Así lo comunicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno catalán y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que recordó que el Ejecutivo autonómico "recuperó su capacidad de personarse y presentar alegaciones tras el levantamiento del artículo 155".
Según explica la Carta Magna, la activación del artículo 155 permite la adopción de medidas contra comunidades autónomas declaradas en desobediencia a la legalidad estatal.
Sin embargo, su redacción no determina hasta donde pueden llegar esas medidas y, además, no existe jurisprudencia al respecto porque nunca antes se activó ese artículo.
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El 155 fue utilizado por Madrid para cesar al Gobierno catalán responsable del proceso independentista, disolver el Parlamento autonómico y convocar unos nuevos comicios, además de para propiciar el cese de distintos altos cargos.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de diversos recursos en los que se denuncia que las medidas adoptadas al calor del 155 fueron excesivas y no estaban amparadas por la constitución.
Ahora, el Gobierno catalán, que tras su constitución recuperó la facultad de presentarse en procesos judiciales, se sumará a esos recursos.
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Además, según comunicó Artadi, el Gobierno catalán presentará alegaciones o se personará en al menos otros 12 litigios competenciales abiertos contra el Gobierno del España.
Los liberales españoles piden a @sanchezcastejon que vuelva a intervenir al Gobierno catalán https://t.co/00QZ4lIPWI
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 июня 2018 г.
La mayoría de ellos tienen que ver con la suspensión de leyes catalanas de carácter social que fueron recurridas por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura.
"No puede ser que desde el Parlamento aprueben unas leyes en beneficio del país y luego desde Madrid las suspendan. Esperamos que con un Gobierno supuestamente progresista alguna de estas leyes no se lleven al Tribunal Constitucional", dijo Artadi en rueda de prensa.
De esta manera, el Gobierno catalán, una vez recuperadas todas sus competencias, confirma su intención de continuar su enfrentamiento con el Gobierno central en el campo de batalla judicial, donde en los últimos meses se jugó buena parte de la partida política entre ambas partes.
