"La solicitud por parte de la Abogacía del Estado llegó al Alto Tribunal a principios de semana y el juez Pablo Llarena [instructor de la causa] debe aceptar ahora si da por personada a esta parte", adelantó el diario El Independiente.
Según la información ofrecida por este diario, el Ejecutivo español quiere ejercer de acusación en el procedimiento "principalmente por el mal uso de fondos públicos que hizo el Gobierno de Cataluña en su intento por aprobar una declaración unilateral de independencia".
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
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La consulta fue convocada de manera unilateral y se produjo en contra de las resoluciones de la justicia española, que la consideró ilegal.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
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La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.
