Se trata de los primeros pasos en la tramitación de una ley que pretende dotar de mayor contenido a la todavía vigente Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, se contempla organizar una auditoría de los bienes incautados "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura (especie de auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo), así como prohibir la exaltación del franquismo, tanto mediante actividades, topónimos, nombres de calles y nombres de centros públicos, como en forma de asociaciones.
La #LeyMemoriaDemocrática impulsará medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. Se retirarán símbolos contrarios a la democracia, distinciones, títulos, condecoraciones o recompensas.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 15, 2020
➡️Prevé la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. pic.twitter.com/yrbIx7fxeB
Un trámite que no será breve
Tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros, el texto se remitirá a diversos órganos, como el Consejo General del Poder Judicial.
Eduardo Ranz: “A las víctimas republicanas del franquismo se les agota el tiempo” via @El_Plural https://t.co/HpRENtyFve Gracias por la entrevista @marisumoreno
— Eduardo Ranz (@EduardoRanz) August 17, 2020
Resoluciones judiciales aún no cumplidas
En España, familiares de represaliados y asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica suelen afirmar que la actual ley se quedaba corta y que la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los caídos solo debía ser el comienzo de algo más.
El letrado Eduardo Ranz, que logró la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación de víctimas en el interior del Valle de los Caídos, así como más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista, explica que el problema que rodea a las exhumaciones es que no se terminan de llevar a cabo. En declaraciones a Sputnik, este especialista en temas de memoria histórica explica que "la jerarquía normativa está por encima de los anteproyectos de ley".
El gran avance
El anteproyecto de ley aprobado supone cumplir con una de las exigencias que desde hace años formulan diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos: que el Estado asuma directamente el coste de las exhumaciones, y no las familias y las asociaciones de recuperación de la memoria.
"Es el mayor avance sin duda", comenta Eduardo Ranz. "El Gobierno asume su responsabilidad y todas las exhumaciones serán orientadas desde lo público". Hasta ahora la Ley de Memoria Histórica contemplaba la adjudicación de subvenciones a las familias y colectivos, que agrupadas mediante asociaciones o universidades presentaban sus proyectos de exhumación en concurso público.
A tal fin, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática anunció el 12 de septiembre una partida de 750.000 euros en concepto de subvenciones "a actividades de recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para 2020". El 60% se destinará a la exhumación de personas enterradas en fosas.
Al respecto, Eduardo Ranz refuta tal argumento. "Me viene ahora mismo a la cabeza una exhumación de unas monjas en Toledo, financiada por Intereconomía, que fueron asesinadas por unos anarquistas. Así que sí se han producido esas exhumaciones".
Carmen Calvo dijo ayer que ponen en marcha la semana que viene subvenciones para exhumación de fosas comunes del franquismo "porque no se puede perder un minuto más".
— Emilio Silva Barrera (@Emilio_Silva_) September 16, 2020
Aquí la vemos, tomando posesón como vicepresidenta del Gobierno, el 7 de junio de 2018, hace
1.198.080 minutos. pic.twitter.com/Vh2HCZtYHM
Posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco
Uno de los aspectos clave del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es que prohíbe actividades de exaltación y enaltecimiento de la dictadura. En este sentido, las organizaciones que hagan apología del franquismo o enaltezcan sus figuras dictatoriales dejarán de percibir financiación pública.
"Podríamos cambiar los estatutos, pero los actuales no entran en conflicto con la ley", declara a Sputnik Emilio de Miguel, secretario del patronato de la Fundación, al ser preguntado por los eventuales resquicios legales que pudieran ayudar a evitar la ilegalización. "Nosotros no pretendemos hacer apología ni de Franco ni de su época; nos limitamos a contar una versión, apoyada en documentos, testimonios y bibliografía. Damos una versión de una etapa de la historia de España que no significa una apología, sino lo que nosotros creemos que es la verdad".
En la fundación tienen previsto acudir al Tribunal Constitucional en caso de ilegalización. Su presidente, Juan Chicharro, declaró a la emisora esRadio estar dispuesto a trasladarla a otro país. "Si es preciso, nos vamos a un país libre".
"La fundación está en un ámbito académico e histórico del pasado", prosigue de Miguel en su explicación. En su opinión, la cuestión reside en la versión de la historia "monolítica y sectaria" de los actuales legisladores. "Lo terrible de esto es que quieren legislar en el pasado, ahí está el conflicto", dice, subrayando que esta organización se limita a abordar "una versión de Franco, de su época y de su labor como gobernante".
"Este anteproyecto de ley choca con los derechos recogidos por la Constitución y produce un conflicto legal", explica de Miguel, quien califica la situación de "extraña". "No es propio de un sistema democrático tratar de imponer una versión y no admitir matices, que no haya debate".
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— Fundación F. Franco (@FNFFranco) June 30, 2020
El camino legal para proceder a tal ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco tampoco será inmediato. "Habría que hacer una modificación en la ley de fundaciones para que no aparezcan, y una segunda modificación en la ley de asociaciones para que no vuelvan con otro nombre, explica el abogado Eduardo Ranz, quien defiende tal procedimiento. "Esa fundación está dedicada a una persona que empezó su régimen asesinando y lo terminó asesinando. ¿Dónde está el interés general en eso?"
Para Ranz, España no podrá equipararse "en términos procesales" con Alemania (donde están prohibidas las asociaciones que enaltezcan la figura de Adolf Hitler) hasta que se reformen estas dos leyes. "Aunque el comienzo de tramitación es el principio de algo", admite.
Es una vergüenza que desde Europa se obligue a España ilegalizar la fundación Francisco Franco. Lo vuelvo a repetir quién esté en contra de la ilegalización o fue beneficiario de una dictadura asesina o no tiene ni idea de lo que es la democracia. https://t.co/I59Ml0tWCy
— Marta ۞ (@MarinMartac) September 15, 2020
El rechazo de parte del arco parlamentario
El texto legal que se pretende sustituir, la Ley de Memoria Histórica, ya suscitó el rechazo del Partido Popular tras su entrada en vigor en 2007. Una vez llegado al poder, el expresidente Mariano Rajoy se jactó de no haber dedicado ni un euro a su aplicación.
Recientemente, el líder de Vox, Santiago Abascal, manifestó que el actual Ejecutivo español era el peor "de los últimos 80 años", afirmación que después recalcó y elevó hasta "los últimos 800 años". "El franquismo fue infinitamente mejor que este gobierno", convienen en la Fundación Francisco Franco, en boca de Emilio de Miguel. "Este gobierno es el peor en los 3.000 años de la historia de España. Es peor incluso que el de Casares Quiroga en marzo de 1936, porque son gente más inepta. Nunca en España ha habido gente tan indocumentada como en este Gobierno. Y luego la gestión de la pandemia, la gestión económica… y encima crean problemas", afirma.
🚩Nunca en 80 años un gobierno destruyó más PIB en España
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 9, 2020
🚩Nunca en 80 años aumentó tanto la deuda pública y el paro
🚩Nunca en 80 años un gobierno provocó mayor división territorial ni pactó con todos los enemigos de España
Esa es la verdad que tanto duele.
No callaremos.
Desde la bancada de Vox suele tildarse al Gobierno de coalición en España de "dictadura progre". "En realidad esto es una dictadura, esto es un gobierno tiránico", sostiene Emilio de Miguel. El PSOE es mayoritario, pero está coaligado con elementos que en el resto de Europa son inaceptables. Todavía no nos ha metido en la cárcel ni nos ha fusilado, pero porque no puede. Es un Gobierno parecido al de Venezuela, pero tirando al de Corea del Norte", remata.
Es en este contexto de polarización y aparente radicalidad donde se desenvuelve la tramitación del anteproyecto de ley. "Hay un enfoque erróneo sobre la memoria; es un enfoque de futuro, no de pasado", explica Eduardo Ranz. "La prueba es que las personas que ahora mismo están en la universidad, tienen una responsabilidad: son los garantes de que no vuelvan a suceder determinado tipo de cosas en España".
La Memoria Democrática ha sido durante muchos años una tarea pendiente en nuestro país. La #LeyMemoriaDemocrática marca un hito en el reconocimiento de los derechos de las familias de víctimas del franquismo y hace valer la justicia frente a la impunidad.#OrgulloDemocrático pic.twitter.com/MKB4hpxaVO
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 15, 2020
La anulación de sentencias
El anteproyecto de ley declara "ilegítimos" los tribunales formados durante la Guerra Civil y anula las condenas dictadas por motivos religiosos, políticos o ideológicos, también durante la dictadura.
"El punto de la anulación de sentencias es el menos realista", explica Eduardo Ranz. "Porque para producir una anulación de sentencias hay que especificar exactamente las fechas, las personas, los hechos… no se puede hacer una anulación general".
"El Gobierno puede generar ese derecho, pero es el órgano judicial a quien le compete revocarlo. Ese aspecto va a ser complicado", especifica este letrado, para quien el inventario y derechos incautados durante la dictadura también será un proceso difícil, por cuanto el anteproyecto prevé implementar "las posibles vías de reconocimiento a los afectados". "Después de inventariar hay que hacer una valoración entre el valor de entonces y el actual, y luego establecer la persona legitimada para reclamar", aduce.
Resumen de la #LeydeMemoria
— Manuel Márquez Berrocal (@ManelMarquezB) September 9, 2020
El Estado hará una auditoría del expolio franquista y anulará su justicia represiva. Prohibirá Fundación Franco.
Se abrirán las fosas de los asesinados por el franquismo.
Se hará justicia después de 80 años!#MemoriaHistoricahttps://t.co/QuXRbmX3rH pic.twitter.com/XcLMtUqaSl
¿Será posible juzgar en España crímenes del franquismo?
La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, en principio dedicada a investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura con arreglo al derecho internacional en materia de derechos humanos.
En opinión de este abogado, "y de los abogados que viajaron a Buenos Aires", "la jueza Servini nos dio lecciones de derechos humanos". "El problema", explica, "es que los exhortos de Servini entraban en España bien por la Audiencia Nacional, bien por Consejo de Ministros, y ahí se paralizaban". Ranz apunta que la Fiscalía y la Audiencia Nacional "tienen la oportunidad de ayudar en derechos humanos a las víctimas del franquismo".
"Pero esto no tiene que ver con la reforma de la Ley, sino con el principio de jurisdicción universal, que por desgracia perdimos hace seis años y no parece que vaya a volver", afirma, aludiendo a la reforma de 2014.
"El espíritu de esa reforma fue no investigar los casos relacionados con el Tíbet, con China, etc., y no podemos obviar que un 25% de la deuda española está en manos chinas cuando los chinos son dueños de los españoles al 25%", concluye.