15:12 GMT +318 Noviembre 2018
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    Los trabajadores del astillero de Navantia de Cádiz, España (archivo)

    El Gobierno de España elige entre pan y paz

    © AFP 2018 / Jorge Guerrero
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    Francisco Herranz
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    El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha cumplido 100 días en el poder. En estas quince semanas, su Administración ha hecho gala de cierta incoherencia e improvisación al gestionar algunos asuntos muy sensibles.

    Durante este tiempo breve pero intenso, Sánchez y su equipo han ido acumulando sonadas rectificaciones en trances como la introducción de un impuesto a la banca o la reducción del gasto militar.

    El ejemplo más palmario de esta actitud titubeante ha sido la venta de armas a Arabia Saudí. Esa falta de rumbo es producto de una evidente imprevisión pero también de su debilidad parlamentaria, pues carece de los suficientes escaños en el Congreso de los Diputados para legislar y para llevar a buen puerto los presupuestos del Estado. Necesita, pues, los apoyos puntuales de otras fuerzas políticas que le exigen concesiones a cambio de sus preciados votos, obligándole a practicar una suerte de funambulismo.

    El caso saudí ha enfrentado a Sánchez y a otros cargos políticos a sus propias contradicciones, explotándoles incluso en la misma cara.

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    El lunes 3 de septiembre el Ministerio de Defensa anunció que iba a anular la venta a ese país asiático de 400 bombas de precisión láser, susceptibles de ser empleadas contra la población civil en la guerra de Yemen.

    El conflicto armado enfrenta a los saudíes, de religión suní, contra los rebeldes hutíes, de religión chií, que cuentan con apoyo de Irán. El citado departamento confirmó que había iniciado los trámites para dejar sin efecto la exportación del material explosivo y que procedería a la devolución de los 9,2 millones de euros ya abonados por el comprador.

    Ese contrato se cerró en 2015 durante la pasada Administración española, dirigida por el Partido Popular, de tendencia conservadora. Las bombas, de fabricación estadounidense, forman parte de los excedentes de la Fuerza Aérea Española y permanecen almacenadas en una instalación militar en Aragón. Se trata de un material muy sofisticado y difícil de conseguir en el mercado internacional por lo que representa un valor estratégico para los militares saudíes.

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    Las organizaciones pacifistas y defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Intermon, aplaudieron ese gesto inicial, pero el asunto se torció de inmediato. Los medios de comunicación desvelaron que, a modo de respuesta-venganza, el reino alauí amenazaba con cancelar un importante contrato de 1.813 millones de euros para construir, desde finales de este año, cinco corbetas tipo Avante 2200 en los astilleros de Navantia, propiedad del Estado.

    Esa seria advertencia apuntaba en particular al futuro de 6.000 empleos directos e indirectos, concentrados en las regiones de Galicia y Andalucia, y más concretamente en la bahía de Cádiz, una de las provincias más castigadas por el paro.

    El contrato, que prevé nada menos que siete millones de horas de trabajo y la construcción de una base en Arabia Saudí, se había perfilado durante la visita a Madrid en abril del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, a quien las autoridades hispanas dispensaron los honores de un jefe de Estado. La firma se concretó en julio después de tres años de intensas negociaciones.

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    Arabia Saudí es el principal comprador de armamento de la industria española fuera de la Unión Europea (UE) y la OTAN, el quinto si se incluyen todos los países aliados y europeos. España exportó en 2017 a Riad material de Defensa valorado en 270 millones de euros, lo que incluía un avión de transporte, repuestos para aeronaves, aviones no tripulados o drones, granadas de mortero y munición de artillería.

    El anuncio y sus consecuencias despertaron la incertidumbre y el enfado no sólo de los obreros afectados sino de la clase política regional y local. Los empleados de Navantia han visto peligrar sus puestos de trabajo y comenzaron a cortar carreteras en la comarca de los astilleros, sin descartar planes de movilización mucho más contundentes.

    El Gobierno regional andaluz, de mismo signo político que el nacional, mostró abiertamente su malestar y preocupación por la posibilidad de que se rescinda el multimillonario acuerdo comercial. La presión ciudadana la exteriorizó, incluso, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

    El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', también entró en el debate. "Me duele muchísimo cuando los derechos humanos entran en colisión con otros derechos humanos que es el derecho al futuro y el derecho a que suene el pito de la olla en tu casa. Por tanto, es un elemento absolutamente doloroso", aseguró.

    El regidor gaditano, un miembro muy popular de la formación de izquierdas Podemos, apuesta por "un modelo de desarrollo productivo que no dependa exclusivamente de la industria militar", centrado en las energías renovables. 'Kichi' lamentó que haya que decidir "entre fabricar armas o comer", "entre defender el pan o la paz". Complicado dilema moral.

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    Acuciada por estos frentes, la ministra de Defensa, Margarita Robles —a quien parte de la oposición ya ha pedido la dimisión—, tuvo que dar explicaciones en el Senado, donde declaró que la venta de las bombas no estaba suspendida sino en "fase de estudio". Robles, muy próxima a Sánchez, rectificó así la inesperada decisión unilateral de la semana pasada, y declaró que el Ejecutivo no tenía ninguna constancia, "más allá de alguna maledicencia", de que el contrato para la venta de las cinco corbetas estuviera vinculado a "ningún otro".

    "A este Gobierno y a esta ministra le resulta profundamente irresponsable que se pueda introducir el miedo en el cuerpo a los trabajadores de Navantia en San Fernando", subrayó Robles visiblemente enfadada.

    Pero lo cierto es que el presidente del Comité de Empresa de los astilleros, Jesús Peralta, había dicho previamente que él había recibido una llamada del Consulado de Arabia Saudí en la que le adelantaban la ruptura del contrato y él también había subrayado que dos viajes técnicos previstos habían quedado suspendidos tras el súbito giro de los acontecimientos.

    El propio Gobierno central lanzó un mensaje de tranquilidad. La Moncloa —a través de su portavoz, la ministra Isabel Celaá, y de otras fuentes consultadas por la prensa—, rebajó la cancelación a una simple "declaración de intenciones" no consumada, manifestó que "no habrá represalias saudíes" e insistió en que no dejará solos a los trabajadores de Navantia. No tuvo mucho éxito, porque los piquetes no se han desactivado. El colectivo laboral no se fía. Estos son los efectos de una política errática y cortoplacista.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Etiquetas:
    corbetas, venta, defensa, cooperación militar, suministro de armas, Navantia, Arabia Saudí, España