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Planes sociales, empleo formal y economía popular: un desafío titánico en Argentina

© Sputnik / Francisco LucottiMovimientos de desocupados marchan en Argentina
Movimientos de desocupados marchan en Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2021
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El Gobierno argentino impulsa la incorporación de beneficiarios de planes sociales al trabajo formal, con el consenso del oficialismo y la principal oposición. Sin embargo, estas iniciativas chocan contra la recesión económica y la baja oferta laboral, mientras que las cooperativas populares reclaman el apoyo que recibe el sector privado.
Argentina se enfrenta al gran desafío de generar empleo en una de las mayores crisis económicas de su historia contemporánea.
La tasa de desocupación es de 9,6%, al que se le suma un 12,4% de subocupados, pero entre jóvenes, de entre 18 y 30 años, la falta de trabajo afecta a 24%, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El 40% de la población activa son trabajadores informales: asalariados no registrados de la economía popular y cuentapropistas no profesionales, que carecen de la protección de leyes laborales, seguridad social y de aportes jubilatorios. Entre los precarizados, 70% percibió menores ingresos desde el inicio de la pandemia, pero sus filas crecieron.
La informalidad es la norma entre las personas que viven en la pobreza, que representan 42% del total de la población argentina. Pero también entre los jóvenes: siete de cada 10 menores de 30 años que trabajan están precarizados en Argentina.
Argentina vio colapsar su economía en casi 10 puntos del PBI en 2020. El país comenzó en 2021 a aumentar su actividad, con algunos sectores industriales que ya trabajan por encima de niveles prepandémicos. Pero demorará dos años en recuperarse a números de 2019, que de por sí eran pobres luego del fracaso del programa económico neoliberal del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
"Tenemos índices de pobreza cada vez más altos, y se profundizó con la pandemia. Venimos arrastrando cuatro años de neoliberalismo, donde cerraron fábricas y mucha gente se quedó afuera. Pero hay otro índice, que es lo que dejó reflejado el IFE [Ingreso Familiar de Emergencia]: el Gobierno esperaba tres millones y se anotaron más de ocho millones de personas", dijo a Sputnik Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Empleo no es sinónimo de trabajo

Apoyado por la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente, Alberto Fernández, busca reducir la desocupación y la precarización al apuntalar la incorporación de receptores de planes sociales a empleos formales del sector privado.
El mandatario decretó el 19 de octubre un programa que busca facilitar que las personas que reciben una asistencia del Estado a través de los planes Potenciar Trabajo y Potenciar Inserción Laboral Joven puedan ser empleados sin perder sus asignaciones.
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El Gobierno ofrece incentivos para la contratación a las empresas del sector privado, al integrar la correspondiente prestación de los planes como parte del salario, y establece que las personas puedan volver a percibir asistencia si se finaliza la contratación.
Se anunció que trabajan en este sentido con empresas y gremios del rubro hotelero y gastronómico. Además hubo un acuerdo entre el Gobierno y cámaras y sindicatos de la construcción para la creación del nuevo Programa Construir Trabajo e Igualdad. Esto se suma a la iniciativa lanzada en agosto para el registro de trabajadores rurales.
"¿Por qué cuando se piensa en empleo solamente se piensa en las empresas privadas? ¿Por qué no pensar en el trabajo cooperativo, en las fábricas recuperadas, en las pymes de la agricultura familiar?", preguntó Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán.
Miembros de UTEP critican que el enfoque y el apoyo del Gobierno esté puesto en las empresas privadas en lugar de fortalecer y mejorar las condiciones de las cooperativas. Detrás de ese sesgo está la compleja relación entre la formalidad y la estructura impositiva, además de las dificultades para ofrecer marco legal a gran escala a la economía popular.
"Dentro de las organizaciones sociales, la reconversión de planes a trabajo lo hicimos hace mucho tiempo, cuando armamos las unidades productivas. Hoy tenemos distintas ramas, desde los polos textiles hasta la construcción en los barrios populares. En la economía popular hay mucho trabajo, lo que no tenemos son derechos laborales", enfatizó.

Del plan de inserción al empleo formal

"El origen de los planes sociales en Argentina siempre fue una estrategia de pensar que a sectores de la población que tenían problemas de inserción en el mercado laboral uno podía brindarle alguna capacitación y estabilidad que ayudara a su incorporación a un esquema de empleo sin participación del Estado", dijo a Sputnik Rafael Rofman, director del área de Protección Social de la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Los primeros planes de inclusión y contención al desempleo en Argentina se crearon en 1996, tras la privatización de la histórica petrolera estatal YPF durante el Gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999). El Programa Trabajar I fue una respuesta a los crecientes niveles de conflicto social simultáneo a la represión de desocupados, pero estuvieron opacados por la corrupción y el clientelismo.
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En enero del 2002, luego del estallido de diciembre de 2001 y el fin del Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), se creó el plan Jefas y Jefes de Hogar, durante la gestión interina de Eduardo Duhalde (2002-2004), que alcanzó a dos millones de desempleados con hijos en edad escolar.
En octubre de 2009, en la corriente de proyectos de renta básica ideados desde mediados de la década de 1990, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) decretó la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para familias sin cobertura social y en situación de carencia. Se crearon además los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio.
En 2018, el Gobierno de Macri unificó estos tres y creó el plan Hacemos Futuro, además de aumentar los beneficiarios de la AUH y crear nuevas asignaciones de asistencia monetaria a sectores vulnerables. En 2020, la administración actual unificó Hacemos Trabajo con el Salario Social Complementario, creado por la pandemia, para crear Potenciar Trabajo.
"Lo que vemos es que es muy difícil la reintegración, funcionan más o menos mal, por dos condiciones que son centrales. Muchas de las personas que pasan por los programas no tienen una dificultad temporal, sino que en muchos casos tienen pocas habilidades que son valoradas en el mercado de trabajo", advirtió el economista.
El especialista en demografía social comentó que los programas no solo están pensados para ayudarlos a subsistir, sino que proponen ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades, pero eso es muy difícil de concretar porque no siempre se trata de habilidades obvias y sencillas de transmitir y aprehender, y además porque no siempre se cuenta con la estructura ni la gente para entrenarlos en cada distrito del país.
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"Dentro de la economía popular, todas nuestras unidades productivas son talleres, donde se capacita a los compañeros y compañeras. En algún momento hay que apostar a esta economía, que triplicó su trabajo en la pandemia y que viene dando respuesta al contexto que estamos viendo hace años", contrastó por su parte Sánchez.

Limitaciones y desafíos para crear empleo

"Las organizaciones sociales son oferta, son trabajadores. La demanda son las empresas, desde un megaempresario hasta el almacenero de la esquina. La otra pata del problema es que para que haya una reinserción exitosa en el mercado de trabajo tiene que haber demanda entre los empleadores, que en Argentina es muy débil desde 2011. Hay poca demanda, hay poco empleo formal, hay poco empleo de calidad", argumentó Rofman.
Pese a que existe consenso entre oficialismo y oposición en la utilidad de tener programas de empalme, que garantizan tanto derechos laborales como recaudación fiscal, existen muchas diferencias a la hora de diagnosticar las razones por las que no son suficientes para combatir con el desempleo.
Argentina se encuentra en estancamiento desde 2010 y en recesión desde 2017. Mientras la inflación destruye el poder adquisitivo de los salarios, la inestabilidad aleja las inversiones y no se abren empresas ni puestos de trabajo en el sector privado, y tampoco se suman incorporaciones al Estado debido a la saturación y al estrés financiero de las arcas públicas.
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Según un informe presentado en octubre por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el país solo dos de cada 10 ciudadanos está en edad de trabajar, uno de cada cuatro trabajadores registrados trabaja para el Estado y desde 2008 hubo un incremento del 90% en la asistencialidad.
Desde el inicio del mandato, el Gobierno de Alberto Fernández sostiene como medida transitoria la prohibición para efectuar despidos o el derecho a percibir doble indemnización en caso de efectuarse. La medida tiene vigencia por lo pronto hasta el 31 de diciembre de 2021.
Algunos empresarios y referentes de la oposición culpan a las cargas patronales, a los aportes sociales y a las leyes que impiden despedir como los principales frenos a la creación de empleo. Proponen una reforma laboral que elimine el derecho a la indemnización y lo reemplace por un seguro de desempleo. Este plan de flexibilización laboral fue criticado por el oficialismo, sindicatos y expertos.
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Más allá de los opuestos programas económicos que presentan desde ambos lados de la grieta política que existe en Argentina, los programas de empalme son vistos para la mayor parte del sector productivo, político, empresarial y sindical como útiles pero de alcance marginal.
"El problema de la demanda tiene que ver con el crecimiento de la economía, y eso no se resuelve con un decreto. Si no se crece en forma sostenida para que haya inversiones, la probabilidad de que esto pase de ser una declaración de buenas intenciones es muy baja", esbozó el directivo de CIPPEC.
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