entienden que este espacio (al depender de Igualdad) es su competencia y se sintieron torpedeados por los socialistas. Lo que vino después fue traición sobre traición.
Concursante del espectáculo Miss Trans Star International 2016 celebrado en Barcelona, ​​España. 18 de septiembre de 2016 - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2020
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El Ministerio de Igualdad de España avanza con una Ley Trans que desata polémica
Que la política son pactos es una evidencia que no todos entienden a tiempo, aunque haya series memorables como la danesa Borgen que enganchen por haberse convertido en una guía utópica de la capacidad para negociar; algo que, durante las horas muertas de sofá y Netflix, muchos observaban ojipláticos, como deseosos de ese otro mundo nórdico y pluscuamperfecto. Pero no todo fue un camino de rosas para la primera ministra danesa Birgitte Nyborg (interpretada por la actriz Sidse Babett Knudsen), que a media calzada entre su aprendizaje a sobrevivir en el equilibrio de la coherencia y el mirar para otro lado, perdió a su marido, algo de su ética ilusoria y parte de su perfección irreverente e imposible, pero ganó otras cosas, como la avidez clara para distinguir el mal menor, o el bien mayor (y común) y actuar en consecuencia.
España no es Dinamarca, desde luego. Pero la oportunidad de responder a una ciudadanía ansiosa de políticos certeros es una primera vez en la historia de la (nueva) democracia de este país, y esa responsabilidad (y gran oportunidad) recae sobre el primer Gobierno de coalición tras la dictadura franquista. Sus siglas son centro-izquierda, socialdemocracia, progresismo. Su deber es la ciudadanía y la no neutralidad contra verdades absolutas. El caso Pablo Hasél es una prueba de fuego y de cómo salga de esta dependerá en gran medida su futuro más inmediato, y, en consecuencia, la estabilidad del resto de impertérritos que les contemplan.
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