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Aun derogada la Ley 1386, legisladores del MAS advierten que el "segundo golpe" sigue en marcha

© Sputnik / Sebastián OchoaMovilización de protesta contra el Gobierno de Bolivia
Movilización de protesta contra el Gobierno de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2021
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El presidente boliviano, Luis Arce, abrogó la ley dirigida a resguardar las fronteras, ante las protestas de la oposición que ya llevan más de una semana. Sin embargo, las movilizaciones contra el Gobierno continúan con nuevos reclamos.
El presidente Luis Arce decidió abrogar la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, pero continúan las protestas de los sectores más radicales contra el Gobierno nacional.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional indicaron a Sputnik que Bolivia todavía enfrenta un nuevo intento de golpe de Estado.
Gualberto Arispe es presidente de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados. En diálogo con Sputnik, comentó que la Ley 1386 "sancionaba a los narcotraficantes, a los grandes contrabandistas, a los corruptos, a los traficantes de órganos, de personas y de sustancias controladas en el país".
Pero, para su sorpresa, se dio cuenta de que "los primeros defensores de esos tipos habían sido nuestros colegas diputados y senadores en la Asamblea Legislativa".
Se refería a los partidos de oposición Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que foguearon las recientes protestas contra el Gobierno de Arce.
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Arispe afirmó que estos legisladores "confundieron al pueblo boliviano, a nuestros hermanos gremiales [pequeños comerciantes], al sector del transporte, indicando que esa ley afectaba a todo el pueblo".
Para el diputado, la oposición "aplica un plan sigiloso y sistemático para desgastar al presidente Arce: hablan mal de las leyes que vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa, indicando que son inconstitucionales y que afectan al pueblo".
Arispe comentó que —con el apoyo de medios de comunicación privados— los legisladores de la oposición "crean susceptibilidad y miedo en la población. Lamentablemente, nosotros hemos perdido el control de los medios de comunicación".
Para contrarrestar la ola de versiones falsas sobre la Ley 1386, "ahora nos estamos organizando para socializar. Ante la mentira y el engaño de la oposición, nosotros vamos a contrarrestar con la verdad".
El diputado Arispe contó que la oposición puso trabas también para dar de baja la ley. En la exposición de motivos para la abrogación de la normativa, la mayoría parlamentaria del MAS indicó que era necesario eliminarla para evitar "un segundo golpe de Estado".
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La oposición no aceptaba esta redacción, porque consideraban que no constituyen una amenaza a la democracia las declaraciones formuladas por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien habló de "tumbar" al Gobierno de Arce. Incluso la senadora Centa Rek, de Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho, sostuvo que era necesario "cerrar el Parlamento".
"No les gustó que hagamos mención a los movimientos alzados de grupos inescrupulosos, que con engaños estaban perjudicando al país. Por eso se tomó la decisión de abrogar", explicó Arispe.
Luego de ocho horas de debate, la abrogación de la Ley 1386 fue remitida a la Cámara de Senadores, donde se trató en la tarde del martes 16 de noviembre.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la Ley 1386 no tenía por objetivo perseguir a vendedores minoristas, sino "luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia".
La aprobación de la ley era un compromiso que el Estado Plurinacional había asumido ante las Naciones Unidas, como una manera de hacer de sus fronteras un espacio más confiable y controlado.
"Muchos países de América Latina han adecuado sus normativas para adoptar estrategias de lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra la trata y tráfico de personas, contra la corrupción. Era una ley que regulaba de manera preventiva estos actos ilícitos", dijo Arispe.

Una oposición antidemocrática

Para la diputada Olivia Guachalla Yupanqui, "la Asamblea es un reflejo de lo que pasa en el país. Es lamentable la conducta que tienen los diputados y senadores de la oposición, que a todo se oponen. Ahora nuevamente salen a las calles con mentiras y falacias".
En las marchas citadinas contra el Gobierno de Arce, el estribillo que más suena dice: "Esto no es Cuba/ Tampoco Venezuela/ Esto es Bolivia y Bolivia se respeta". A pesar del éxito del cántico, su letra carece de relación con el texto de la Ley 1386.
"Acusan al Gobierno del hermano Lucho como si estuviera contra comerciantes, transportistas y gente humilde; como si quisiera quitar propiedades y quien tiene dos casas va a tener solo una", explicó Guachalla.
La diputada expresó su disgusto por las trabas que pone la oposición al trabajo legislativo del MAS: "Es lamentable escuchar a los cívicos de Santa Cruz, de Tarija, de Potosí, a los líderes de la oposición, tanto Camacho [Luis Fernando, gobernador cruceño] como Mesa [Carlos, presidente entre 2003-2005 y líder de CC] decir que la única forma de estabilizar el país es anulando las 'leyes malditas'".
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Guachalla continuó: "No sé a qué 'leyes malditas' se refieren. Las leyes que nosotros hacemos buscan reactivar la economía y fortalecer nuestro sistema económico".
La diputada recordó hechos bochornosos de la oposición ocurridos la semana pasada, cuando peleaban estos legisladores para acceder a puestos en las directivas de las cámaras.

"La oposición desacredita el trabajo de la Asamblea: saltan sobre los pupitres, no tienen argumentos claros, no tienen una propuesta clara para el país. Solo saben oponerse y frenar el desarrollo con bloqueos, con los comités cívicos y sus grupos políticos", consideró Guachalla.

Estos comités, que motorizaron las últimas protestas contra el Gobierno, fueron creados a principios del siglo XX, cuando las sucesivas dictaduras necesitaban de un apoyo. Para ello estuvieron y están los cívicos, quienes pertenecen a grupos políticos y empresariales.
Para la diputada las protestas contra el Gobierno de Arce responden a "un capricho de grupos políticos que no pueden entender que ya hubo un proceso electoral el año pasado. Ya lleva un año de gestión el presidente".
Y comentó que "los organismos internacionales aplauden las medidas asumidas por el Gobierno, sobre todo en el tema de las vacunas contra el COVID-19, así como el 9,4% de crecimiento económico registrado en el primer semestre de 2021".
Aunque la Ley 1386 fue abrogada, Guachalla afirmó que aún continúan las "amenazas sediciosas de parte de los cívicos, a la cabeza de Calvo, Camacho y Mesa".
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Las protestas siguen en algunas regiones del país, como Santa Cruz y Potosí. Ahora rechazan otra ley recientemente aprobada, la 1407, que establece el Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2021-2025.
"Ahí se han desenmascarado claramente las intenciones reales que tienen los cívicos del país, los partidos de derecha y las agrupaciones ciudadanas: desestabilizar al Gobierno de Arce", evidenció la diputada.
Pero advirtió: "Sepan que el pueblo boliviano no va a permitir que se repitan los sucesos de 2019. No vamos a permitir que atenten contra el sistema democratico, que ha dado el 55% de respaldo al presidente Arce".
El expresidente Evo Morales (2006-2019), actual presidente nacional del MAS, anunció que el próximo miércoles 23 de noviembre gran parte de ese 55% iniciará una marcha desde Caracollo, a 200 kilómetros de La Paz. Hacia esa ciudad caminarán para demostrar su apoyo a Arce y a la democracia boliviana.
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