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    LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno transitorio de Bolivia se sumó a la acusación penal contra su suspendido ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros funcionarios procesados por un sonado caso de corrupción en la compra de respiradores para la lucha contra la pandemia de COVID-19.

    "No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra, la vamos a barrer y botar (…), hemos solicitado la detención preventiva de todos los aprehendidos, por riesgo de obstaculización al proceso y riesgo de fuga", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

    Coímbra se refirió a Navajas como "exministro", aunque este no ha sido destituido formalmente ni ha renunciado, estando solo en condición de "apartado" por orden de la presidenta transitoria Jeanine Áñez del cargo que había ejercido por 42 días.

    Navajas, aprehenbdido desde el 20 de mayo en la Policía anticrimen, sería el segundo Ministro de Salud boliviano caído en plena crisis sanitaria, luego de la renuncia de su antecesor Aníbal Cruz, el 8 de abril, tras disputas en el Gobierno sobre una intervención a los servicios departamentales de salud.

    El Ministro de Justicia dijo que la unidad de Transparencia de su oficina había seguido el proceso de compra de los 170 respiradores de la marca GPA Innova de España, de los cuales diversos sectores denunciaron que tenían mala calidad y sobreprecio.

    Entre supuestas irregularidades, Coímbra citó los despidos de dos abogados que objetaron por razones técnicas y legales la compra en trámite acelerado hecha por una agencia estatal de insumos médicos, por instrucción de Navajas.

    El ministro suspendido también incurrió en ilegalidad al haberse constituido en el solicitante directo de un equipamiento, pasando por encima de la agencia encargada de esa tarea, añadió Coímbra.

    El titular de Justicia confirmó que de los 4,7 millones de dólares fijados como precio total de los respiradores, el Gobierno ha pagado 2,2 millones.

    Jeanine Áñez ha ordenado que no se realicen más pagos, mientras se gestiona que la justicia española investigue a la firma proveedora, la intermediaria IME Consulting, añadió.

    Entretanto, la fiscalía de La Paz, anunció que acusará formalmente a Navajas y a otros cuatro funcionarios de incumplimiento de deberes, daño económico y daño a la salud, pidiendo que los procesados sean puestos en detención preventiva.

    Etiquetas:
    coronavirus, corrupción, Bolivia
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