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    Escepticismo en México ante promesas anticorrupción de candidatos a Presidencia

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las organizaciones de la sociedad civil de México han recibido con escepticismo las promesas de combate a la corrupción de los tres principales aspirantes a la Presidencia, señalan expertos independientes que contribuyeron a construir el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) consultados por Sputnik.

    El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el centrista Ricardo Anaya, y el oficialista José Antonio Meade —en ese orden en los sondeos—, colocaron a la corrupción en el centro de sus propuestas, al ser proclamados oficialmente como candidatos presidenciales.

    "El parámetro por excelencia para medir las promesas es la desarticulación de las redes de corrupción, como resultado de investigaciones penales contra los responsables, que tendría un efecto de demostración creíble", dijo a esta agencia Marco Fernández, coordinador del programa anticorrupción del centro de investigación México Evalúa.

    La omisión más relevante del sistema mexicano es la carencia de profesionales de carrera en el Estado, encargados de las políticas públicas de prevención y castigo de la corrupción, dijo Fernández, quien fue asesor ciudadano en los debates del Senado para una reforma constitucional para la del creación SNA en 2015.

    "El reparto de cargos relacionados con el combate a la corrupción —auditores, jueces y fiscales— que rotan de acuerdo con cada presidente, debilita la capacidad de investigación de las instituciones", dijo el analista, quien fue director de análisis político en la Presidencia de México y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

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    El escepticismo de la sociedad mexicana se origina en que los candidatos "tuvieron puestos de Gobierno en distintos momentos, cuyos resultados no se reflejaron en la desarticulación de redes de corrupción", apuntó el doctorado por la Universidad de Duke, EEUU.

    En efecto, López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), Anaya presidió la Cámara de Diputados cuando fue legislador del Congreso (2012-2015) y Meade integró los gabinetes presidenciales de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

    "Ninguno de los tres muestra un pasado de acciones que haga creíble que van a combatir de manera frontal la corrupción", puntualizó Fernández.

    Además, señaló que, a diferencia de las democracias avanzadas, el país latinoamericano carece de una tradición sólida de periodismo de investigación "fundamental para evitar actos de corrupción".

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    Durante décadas, "la mayor parte de los medios de comunicación dependió de ingresos provenientes de la publicidad oficial, un evidente conflicto de intereses que limita la libertad de investigación", enfatizó el investigador.

    Un efecto corrosivo

    Por su parte, Oscar Arredondo, quien también participó como experto en los debates del Senado sobre el SNA, dijo a Sputnik que la corrupción "tiene un efecto corrosivo y una fuerte correlación con otros graves problemas que se agudizan, como la inseguridad, el narcotráfico y la pobreza".

    Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó en 2017 irregularidades por casi 9.000 millones de dólares, pero esas inconsistencias detectadas año tras año casi nunca terminan en tribunales.

    Para el experto en rendición de cuentas, el electorado tiene una precepción más próxima con los escándalos de corrupción de media docena de gobernadores, quienes habrían transferido fondos públicos a las campañas políticas del gobernante Partido Revolucionario Institucional.

    "Durante el Gobierno de Peña Nieto no solo estallaron escándalos de corrupción federales sino también en los estados de Veracruz (sur), Quintana Roo (Caribe), Coahuila y Tamaulipas (fronterizos con EEUU)", ilustró el especialista en transparencia.

    Arredondo estima que las investigaciones independientes sobre tramas de corrupción han sido estimuladas por el hartazgo de los empresarios con los sobornos pagados para la asignación de obras públicas.

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    El ejemplo paradigmático son los 10,5 millones de dólares que los gerentes de la constructora brasileña Odebrecht confesaron haber pagado a la petrolera Pemex, un vínculo tejido cuando el director general de la empresa era Emilio Lozoya (2012-2016), y cuando integró la campaña electoral de Peña Nieto, señalamiento que ambos niegan.

    "Hoy, la gran mayoría de los gremios empresariales tienen agendas contra la corrupción, con un activismo inusitado", indicó el consultor independiente.

    Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana abrió un programa especial anticorrupción en desarrollo inmobiliario.

    Dependiendo del color de cada administración, "los grandes grupos corporativos sobornaban para comerse todo el pastel del gasto público, como los caso emblemáticos Odebrecht de Brasil o la española OHL", ejemplificó Arredondo.

    Mencionó, además, la llamada Casa Blanca de la primera dama Angélica Rivera, una mansión que costó más de tres millones de dólares, construida y financiada por un amigo de Peña Nieto y contratista del Gobierno.

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    Un parámetro de credibilidad en los candidatos es que sus partidos promuevan en el Congreso "un sistema de justicia autónomo e independiente, desvinculado de los intereses partidistas, antes de que lleguen a la presidencia", puntualizó.

    En su discurso de investidura como candidato presidencial, López Obrador se comprometió a "eliminar la corrupción y la impunidad", y que "serán abolidos fueros y privilegios".

    Anaya expresó: "A mí no me va a temblar la mano para acabar con el pacto de impunidad"; mientras que Meade exclamó: "seré implacable en el combate a la corrupción".

    Los comicios generales están convocados para el 1 de julio próximo. 

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