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¿Qué es el plan de 1.000 días que Argentina quiere aprobar junto con la ley de aborto?

© REUTERS / Matias BagliettoManifestante a favor de la legalización del aborto en Argentina
Manifestante a favor de la legalización del aborto en Argentina - Sputnik Mundo
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A la par del proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente argentino, Alberto Fernández, presentó un programa de alcance nacional para acompañar a mujeres gestantes y madres no solo en los primeros meses del bebé sino hasta el tercer año de vida.
La propuesta para que Argentina tenga una ley de aborto legal, seguro y gratuito, que ya se discute en el Congreso nacional, fue presentada junto con otro proyecto de ley paralelo para ofrecer protección durante los primeros 1.000 días de vida de niños y niñas, destinado a que las personas gestantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica puedan asegurar un embarazo, lactancia y primera infancia con el menor riesgo posible.
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El proyecto de ley nacional de Atención y cuidado integral durante el embarazo y primera infancia busca reducir la mortalidad, malnutrición y desnutrición de las personas gestantes y de sus hijos e hijas y prevenir la violencia al proteger los vínculos tempranos, el desarrollo emocional, físico y de salud de manera integral.
Un plenario de comisiones de Salud y Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto que establece el plan de los 1.000 días. La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, detalló que la asistencia alcanzaría a 736.000 infantes y precisará de una inversión anual de 2.765 millones de pesos (34 millones de dólares, a cambio oficial actual).

¿En qué se basa?

El plan de los 1.000 días tiene un antecedente implementado desde 2016 en la provincia de San Juan, en la región andina del país, y un proyecto piloto con el mismo nombre desarrollado a partir de 2017 en ocho barrios carenciados del municipio de San Miguel, en la zona noroeste del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados fueron analizados por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), reconocida organización académica no gubernamental sin fines de lucro.
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"Los resultados fueron positivos, tanto para las madres que participaron del programa como para los bebés que nacieron, porque se observó una voluntad de cuidado de la salud, se garantizó el acceso a bienes de necesidad básica, se transmitieron habilidades para los cuidados y se acompañó en problemas en el fortalecimiento familiar", dijo a Sputnik Natalia Aquilino, directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de Cippec y coautora del informe de evaluación de la experiencia en San Miguel.
De acuerdo a la opinión de las personas entrevistadas en la evaluación, el Programa de acompañamiento familiar 1.000 días en San Miguel logró mejorar las capacidades de las madres para advertir posibles dificultades en la salud, tomar precauciones frente a situaciones riesgosas y asistir con más frecuencia a los controles médicos de sus hijos. Manifestaron desconocer los procedimientos y lugares específicos de atención, con lo cual la ayuda de acompañantes fue central para conseguir turnos en los centros sanitarios.
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"Vale la pena señalar algo que es quizás un poco contraintuitivo de lo que uno podría suponer de este tipo de programas, que tiene mucho que ver con el apoyo que se le dio a las mamás para todo lo que es la gestión más administrativa, de recursos materiales, información sobre cuidados; ahí hubo un diferencial interesante", comentó Aquilino.
La experta explicó que también se valoró mucho el acompañamiento de tipo alimentaria a través de la entrega de bolsones de comida, y otro hallazgo fue que el programa ayudó a las madres en temas referidos a la planificación familiar, tener un proyecto de vida propio, poder retomar estudios, asuntos más blandos de autoestima que el programa ayudó a consolidar.
"El tipo de programa, con distinto enfoque, se implementó desde 1975 en Jamaica, que es el que demostró los mejores resultados con relación a la educación posterior de los niños, también en la inserción laboral de los chicos que habían pasado por el programa. También hay intervenciones del mismo tipo con buenos resultados en Bangladesh, en Colombia. Hay muchos años de investigación que avalan que funcionan algunos aspectos cuando el programa es bien implementado", destacó.

¿Cómo funciona?

El proyecto de ley propone cuatro instancias de atención:
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La iniciativa prevé la provisión pública de insumos esenciales y el acceso a estudios de diagnóstico gratuitos durante la gestación y la primera infancia, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de seis a nueve mensualidades y amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que están excluidas de este beneficio.
Se articulará con las provincias y entre ministerios y organismos públicos de seguridad social para asegurar la detección de embarazos, se creará un sistema de alerta temprana de nacimientos y se pretende garantizar el derecho a la calidad nutricional hasta el tercer año de vida.
"En San Miguel no hubo un esfuerzo diferencial desde el punto de vista de la inversión presupuestaria, sino un uso más inteligente, más coordinado de los recursos que ya existen. En general, se puede hacer con el andamiaje que se tiene, poniendo algunos puntos muy específicos de control y quizás repensando una estructura que de por sí funciona medianamente bien", mencionó la magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, licenciada en Ciencia Política y posgraduada en Políticas Públicas y Desarrollo Local.
Aunque añadió que debe haber un buen nivel de capacitación entre quienes trabajan en territorio para atender las dificultades que presentan las familias, que requieren de un seguimiento más personalizado del asistente social para que el acompañamiento sea efectivo, que haya escucha activa y se pueda comunicar cuáles son los pasos que las madres tienen que dar para promover ese cuidado infantil más amplio y de calidad.
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A diferencia del plan de los 1.000 días, la iniciativa de IVE divide aguas tanto en la sociedad argentina como en el Congreso, diferenciamiento que es transversal a las fuerzas políticas. Si bien pareciera que en la Cámara de Diputados el oficialismo del Frente de Todos tiene mayor cantidad de legisladores que apoyan la medida, a diferencia de lo que ocurre entre los representantes de la oposición, en la Cámara de Senadores esta división no está tan clara.
En 2018, el aborto legal obtuvo una histórica media sanción en la cámara baja, pero la alta rechazó el proyecto. Se estima que ahora tiene mayores posibilidades de concreción desde la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, primer presidente en ejercicio en manifestarse a favor, y porque algunos representantes han cambiado su postura, particularmente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), máxima referente del peronismo gobernante, quien como actual vicepresidenta funge como presidenta del Senado.
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