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Empresarios argentinos, a la ofensiva, exigen una reforma laboral

© Pixabay/Gerd AltmannDos hombres dándose las manos
Dos hombres dándose las manos - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2021
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Diferentes proyectos de la oposición proponen eliminar el derecho a la indemnización por despido, que por la pandemia se ha duplicado, y reemplazarlo por un seguro de desempleo. Este plan de flexibilización laboral fue criticado por el oficialismo, los sindicatos y por expertos.
Las elecciones primarias del 12 de septiembre en Argentina significaron una derrota para el oficialismo que fortaleció a los sectores de oposición liberal, defensores del libre mercado y de la desregulación estatal.
La reforma laboral fue planteada explícitamente como una de las principales consignas de campaña. Para Juntos por el Cambio, principal coalición de partidos de oposición nacional, las leyes de indemnización por despido son uno de los obstáculos principales, junto a las altas cargas impositivas en los salarios, para la creación de empleos por parte del sector privado.
Estas propuestas parten del "supuesto de que el desempleo se soluciona bajando costos laborales", dijo a Sputnik el economista y politólogo Nicolás Dvoskin. "Pero en Argentina hay evidencia empírica clara de que la flexibilización no generó empleo, sino todo lo contrario, aumentó el trabajo no registrado. La generación de empleo se explica sobre todo por el nivel de actividad", aclaró.
Las propuestas se materializaron en varios proyectos esbozados desde espacios diversos y pretenden reemplazar el derecho a la indemnización que le corresponde por ley a un trabajador cuando es despedido, que se calcula de acuerdo a los años de contratación y el sueldo, por un nuevo seguro de desempleo.
Difieren en cómo y quién haría los aportes para este seguro: si el Estado, la empresa empleadora descontado al trabajador, o una combinación. Hoy existe en Argentina un seguro de desempleo, pero es muy limitado y de poco alcance.

Propuestas en cuestión

Una de las propuestas es el proyecto Mochila Argentina, presentada por Teodoro Karagozian, empresario textil, un rubro que compite con la importación. Propone que el fondo para el nuevo seguro sea aportado por las propias empresas y sea administrado por el Estado.
Para Dvoskin esta propuesta termina siendo más costosa para las empresas, ya que debe aportar por el total de la planta y no únicamente cuando se despide; beneficia más a empresas grandes y antiguas que tienden despedir mucho que a empresas nuevas y chicas que tienden a despedir poco.
También privilegia más a trabajadores dinámicos, jóvenes y de mayor poder adquisitivo, no preocupados por perder el trabajo y que prefieran la posibilidad de cambiar de rubro, mientras que perjudicaría a quienes valoran hacer carrera y tener estabilidad, como ocurre con trabajadores no calificados, mayores y de menores recursos económicos.
A pesar de las críticas, Dvoskin la diferenció positivamente de otras propuestas como la de Martín Tetaz, candidato a diputado de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, quien insiste en ir hacia un sistema como la "flexiseguridad de Dinamarca", mediante un aporte retenido al sueldo del propio empleado.
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Dvoskin advirtió que en el país nórdico el Estado también pone una parte, un elemento que parecería contradecir la demanda de reducir el gasto público de parte de la principal oposición.
Por último, la posición libertaria, encabezada por los candidatos a diputado Javier Milei y José Luis Espert, referentes de la derecha liberal, proponen dejar a los trabajadores a su buena suerte y que solo exista la opción de que cada uno contrate su seguro de desempleo a través de empresas privadas.
Desde el oficialismo, los principales gremios y las voces de expertos que se posicionan del lado opuesto del espectro salieron a contradecir los postulados y a refutar los fundamentos de la idea y las formulaciones contradictorias de los planes de reforma.
"La indemnización no es solo una cuestión de costos, es una cuestión de seguridad. No es solo el hecho de que si me echan me pagan, sino que, como me tienen que pagar, no me echan. Eso implica estabilidad. Si bien el desempleo no es alto en mayores de 50 años y es mucho mayor en jóvenes, lo cierto es que la posibilidad de conseguir trabajo para alguien demasiado joven para jubilarse y demasiado viejo para reinventarse es demasiado bajo", resaltó el académico y miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

Reforma y flexibilización

La principal fuerza opositora, ahora renombrada como Juntos por el Cambio, gobernó por última vez durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y tenía en mente una reforma laboral que quedó pendiente.
A las consecuencias de los últimos dos años de mandato de Macri, que llevó la inflación a 50% anual y destruyó posibilidad de recuperación, se le sumó la pandemia iniciada en 2020, a meses de iniciado el Gobierno de Alberto Fernández.
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La crisis económica afectó, como era de esperarse, más que nadie a trabajadores informales, carentes de derechos y de seguridad, que fueron quienes perdieron cualquier capacidad de sustento.
Recién ahora los índices de actividad comienzan a regresar a valores similares a aquellos críticos previos al brote de coronavirus, pero el descontento generalizado, sobre todo por la caída del valor del salario, provocó la búsqueda de medidas drásticas y el surgimiento de variantes que postulan programas aún más liberales.
"El nivel de actividad depende de la demanda. Una empresa va a contratar más trabajadores si tiene demanda para producir más. Detrás de los reclamos por los costos hay una discusión que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Si la gente tiene trabajo registrado y un ingreso estable puede llegar a comprar bienes durables que si no no compraría", elaboró Dvoskin.
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El docente universitario y analista internacional matizó que existen diferencias entre las condiciones para empresas grandes o chicas, entre una empresa que vende al mercado interno o al externo, y entre una empresa del Estado o privada.
"Para sectores que exportan o venden a nichos muy específicos, productos o servicios que solo consume población de altos ingresos, el salario social es entendido como un costo, si bien siempre es un costo para una empresa. En ciertos rubros, la existencia de derechos laborales genera problemas de competitividad internacional en el sentido que el precio que tienen que tener los bienes pueden ser más altos que los que se importan", explicó.
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