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Justicia por mano propia en Colombia: el caso que reavivó el tema del paramilitarismo

CC0 / Pexels / Un hombre apuntando con un arma
Un hombre apuntando con un arma - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2021
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Detrás del asesinato de dos jóvenes acusados de robar se desprenden dinámicas paramilitares que revelan el deterioro social y confirman que los grupos armados ilegales son la ley en Tibú, un municipio fronterizo en el noreste de Colombia.
Un video en Twitter conmocionó a Colombia el domingo 10 de octubre: en él se mostraba a dos jóvenes —uno de 12 y otro de 18 años— que habían sido capturados por varias personas, acusados de robar en un establecimiento comercial y quienes, minutos después, aparecieron muertos al lado de una carretera.
Los hechos, según confirmaron las autoridades, ocurrieron el viernes 8 de octubre en el municipio de Tibú (Norte de Santander, noreste) y no solo desataron una avalancha de indignación que se manifestó a través de las redes sociales, sino que reabrieron el debate del paramilitarismo en una convulsa región fronteriza en la que actúan diferentes grupos armados.
"El asesinato de los dos jóvenes se suma a un rosario de hechos violentos que se desarrollan en Catatumbo y se concentran en Tibú. Este año se ha registrado el asesinato de 10 mujeres, otras salieron amenazadas y fue asesinada en su propia casa una fiscal que adelantaba varias investigaciones".
El testimonio es de Juan Quintero, un líder social de esa región, quien describe a Sputnik, con pocas palabras, el horror que se vive en sus territorios.
La Fiscalía colombiana designó a un grupo especial de investigadores para que llegaran a l lugar para ponerle el ojo a un caso en el que se indaga, incluso, si hubo negligencia por parte de la Policía de esa población por no llegar a tiempo para capturar y proteger a los jóvenes.
La primera acusación sobre el crimen cayó sobre las disidencias del Frente 33 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan en la zona bajo el mando de alias Jhon Mechas. Para el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Tibú, esa estructura criminal ha cometido antes este tipo de asesinatos selectivos y su presencia es fuerte en el lugar.
No obstante, las particularidades del crimen han abierto la mayor cantidad de preguntas porque está involucrado un menor de edad, involucra a dos ciudadanos venezolanos y fue un caso de justicia por mano propia.
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Los cuestionamientos también impactaron en el silencio que tuvo durante varios días el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene bajo su misión la protección de la niñez.

El Catatumbo, una mixtura de grupos armados

Tibú, de poco más de 53.000 habitantes, está en la región del Catatumbo, dueña de grandes recursos naturales, fundamental para la actividad petrolera y fronteriza con Venezuela.
Su historia, infortunadamente, ha estado ligada al conflicto armado en Colombia, con una alta producción de cultivos de coca y presencia de estructuras armadas ilegales, como lo fueron el Frente 33 de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Sus tierras han sido escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y estas agrupaciones. A pesar de que sus habitantes se la jugaron por el Acuerdo de Paz que firmó el Gobierno colombiano y las FARC en 2016 y votaron mayoritariamente por el sí en el plebiscito del 2 de octubre de ese mismo año, que buscaba refrendarlo popularmente, desde allí se denuncia una lenta implementación de lo pactado y la persistencia de la violencia.
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En un informe de 2020, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ya hablaba de tres dinámicas que afectan la transformación social de dicha región. En primer lugar, menciona "la inestabilidad en la regulación que ejercen diferentes grupos armados ilegales, que ha derivado en procesos de fragmentación y disputas.
En ese orden, consideró que esa región tenía una presión y una influencia de la crisis venezolana y, por último, el deterioro en la seguridad y su impacto humanitario debían verse de manera conjunta.
El documento, además, hacía una advertencia: la reactivación de la disputa entre el ELN y el EPL —la primera, una guerrilla de más de medio siglo de existencia, convertida hoy en la más antigua del continente y con la que fracasaron los diálogos de paz con el Gobierno luego de que atentaran con una bomba contra una escuela de cadetes en Bogotá en 2019 y, la segunda, una vieja guerrilla desmovilizada en 1991, pero de la que aún existen reductos—.
A la vez, alertaban sobre una influencia mayor de las disidencias de las FARC. Ese enfrentamiento, por supuesto, tenía un impacto humanitario que afectaba el tejido social y los procesos organizativos como consecuencia de las agresiones a los líderes de la zona.
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"La falta de una estrategia clara en el Catatumbo para generar condiciones de seguridad en la etapa de estabilización está pasando factura, con la reconfiguración de las dinámicas de violencia y la degradación de la confrontación armada", señala el informe.
En esa mezcla de factores también entra a jugar la producción de hoja de coca, con cifras que han sido registradas con rigurosidad en los informes de la ONU. De acuerdo con el monitoreo de 2020 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC, por sus siglas en inglés—, Norte de Santander, en donde está el Catatumbo, superó junto con Nariño, Putumayo y Caquetá las 15.000 hectáreas cultivadas de coca.
Pero hay un dato más detallado. "De los 20 departamentos registrados con coca en el 2020, cinco concentran el 84% del área total con coca; en su orden, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia. Norte de Santander se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país, con 40.084 ha, con una leve reducción (4%) frente a lo reportado el año anterior", documentó la UNODC.

"Aquí todos matan"

El crimen de los jóvenes "es una consecuencia de no implementar ni a tiempo ni de manera integral el Acuerdo de Paz y el producto de no avanzar de manera integral en diálogos de paz con el ELN", comenta a Sputnik Juan Quintero, un líder social de la región que, además, se apresta a participar en las próximas elecciones al Congreso.
Según Quintero, el Catatumbo, además de tener gran cantidad de hectáreas cultivadas de coca, ha concentrado un alto número de reportes de amenazas en contra de líderes sociales.
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El líder social asegura que no está claro quién está detrás del crimen de los jóvenes y hace fuertes acusaciones hacia la Fuerza Pública. "Los actores son legales e ilegales porque aquí todos matan. Están los rearmados de las FARC, el ELN, Los Pelusos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército y la Policía", dice.
Ese señalamiento contra las autoridades lo hace desde una posición específica: "Hay una responsabilidad por omisión de la Policía Nacional porque esos hechos ocurrieron a tres cuadras de la estación de Policía de Tibú. No se sabe cuál de los grupos armados mató a los jóvenes, todos operan casi igual. Pero el hecho puntual es que llegaron dos personas encapuchadas con pistolas en mano y se los llevaron. A los 20 minutos aparecieron asesinados".
También hace críticas a la sociedad tibuyana y a las personas que capturaron a los jóvenes por vulnerar sus derechos desde el principio.
"Los menores tienen una protección constitucional y aquí los grabaron con celulares y les ataron las manos. Solo por el hecho de ser venezolanos. Lo que ocurrió fue un acto paramilitar y xenófobo", añadió el líder.

La investigación avanza

A pocos días del doble asesinato que ha conmovido al país, los avances en su esclarecimiento también son cuidadosos. Hasta el momento, el único cuerpo que ha sido reclamado fue el del menor de 12 años, cuando un hermano y una tía llegaron el pasado 12 de octubre a la sede de Medicina Legal, en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander.
Mientras, el cuerpo de Alexánder José Fernández, como fue identificado el joven de 18 años asesinado ese día, permanece a la espera de que alguien venga por él.
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Al unísono, políticos, ciudadanos y organismos internacionales han rechazado el atroz episodio de justicia por mano propia. "Condenamos el asesinato de un niño de 12 años ayer en Tibú, Norte de Santander. Expresamos condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas", expresó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
Lo que sucedió en Tibú puso los ojos del país sobre una región que ha resistido los embates de la guerra y que hoy vive las consecuencias de un abandono histórico estatal. Sus habitantes manifiestan su desilusión bajo la premisa de que todo seguirá igual, pero guardan un fragmento de esperanza en el deseo de que las promesas no queden, una vez más, en simples anuncios.
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