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Masacres y falta de justicia: sal en las heridas de Bolivia

© AP Photo / Natacha PisarenkoLos partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019
Los partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2021
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LA PAZ (Sputnik) — Como en una tragedia en dos capítulos, los bolivianos golpeados en 2019 por masacres y persecuciones políticas protestan ahora por la retardación de la justicia, interpelando tanto al pasado régimen de facto como al actual Gobierno democrático.
En 2019 ocurrieron las muertes que, con masivas operaciones policiales y militares contra protestas populares contra el golpe, consolidaron en el poder a la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
Casi dos años después, los familiares de los más de 30 fallecidos, a los que se sumaron heridos, sobrevivientes y víctimas de torturas, reclaman justicia con una marcha por el altiplano rumbo a La Paz.
"Es un doble sufrimiento, porque demorar o impedir la justicia es como echar sal en una herida abierta", dijo a Sputnik por teléfono la activista de derechos humanos Marianela Burgos, de Cochabamba (centro), mientras acompañaba a los manifestantes en los primeros metros de los 200 kilómetros que se proponen cubrir hasta la capital política.
La protesta, con más de un centenar de participantes, comenzó en la mañana del 19 de octubre en el pueblo altiplánico de Caracollo, y según sus organizadores se prolongaría por lo menos una semana.
Burgos dijo que le parecía claro que los manifestantes estaban "tan dolidos por la tragedia misma de las represiones como por la negligencia del poder actual, tanto del Gobierno como de los administradores de justicia".

Tres procesos

Otro activista y organizador de la protesta, David Inca, de El Alto, ciudad donde ocurrió una de las masacres, dijo a radio Pío XII que la justicia debería considerar al menos tres líneas de enjuiciamiento a los responsables de la violencia política de 2019, partiendo entre otras consideraciones de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese informe, presentado en agosto pasado, concluyó tajantemente que las represiones de manifestantes civiles en 2019 fueron masacres, puso en evidencia varios casos de torturas y planteó medidas para hacer justicia y reparar parcialmente los daños.
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Inca dijo que deberían hacerse juicios contra los responsables políticos de las muertes, los militares ejecutores de la violencia y los agentes responsables de torturas.
"Los marchistas exigen claramente que se identifique a los que han torturado y a los que han disparado armas de fuego contra las manifestaciones, no solamente los comandantes sino los ejecutores materiales directos, que fueron los que apretaron los gatillos", señaló.
Sobre los responsables políticos, sostuvo que "no hay duda de quiénes fueron", apuntando a la expresidenta Áñez y a sus ministros que firmaron el decreto supremo que ordenó la participación de los militares en las represiones, otorgándoles inmunidad por adelantado.

Una queja

Pero la justicia no será posible si los procesos no se aceleran con decisión política, advirtió el activista.
"Protestamos por la negligencia del fiscal general (Juan Lanchipa) y los fiscales de La Paz y Cochabamba, así como por la falta de decisión política de las autoridades del Gobierno para apoyar a los fiscales y jueces a acelerar los procesos", dijo Inca.
Los fiscales deben investigar las masacres y presentar imputaciones formales, en tanto que el gobierno puede colaborar abriendo archivos militares y policiales, "pero en todo esto hay poco avance, más palabras que hechos", lamentó.
Inca reveló que el Gobierno "no ha respondido hasta ahora" a demandas presentado en enero por los familiares de las víctimas de masacres de El Alto, reiteradas en abril y vueltas a presentar en septiembre.
En esas demandas, los que ahora marchan exigen además compensaciones económicas y servicios psicológicos y de salud, en línea con recomendaciones de la CIDH.
"Hay diferencias abismales entre el gobierno de facto y el gobierno democrático, pero este último no está dando respuesta adecuada a las víctimas", comentó Burgos.
Los marchistas, según sus propios mensajes en las redes sociales, repetían la consigna de "van dos años y no pasa nada".
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