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    Una de piratas: Venezuela reclama su oro al Reino Unido para enfrentar al coronavirus

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    El Banco Central de Venezuela demandó al Banco de Inglaterra para que los fondos del oro del país caribeño retenidos en Londres se transfieran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para combatir al coronavirus en el país. 'En Órbita' conversó con el analista internacional Basem Tajeldine.

    El Banco Central de Venezuela busca la liberación de 31 toneladas de su oro —por un valor de unos 930 millones de euros— que la entidad británica mantiene bloqueados. La retención es consecuencia de las sanciones impuestas a Venezuela por EEUU y el Reino Unido. Caracas solicitó que la transferencia se realice "con carácter de urgencia", propuesta que Londres ha rechazado.

    "Es natural que Venezuela reclame [a Reino Unido] por este acto de piratería, al retener un recurso que pertenece al pueblo venezolano. Reino Unido desconoce a un Gobierno legítimo y busca hacerse con estos fondos que el Estado venezolano necesita. La posición responde a un chantaje internacional dirigido por EEUU", dijo a En Órbita el analista internacional Basem Tajeldine.

    En tanto, el exdiputado del Partido Laborista británico, Chris Williamson, dijo a Sputnik que la negativa del Banco de Inglaterra contradice los esfuerzos del país en la lucha contra la pandemia.

    "EEUU ha retenido dineros del Estado venezolano, ha confiscado una empresa petrolera como CITGO [la refinería venezolana en EEUU]. No bastando eso, apoya bloqueos que violan normas de derechos humanos. (...) Lo más absurdo es el uso [de Washington] de la palabra 'ayuda humanitaria', cuando a Venezuela se le roban las posibilidades de adquirir insumos y medicinas para atender sus necesidades. La crisis humanitaria la crea EEUU y los países que lo apoyan", apuntó Tajeldine.

    La propuesta de la banca venezolana es que los fondos se transfieran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que que el organismo los gestione y destine a la compra de suministros sanitarios para afrontar la pandemia. El país sudamericano registra 824 contagios y 10 muertes por COVID-19.

    Bolivia entre la tensión y el escándalo político

    El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, amenazó con desconocer al Parlamento si en una semana no aprueba los ascensos de generales.

    "El órgano ejecutivo envía a la Cámara de Senadores la propuesta de los oficiales a ser ascendidos, y se está analizando. Hay rumores de que el órgano ejecutivo los aprobaría bajo decreto supremo, lo que va en contra de la Constitución", dijo a En Órbita el analista político boliviano Axel Arias Jordán.

    Por otro lado, el Gobierno interino de Jeanine Áñez pidió a la Justicia la prisión preventiva y el congelamiento de las cuentas del exministro de Salud, Marcelo Navajas. El funcionario, que estuvo en el cargo 42 días, fue destituido por la compra irregular de respiradores para atender la emergencia por el COVID-19.

    Según la información oficial, el Estado había comprado 170 equipos a un precio total de 4,7 millones de dólares, esto es 27.683 dólares por unidad. Sin embargo la empresa fabricante, (la catalana GPA Innova) detalló que el costo unitario es de 6.500 dólares.

    En su diálogo con En Órbita el experto entrevistado resaltó que esta situación le ha generado, además de un "daño económico al Estado", otro no menos importante a la salud pública, en un momento en que se necesita acceder a estos insumos por la crisis del COVID-19.

    Mohammed Mostajo, representante de Ciencia y Tecnología de Bolivia ante organismos internacionales, también está cuestionado. El yerno de la presidenta interina Jeanine Añez, asesor del Ejecutivo en la gestión de la pandemia, se desligó de las acusaciones.

    La compra de los respiradores fue mediante otras dos empresas intermediarias, una española y otra boliviana, y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que investiga el proceso.

    Mensaje de China

    Fuertes medidas de prevención sanitarias marcaron el inicio de sesiones del máximo órgano del país: la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que va hasta el miércoles 27 de mayo. Por el nuevo coronavirus, había sido pospuesta por dos meses.

    Más de 2.000 delegados se presentaron en el auditorio del Gran Palacio del Pueblo en Pekín, cubiertos con mascarillas y respetando los protocolos de seguridad. El presidente Xi Jinping lideró la apertura, que tuvo como principal eje la crisis de la pandemia, surgida en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. Las autoridades de la capital de la provincia de Hubei prohibieron el consumo de animales salvajes durante los próximos cinco años. Durante la conferencia además se abordarán temas como la producción, estabilizar las expectativas de la ciudadanía y fortalecer la gobernanza basada en la ley.

    En tanto, este viernes 22 será la apertura de la Asamblea Popular Nacional. El primer ministro, Li Keqiang, ofrecerá un discurso sobre los objetivos económicos y sociales del año, con énfasis en anuncios sobre empleo y reactivación de la economía. En el primer trimestre, el producto interno bruto de la segunda potencia económica mundial bajó un 6,8%, la cifra más baja desde 1992.

    El Gobierno respondió al presidente de EEUU, Donald Trump, quien lo culpó de haber "causado una matanza mundial" con la pandemia y amenazó con aplicar sanciones económicas. Pekín advirtió que podría tomar "medidas de retorsión" si Washington adopta esta nueva posición. La Casa Blanca ha sugerido, sin presentar pruebas, que el COVID-19 fue creado en un laboratorio y que escapó a los científicos de forma accidental.

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    sanciones, acusaciones, economía, coronavirus de Wuhan, EEUU, Xi Jinping, China, fuerzas armadas, Bolivia, oro, Venezuela, pandemia de coronavirus, COVID-19
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