Además, se invita a la campaña electoral arrastrando de nuevo las críticas y las alabanzas a la Transición española.
Como se demuestra cada 20 de noviembre, aniversario de la muerte del "Generalísimo", en España solo un puñado de nostálgicos siguen manteniendo su admiración y apoyo al dictador desaparecido en 1975. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como cualquier otro partido político, tiene todo el derecho de intentar poner fin al símbolo que homenajea a Franco en el Valle de los Caídos, pero hasta algunos de sus allegados aceptan que su iniciativa tiene más de chapuza jurídica que de justicia histórica.
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Lo que aparecía como un trámite sin grandes obstáculos y gran repercusión emotiva y política se ha convertido en motivo de crítica por las presiones que el Gobierno ha llevado a cabo incluso hasta el Vaticano, del que no recibió apoyo alguno, a pesar de las declaraciones oficiales que pretendían lo contrario.
La exhumación de los restos de Franco no aparece en ninguna lista de prioridades y preocupaciones de los españoles, pero la batalla judicial del gobierno de Sánchez con la familia del "Caudillo" convierte el asunto en materia electoral inevitablemente. Y no tanto como el hecho del desentierro en sí, como la representación simbólica de una historia reciente que repercute en la crítica a la transición política.
Una de las víctimas políticas directas de la polémica sobre el futuro lugar de entierro de Franco es la necesaria y tanto tiempo postergada investigación sobre las decenas de miles de ciudadanos cuyos restos fueron arrojados a fosas, comunes o no. Lo que sí puede considerarse como un fracaso político generalizado es la falta de consenso para dedicar un presupuesto consecuente a la recuperación de los restos de esos miles de muertos sin identidad esclarecida y, por tanto, sin sepultura digna y decente.
📎 🎥 Un artista pinta una paloma en la tumba de Franco https://t.co/aiql31UVFs
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 31 октября 2018 г.
Memoria histórica sin consenso
"Buscadores de huesos" y "estrategas del revanchismo". Así ha calificado en el Parlamento Andaluz el diputado de Vox, Benito Morillo, a los defensores de la Ley Memoria Histórica.
En su intervención, el representante del nuevo partido derechista señaló también localidades "donde fueron asesinados y enterrados cientos de españoles a manos de las milicias del Frente Popular".
La Transición española fue considerada un éxito en todo el mundo. Herederos del franquismo, comunistas, socialistas y democristianos pusieron las bases de una nueva convivencia que pasaba inevitablemente por una amnistía. Y en esa época, una inmensa mayoría aplaudía tanto la demolición del franquismo que el propio régimen puso en marcha, como el acuerdo de la izquierda, en ese momento especialmente representada por el Partido Comunista, para facilitar la recuperación de la democracia, aceptando la Monarquía y renunciando a la bandera republicana.
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La crítica a lo conseguido en ese periodo no es un tabú, pero conviene aclarar que la inmensa mayoría de los españoles aplaudieron el proceso.
Son los mismos que vivieron y sufrieron la guerra civil y los que sufrieron en mayor o menor medida la dictadura. Que el proceso no fue perfecto lo saben todos los participantes. Que a la muerte de Franco era imposible "purgar" Policía y Ejército de un día a otro es una obviedad. Que el terrorismo de ETA puso un empeño especial en su afán asesino para hacer capotar la llegada de la democracia es un hecho. Que décadas más tarde existan puntos negros como la falta de consenso para financiar la recuperación de los restos de miles de asesinados de los dos bandos es un fracaso de todos.
En la España actual, la crítica a la Transición cuenta con el respaldo del separatismo catalán, que sabe que la Constitución, aprobada mayoritariamente en Cataluña en 1978, impide la celebración de un referéndum de autodeterminación sin la participación de todos los ciudadanos españoles. Pero esa misma Constitución refleja para otros la desigualdad entre las diferentes regiones y piden la derogación de derechos económicos que se concedieron a ciertas autonomías.
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Revisar la Constitución es factible, incluso si ya se ha revisado en varios aspectos y se ha adaptado a la realidad social. Pero siempre sería preferible a partir de un consenso entre partidos y fuera del periodo electoral. Revisar la Transición es más bien tarea para historiadores, pues la historia, escrita por unos o por otros, siempre dejará descontentos, especialmente a los que han vivido en persona el relato de los hechos.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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