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    El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid finalmente ha optado por contratar los servicios de un grupo de 22 rastreadores del grupo privado hospitalario Quirónsalud por 194.223 euros. El contrato ha sido adjudicado de urgencia, tras fracasar el intento de formar grupos de rastreo con voluntarios universitarios y del Ayuntamiento capitalino.

    El equipo estará compuesto por 22 sanitarios (de los cuales dos son médicos) y su labor comprenderá la realización de entrevistas y seguimientos de contactos y casos sospechosos de COVID-19 en toda la provincia de Madrid a lo largo de tres meses.

    El grupo hospitalario privado Quirónsalud, el mayor de España, es el beneficiario de la adjudicación del contrato, que asciende a 194.223 euros. El procedimiento se ha realizado de urgencia, sin concurso previo, una adjudicación que desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) tildan de estar organizada "sin publicidad y con nocturnidad y alevosía". La misión del equipo contratado es realizar entre 190 y 220 encuestas diarias. El motivo oficial es la "falta de tiempo" para formar a los rastreadores.

    La decisión del gobierno regional madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, de recurrir a esta vía, se produce en un contexto en el que no han sido renovados los contratos del personal sanitario eventual movilizado durante la peor etapa de la pandemia en la región, en los meses de marzo y abril. En su resolución dictada el 7 de agosto por el área de Contratación del Gobierno madrileño, se afirma:

    "El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos. Por todo ello, se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas".

    Decisión polémica

    Los especialistas en Salud Pública venían advirtiendo de la necesidad de tener a mano amplios equipos de rastreadores tras el fin de la etapa de confinamiento. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso intentó primeramente conformarlos con jóvenes licenciados de las universidades y con personal del propio Ayuntamiento de Madrid.

    Pero tal intento ha fracasado. Y lo ha hecho en un momento en que la pandemia rebrota con fuerza en Madrid, cuyas autoridades sanitarias, además, han emitido informes con datos contradictorios sobre el número de casos asintomáticos. Un estudio epidemiológico del 4 de agosto incluso cuestionaba la conveniencia de reclutar rastreadores universitarios. La propuesta de reclutar estudiantes de los campus universitarios no fue bien recibida; varias facultades criticaron las condiciones laborales ofertadas. De resultas, los equipos de rastreadores seguían sin completarse.

    Cierta inconsistencia revistió los informes epidemiológicos de Madrid en los primeros días de agosto, pues consignaban que el sistema sanitario madrileño había detectado un 7,6% de asintomáticos en relación con el total de positivos confirmados. Una cifra tan baja (el global de la media nacional se sitúa en el entorno del 60% desde mediados de julio, según datos del Ministerio de Sanidad) suele ser un indicador de que la vigilancia epidemiológica no es eficaz, pues los equipos de rastreo son los que detectan casos asintomáticos.

    La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura tener "más de 400" rastreadores disponibles, un cifra alejada de la recomendada por las organizaciones médicas, que estiman que la tarea para una población como la de Madrid tendría que ser acometida por un equipo de entre 800 y 1.200 personas. Se trata en cualquier caso de un número muy inferior a la proporción de entre 15 y 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes que recomiendan los organismos internacionales.

    A finales de julio, Madrid contaba con un rastreador por cada 18.500 madrileños, mientras en Cataluña el indicador se reducía a uno por cada 10.000 catalanes y en Castilla-La Mancha a uno por cada 4.700 habitantes

    Críticas de la oposición y sindicatos

    La organización sindical Comisiones Obreras (CCOO) pedía la contratación para estas labores de las 1.291 trabajadores eventuales con titulación sanitaria que fueron contratados entre marzo y mayo para hacer frente al envite de la pandemia. Sus contratos no fueron renovados.

    José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha criticado la externalización del servicio de rastreo efectuada por el Gobierno de Díaz Ayuso (PP) por "pasar en solo unos días de pedir rastreadores gratis en universidades a privatizar un servicio esencial con la excusa de que no había tiempo para formarlos". Rosa Cuadrado, secretaria general de CCOO Sanidad, califica de "vergüenza" y "desfachatez" la decisión del Gobierno autonómico, y lamenta la adjudicación del contrato "a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas sí puedan cobrar".

    Pablo Perpinyà, portavoz de Mas Madrid, ha escrito en Twitter que la decisión del Gobierno regional "hunde y degrada de forma irresponsable lo público para que luego sus amigos hagan negocio". El jefe de la oposición en la Comunidad, el socialista Ángel Gabilondo, ha manifestado que la subcontratación "muestra incapacidad e improvisación en el control" de la epidemia en la región de Madrid.

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    privatización, rastreo masivo, Ayuntamiento de madrid, Más Madrid, Madrid, pandemia de coronavirus, coronavirus en España, COVID-19
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