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Bolivia: escándalo de 800 trabajadores 'fantasmas' de Santa Cruz incomoda al gobernador Camacho

© AP Photo / Juan KaritaLuis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2021
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Más de 40 personas son investigadas en el marco de la causa de los "ítems fantasmas", el caso de corrupción más grande en la historia cruceña, por el cual se habría defraudado al Estado boliviano en casi seis millones de dólares. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que el caso "ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión".
Aunque las investigaciones recién empiezan, ya se lo conocé como el escándalo de corrupción más grande en la historia de Santa Cruz. A partir de una discusión posmarital, se supo que Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, capital departamental, tenía una nómina de 800 empleados fantasmas, que cobraban mensualmente un total de 695.000 dólares.
Los malos manejos se habrían repetido a lo largo de 10 años. El Gobierno nacional calcula un daño económico al Estado de por lo menos 5,8 millones de dólares.
La suma de empleados inexistentes sería mayor: la Alcaldía de Santa Cruz denunció que serían en total 2.000 los trabajadores fantasmas.
Entre decenas de implicados figura la exalcaldesa Angélica Sosa, quien fuera la aliada política de Luis Fernando Camacho para convertirlo en gobernador del departamento de Santa Cruz. Camacho, como presidente del Comité Pro Santa Cruz, fue uno de los principales instigadores del golpe de Estado de 2019.
Hasta el momento, son investigados 43 funcionarios de la Alcaldía. El principal acusado, Antonio Parada, posee varias propiedades en Estados Unidos que no se corresponden con su salario, de 11.000 pesos bolivianos (1.600 dólares). Según la Policía Nacional, ya habría escapado del país por un paso ilegal.
Para el diputado Grobert Nogales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), este caso demuestra por qué la oposición rechazaba la Ley 1386, contra las ganancias ilícitas, que finalmente fue derogada por el oficialismo. Las últimas movilizaciones de la oposición "han sido para protegerlos a ellos justamente", dijo Nogales a Sputnik.
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En mayo pasado, Jhonny Fernández, recién asumido como alcalde cruceño, presentó a la Fiscalía la documentación que demostraba la existencia de 2.000 ítems fantasmas, como se llama a este caso. Pero la denuncia fue rechazada. Actualmente, el Gobierno nacional investiga quiénes en el Ministerio Público tomaron esta decisión y cuáles fueron sus motivos.
"Se ve que hay muchas irregularidades. ¿Cuántas empresas fantasmas habrá? ¿Qué más veremos a lo largo de esta investigación?", preguntó el diputado.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, adelantaron que formarán una comisión para analizar las cuentas de la última década de la Alcaldía cruceña, cuyos dos millones de habitantes la convierten en la más grande del país, por consiguiente la que más recauda.

"Como Asamblea vamos a hacer seguimiento, control y fiscalización, que es lo que nos corresponde", aseguró Nogales.

Intervención de la Justicia

La Fiscalía se tomó en serio el caso de los 800 ítems fantasmas recién cuando lo denunció Valeria Rodríguez Paz, exesposa de Antonio Parada, ahora prófugo en el extranjero, según la Policía.
Rodríguez había denunciado al exdirector de Recursos Humanos por una deuda de pensión sobre las hijas de ambos. Ella presentó un documento según el cual Parada había enviado a Estados Unidos 180.000 dólares.
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Consultado al respecto, el exdirector indicó que esa suma correspondía a una casa que su padre le había regalado y había vendido. Pero supuestamente tiene más propiedades a su nombre o de terceros.
"Este es solo un caso de corrupción, que hemos sacado a la luz por un problema familiar. Imagínese cuántas situaciones podríamos descubrir si tuviéramos la ley contra las ganancias ilícitas", especuló Nogales.
Días atrás, antes de escabullirse, Parada dio una entrevista con la intención de lavar su buen nombre. Pero él mismo dejó en evidencia que no era una persona preparada para el cargo que había desempeñado, cuando mencionó que ingresó a la Alcaldía en 2004, gracias a los contactos de su entonces suegra, Rocío Paz, madre de Valeria.
Cuando dejó la Alcaldía, en enero de 2020, su sueldo era de 15.000 pesos bolivianos (2.150 dólares).
En Bolivia, a esa ventaja poco ética para alcanzar algún cargo se le llama tener muñeca.

Palabra de Camacho

Luego de varios días de silencio, el gobernador Camacho intentó despegarse del escándalo. A través de su cuenta de Twitter indicó que el desfalco ocurrió durante la última administración del exalcalde Percy Fernández (1990-1995 y 2005-2020), quien —según Camacho— era aliado del entonces presidente, Evo Morales (2006-2019).
Como prueba, adjuntó a su tuit una foto de ambos.
Pero, en rigor de la verdad, Fernández fue un ferviente opositor a Morales desde que asumió en 2006 hasta 2014, aproximadamente. En 2008, durante el intento de golpe de Estado cívico-prefectural, Fernández había pedido públicamente a los militares que derroquen al entonces presidente.
Pocos años después, Fernández estaba haciendo campaña por Morales. Y el presidente llamaba al líder cruceño "el mejor alcalde de Bolivia".
Pero así era el carácter de Fernández, a quien por algo su pueblo apodaba el loco Percy. Sus drásticos cambios de humor y sus decisiones desconcertantes —al modo de un Nerón camba— generaban empatía y complicidad con las mayorías cruceñas.
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"El colmo del cinismo. El escándalo de los 800 ítems ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión. Evo Morales inauguraba obras con las autoridades hoy cuestionadas, se festejaban sus chistes, se aplaudían, y hasta hicieron juntos campaña por el Sí en el 21F", escribió Camacho, en referencia al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo No a un nuevo mandato de Morales.
No obstante, en ese momento el expresidente optó por no obedecer a ese resultado y emprendió su campaña por un cuarto mandato. Cuando la oposición dio un golpe de Estado en 2019, argumentaron que eso le ocurría a Morales por no obedecer al resultado del referéndum.
A pesar de que Camacho actualmente pretende desligarse de Percy Fernández, todavía circulan por la red fotos de 2019, en los días previos al golpe de Estado. El entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz estrechaba la mano de un alcalde ya octogenario, que de nuevo era opositor a Morales y otra vez pedía su derrocamiento.

Investigar a los fantasmas

Jhonny Fernández, actual alcalde cruceño, indicó que se debe seguir investigando hasta descubrir a esos 1.200 empleados de más que él ya había denunciado. Y deslizó responsabilidades hacia su antecesora, Angélica Sosa, quien ocupó el cargo de Percy cuando su avanzada edad ya no le permitía cumplir con todos sus compromisos laborales.
"Hay de varios años, hay del último trimestre, antes de que se vaya Sosa. Sí, durante la gestión de Sosa hay irregularidades. Es lamentable, pero hay que poner las cosas en su lugar. ¡Qué vamos a hacer! Yo tengo que cuidar los intereses del pueblo", dijo el alcalde a la prensa. Y repuso: "Alguien tenía que decirlo. Si yo no lo hacía, iba a ser cómplice".
Valeria, la exesposa de Parada, actualmente se encuentra hospitalizada porque tiene varias dolencias. Desde su cama habló con el diario cruceño El Deber. Comentó que todo comenzó porque él no quería pagar la pensión de sus hijas.
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Ella sabía que su ex cobraba 11.000 bolivianos (1.600 dólares) como jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía. Pero ese sueldo no encajaba con el estilo de vida de Parada: autos lujosos, propiedades en Estados Unidos e incluso operaba en la bolsa de aquel país.
"Hasta tiene inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos, me llegaron documentos a mi casa: olvidó cambiar la dirección o no quería que su mujer se entere", dijo al medio cruceño.
"Tony (Antonio Parada) quería arreglar el tema familiar, porque todo esto empezó por eso. Él me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa", dijo Rodríguez.
El Gobierno de Luis Arce aseguró que investigará este caso hasta llegar al último de sus eslabones.
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