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Estado de sitio, represión y 39 muertos: 20 años del estallido de 2001 en Argentina

© AP Photo / Mario CocchiPolicía argentina reprime a manifestantes durante el estallido de diciembre de 2001
Policía argentina reprime a manifestantes durante el estallido de diciembre de 2001 - Sputnik Mundo, 1920, 18.12.2021
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El 19 y 20 de diciembre de 2001, Argentina implosionó. La desesperación que generó la crisis económica y las políticas de ajuste del Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) derivó en saqueos y protestas. Ante el decreto de estado de sitio, la sociedad desafió y la Policía reprimió. 39 personas fueron asesinadas y el mandatario renunció y huyó.
La revolución fue televisada. Saqueos, protestas y pueblada; estado de sitio, represión y muerte; el jefe de Estado huyendo en helicóptero. El estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 es recordado en Argentina en su 20 aniversario por la sucesión de imágenes mediatizadas y traumas de sobrevivientes que dejó la peor combinación de crisis económica, caos social, violencia institucional y colapso político.
En el Argentinazo, o la crisis de 2001, murieron 39 personas, entre ellas siete adolescentes de entre 13 y 18 años, por la brutal represión y los violentos enfrentamientos en todo el país. En la masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre, centro cívico nacional, la Policía asesinó a cinco personas, hubo cuatro intentos de homicidio y hubo más de 200 heridos.
Representó el trágico fracaso de un Gobierno endeble y del modelo económico neoliberal instalado a principios de la década de 1990 en el país, condicionado por la corrupción política, la desregulación del sistema financiero, una ley monetaria inviable y una deuda externa insostenible, atada a las exigencias de acreedores externos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"El estallido económico, político y social fue producto de un brutal plan de ajuste. Había hambre porque tomaron medidas que atraparon los ahorros y los salarios. Empezó con los saqueos en los barrios y en la capital la clase media empezó a marchar, por eso se llamó la 'revolución de las cacerolas'. Pero el 19 de diciembre comenzó la represión", contó a Sputnik Vilma Ripoll, referente del Frente de Izquierda y exlegisladora porteña.
El Gobierno de la Alianza —coalición de la histórica Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso— había derrotado en las elecciones al peronismo, el popular movimiento político que condujo el país durante una década de la mano del cuestionado exmandatario Carlos Menem (1989-1999).
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Envuelto en una recesión desde 1998, la Alianza eligió continuar con las mismas recetas. A mediados de 2000, renunció el vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, luego del escándalo de denuncias por sobornos en el Congreso para la aprobación de una ley de Reforma Laboral, en consonancia con las tratativas para un acuerdo FMI.
Durante 2001, se profundizó la fuga de capitales y salida de ahorros del sistema bancario ante la incertidumbre. El Gobierno reestructuró la deuda pública por la que ofreció intereses de hasta 15% y recortó el gasto y los salarios estatales y jubilaciones. El 1 de diciembre instauró el corralito que restringió el acceso a los depósitos, que dejó sin dinero en efectivo al grueso de la sociedad y paralizó la actividad económica.

La gota que rebalsó el vaso

Después de una semana en la que habían comenzado los saqueos a supermercados en las áreas metropolitanas de algunas ciudades como consecuencia de la desesperación entre los sectores populares, el 19 de diciembre se masificaron y escalaron. Esa jornada hubo 10 muertos en los enfrentamientos.
Esa tarde, simultáneo a los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y expresiones públicas de repudio social en todo el territorio, el entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) decretó el estado de sitio, que comunicó a la sociedad a la noche por cadena nacional.
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La sanción del decreto fue irregular ya que no se respetaron los procedimientos constitucionales al ser dictada por el jefe de Estado sin ser tratada por el Congreso —a pesar de que estaba en completo funcionamiento— y si haberse determinado las garantías afectadas ni el marco espacial.
La indignación y la furia que se venían gestando desde principio de mes por la crisis económica y las medidas gubernamentales terminaron por estallar. Personas de todas las edades y estratos sociales salieron a las calles, a la Plaza de Mayo y frente al Congreso para desafiar el régimen de excepción.
"La gente empezó a marchar hacia la Plaza de Mayo desde todos los barrios de la capital. Los que prendían la tele veían lo que pasaba y se organizaban para ir. Empezaron a cantar 'Que se vayan todos, que no quede ni uno solo' y 'Sin radicales, sin peronistas, vamos a vivir mejor', que era un repudio a los partidos gobernantes y su complicidad", contó Ripoll, quien estuvo presente en las manifestaciones.
Al inicio de la madrugada, la Policía desalojó las plazas arrojando gas lacrimógeno. En esas horas fue baleado Jorge Cárdenas, quien fue dado por muerto sobre las escalinatas del parlamento, cuya foto mediatizada retrató el inicio de la masacre.

Revuelta y debacle

A las 2 a. m. del 20 de diciembre de 2001, renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, ideólogo del neoliberalismo iniciado durante el menemismo, quien había asumido en el cargo nuevamente el mes de marzo previo para realizar el ajuste exigido por el FMI: redujo 7% el gasto público, eliminó beneficios fiscales, creó el corralito, y bajó 13% los sueldos estatales y las jubilaciones.
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Por la mañana, los manifestantes volvieron a acercarse al microcentro porteño. Al mediodía, el Gobierno dio la orden a la Policía de liberar la plaza y comenzaron a reprimir con carros de asalto e infantería a caballo, imágenes aterradoras que recorrieron el mundo, captadas a plena luz del día por los medios. Fueron asesinados en las inmediaciones Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva.
La Policía atacó embistió y golpeó a las Madres de Plaza de Mayo, quienes se acercaron a dar sus vueltas simbólicas al monumento central de esa explanada por la memoria y la justicia por los desaparecidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983), como cada jueves ininterrumpidamente desde 1980.
"La represión del primer día fue muy importante, pero al día siguiente se transformó en un campo de batalla. Se acercó gente que no era de ninguna organización, sino parte de la bronca popular. La Policía empezó a tirar a matar, empezaron a haber no solo heridos sino muertos", narró Ripoll.
La mayor parte de los homicidios sucedieron en la capital nacional, donde se contabilizaron siete, y en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe (centro-este), donde mataron a nueve personas. Allí fue emblemático el caso de Claudio Pocho Lepratti, al que el agente Esteban Velasquez fulminó con su escopeta cuando el militante social se había subido al techo de un comedor escolar para pedir que no dispararan sobre el lugar donde almorzaban niños.
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La violencia institucional continuó durante todo el día en todo el país. 39 personas fueron asesinadas, cerca de 1.000 terminaron heridas y hubo centenares de detenidos. Por la tarde, luego de que fracasaran los intentos de negociación con la oposición peronista para formar un cogobierno, De la Rúa firmó su renuncia y abandonó la Casa Rosada en el helicóptero oficial, al que abordó desde la terraza a modo de emergencia.

La historia vuelve a repetirse

La acefalia derivó en que el país tuviese cinco jefes de Estado en el lapso de una semana, a medida que iban desistiendo de atender la responsabilidad quienes asumían después de ser nombrados por la Asamblea Legislativa debido a la enorme presión social, con manifestaciones que continuaron los días siguientes al estallido.
"Se armaron en los barrios las asambleas populares, que discutían un programa soberano para la salida de la crisis. Además, rodeaban el Congreso para que no pudieran salir los funcionarios por la bronca que le tenían a los representantes de los partidos tradicionales. En una semana cayeron cuatro presidentes, la gente iba a la plaza y los volteaba", recordó Ripoll.
El presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, quien era gobernador de la provincia de San Luis (oeste central) y que ocupó el cargo entre el 23 y el 30 de diciembre, declaró el default al suspender el pago de la deuda externa.
Finalmente, el 2 de enero, tomó el mando como presidente temporal el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y entonces senador de la oposición, Eduardo Duhalde (2002-2003), quien había sido la principal competencia de De la Rúa en las elecciones presidenciales de 1999.
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Dos semanas después del estallido, Argentina derogó la Ley de Convertibilidad, que equiparaba desde 1992 el peso al dólar. El 6 de enero de 2002 se liberó el tipo de cambio y la moneda pasó a valer 1,4 pesos por dólar.
Los créditos, depósitos y deudas fueron pesificados, lo que representó una confiscación masiva de atesoramiento y reserva de valor en divisa extranjera que tenían los ciudadanos. El corralito y las manifestaciones frente a los bancos continuaron durante todo 2002.
En el periodo de recesión que comenzó en 1998, el PBI cayó 19,5%, 10,9% en el último año, pero a precios corrientes se redujo 64% entre 2001 y 2002. La principal secuela fue el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza. La pobreza alcanzó al 57,5% de la población nacional, la indigencia al 27,5% y la desocupación al 21,5%, todos niveles récord.
El expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) canceló en 2006 la deuda con el FMI de 10.000 millones de dólares para liberarse de su yugo. Comenzó un proceso de fortalecimiento del Estado y de la soberanía, que dio un giro para alejarse del modelo neoliberal hacia un programa de crecimiento con inclusión social, propio de la corriente de gobiernos progresistas que caracterizaron los primeros 15 años del siglo XIX en Latinoamérica.
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Después de una década de crecimiento, la crisis se instaló para quedarse. En 2019, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) volvió a acudir al organismo de crédito para tomar un préstamo récord cinco veces mayor, 53.000 millones de dólares si se incluyen los intereses, con un calendario de pagos imposible.
Hoy, Argentina acumula más de 10 años de estancamiento y cuatro de recesión, en los que el porcentaje de pobreza sobre la población subió del 27% de 2018 al 44% de 2021: más de siete millones de personas pasaron a ser pobres.
Seis de cada 10 niños crecen en un hogar debajo de la línea de pobreza y hoy se registra el mayor porcentaje de trabajadores pobres. La desocupación alcanza a más de 9% de la población en edad de trabajar —24% en menores de 30— y más de 19% está subempleada, con trabajo inestable, temporario, no remunerado o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación.
Uno de cada tres trabajadores está precarizado, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin derechos laborales. Las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que 75% de las y los trabajadores independientes no realizan aportes jubilatorios. Más de 47% del total de ocupados no participa del sistema de Seguridad Social.
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Tomará dos años recuperarse del impacto por la pandemia a nivel macroeconómico, pero la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no se saldará. La inflación de tres de los últimos cuatro años fue de 50% o más y el colapso socioeconómico es evitado gracias a subsidios a tarifas y transferencias monetarias a los sectores vulnerables.
"En 20 años, no se cambió nada de fondo. Este mes vamos a pagar 5.000 millones de dólares al FMI en un país con 44% de pobreza. La historia se repite con el desastre social, político y económico. La izquierda llenó la Plaza de Mayo para exigir que se suspendan los pagos mientras se investiga la deuda, que es la salida soberana, cualquier medida de transición antes que este fraude, que nos va a llevar al desastre total, porque es mentira que pueda pagar sin más ajuste", reclamó la referente del socialismo.
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