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Tenencia compartida obligatoria: la propuesta que se inventó Uruguay y preocupa a la ONU

© Foto : Gentileza de SenameNiño dibujando
Niño dibujando - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2021
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Ni celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt escapan de los procesos judiciales cuando se separan y no logran ponerse de acuerdo sobre la crianza de sus hijos. En Uruguay, parte del oficialismo propuso que en vez de un juez, la tenencia sea determinada obligatoria y compartida por ley. La idea despertó decenas de críticas, entre ellas de la ONU.
"Sería oportuno que estos proyectos no avancen, porque son una afectación fuerte a los derechos del niño", dijo a Sputnik Luis Pedernera, expresidente y actual miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).

¿Qué está a estudio del Parlamento uruguayo?

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado de Uruguay estudia dos proyectos de ley que promueven que los padres separados compartan por igual la tenencia de sus hijos, y de forma obligatoria. Plantean la modificación de varios artículos sobre tenencia y visitas del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) del país.
En septiembre y octubre de 2020, el tema volvió a la agenda parlamentaria por varios legisladores de la Coalición Multicolor —alianza de partidos de derecha que gobierna el país desde marzo de ese año—. La propuesta había sido presentada en 2016 por el actual presidente del país, Luis Lacalle Pou, durante su ejercicio como diputado, pero en ese entonces no tuvo éxito.
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Esta vez las legisladoras del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu desempolvaron la idea del líder de su partido, y presentaron el proyecto "corresponsabilidad de crianza". Por su parte, los legisladores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto (CA), presentaron el de "tenencia compartida responsable". Por la similitud de los proyectos, la Comisión los estudia en conjunto y los legisladores prevén unirlos.

¿Qué dicen las normas uruguayas sobre la tenencia?

Uruguay reconoció y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño poco después de su entrada en vigor en 1990. No obstante, recién en 2004 el país adecuó su legislación a las recomendaciones internacionales y aprobó el CNA.
Pedernera, del Comité de ONU, explicó que en las decisiones relativas a las responsabilidades parentales, la Convención establece que el único criterio será el interés superior del niño en cuestión.
El CNA, que regula el régimen de tenencia y visitas, estipula en su artículo 34 que si los progenitores se separan, en primera instancia se deberá intentar acordar la corresponsabilidad de la tenencia. Y si no se logra, se deberá acatar la resolución del juez de Familia.
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En el artículo siguiente, el CNA determina que el juez decidirá según "favorezca" al hijo en cuestión, y que siempre deberá "tener en cuenta la opinión del niño o adolescente".
Además, conviene que, en casos de violencia, debe resolverse la tenencia provisoria de modo que "en ningún caso" quede a cargo del agresor, y establece que se suspendan preventivamente las visitas del denunciado.

¿Qué proponen los proyectos de tenencia compartida obligatoria?

Los proyectos modifican los artículos 34, 35, 37, 39 y 40 del CNA, que regulan el régimen de tenencia y visitas de los niños, niñas y adolescentes hijos de padres separados.
Dos de las modificaciones que se plantean en los proyectos quizá sean las que más críticas han recibido. Son las que establecen que:
En caso de denuncias por maltrato, abuso o violencia realizadas contra uno de los progenitores, no se suspenda la tenencia compartida hasta que haya un fallo judicial contra el progenitor denunciado.
El juez tomará la voz de los niños "en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva".

¿Por qué los proyectos han sido duramente criticados?

Las iniciativas parlamentarias para modificar el CNA encendieron las alarmas de decenas de organizaciones locales especializadas en infancia, mujeres y derechos humanos.
"Ambos proyectos de ley resultan regresivos para los derechos de [niños, niñas y adolescentes] en particular, dejándolos en una situación secundaria frente a los derechos del mundo adulto, y exponiéndolos, en aquellas situaciones de adultos violentos, a riesgos gravísimos", dijo a Sputnik Gaston Cortes, del equipo coordinador de la Comité de Derechos del Niño Uruguay (CDNU).
Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), además del Comité de los Derechos del Niño de ONU también expresaron su preocupación.
"Lo que es contrario al interés superior del niño es que la ley otorgue automáticamente la responsabilidad parental a uno o ambos progenitores", aseguró Pedernera. "Se instala un problema donde no existía", agregó.
¿Por qué los proyectos se centran en los intereses de los adultos?
Según Cortés, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes queden subordinados a los intereses adultos se evidencia, por ejemplo, en la división del tiempo que se les impone. "Ahí nos preguntamos qué es más importante entonces, ¿cómo pasa el niño o cuánto tiempo pasa con los adultos?", aseguró.
"Entendemos que compartir el tiempo de crianza es fundamental, pero esto no debiera estar antes que garantizar a los niños un barrio, amigos, una escuela, referentes cotidianos, una rutina, todo lo que precisa para desarrollarse, criarse, tener su vida", agregó.
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En ese sentido, Lucía Maschi, abogada de la organización social El Abrojo y miembro de la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (Anong), ejemplificó el problema a Sputnik con un tema recurrente a resolver: el de los padres que viven en distintas ciudades.
"Si la mamá vive en Canelones y el papá vive en Colonia [a casi 170 kilómetros de distancia] ¿cuál va a ser el centro de vida de ese niño? ¿Dónde el niño va a generar, por ejemplo, sus vínculos afectivos, de amistad, sus compañeros de clase? El niño va a ir y venir del hogar de la madre al del padre, y va a ser rehén de este conflicto que tienen los adultos", dijo Maschi.
Otro de los aspectos que "muestra el adultocentrismo" de las propuestas es que se le pide al niño, niña o adolescente que demuestre que sus reflexiones son autónomas, señaló a Sputnik Fabiana Condon, psicóloga de la Asociación Civil El Paso e integrante del CDNU.
"Esto no lo pensamos para los adultos (...) y denota un desconocimiento y vulneración de un principio fundamental: que son sujetos de derecho", agregó.
¿Por qué se amenaza el derecho de los niños a ser escuchados?
El Comité de ONU estipula que no basta con escuchar al niño, sino que debe considerar sus opiniones seriamente, y ese es el espíritu que recoge el CNA. Sin embargo, la formulación de los proyectos "pone en tela de juicio su voz", dijo Condon.
"En ese caso los tribunales podrían no tomar en cuenta la opinión del [niño], en un asunto que lo afecta profundamente, como el tema de con quién va a convivir. (...) Nos preocupa seriamente que se imponga una solución a priori sin que se ajuste a los intereses de los niños y sin tomar en cuenta lo peculiar de cada situación".
Además, explicó que "oír a un niño es oír en función de las maneras que se manifiesta un niño o niña según edad y condiciones. Seguramente un bebé si está molesto o angustiado, llora, y bueno, a medida que crecen es la palabra, el relato, el dibujo, la expresión corporal, hay muchas expresiones y muchas formas de poder oír".
¿Por qué los proyectos podrían exponer a niños a situaciones de violencia?
Cortes asegura que, de aprobarse la norma, muchos niños podrían compartir su tiempo con adultos que ejercen violencia.
"En estos cambios se puede poner en riesgo la integridad física y psíquica de los niños", dijo y recordó que en 2020 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia detectó 4.911 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay, una cifra que probablemente está subrepresentada.
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Los cambios "generan retrocesos a la protección provisoria para generar condiciones de seguridad, que permitan buenas evaluaciones" en los procesos judiciales de casos de violencia, explicó Condon.
Se obliga a los niños a seguir "sometidos a situaciones de violencia; y la exposición en la responsabilidad sería claramente de los órganos judiciales y del Estado en tanto está habilitando estas prácticas vulneradoras de derechos y nocivas", agregó.
De forma similar se manifestaron la Red Pro Cuidados, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Anong.
Los proyectos también recibieron críticas del propio Gobierno y el Estado, entre ellas del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, presidido por el Ministerio de Educación y Cultura; y de legisladoras del Partido Colorado (PC) —integrantes de la Coalición Multicolor—, y del partido opositor Frente Amplio.

¿Cuáles son las ideas detrás de los proyectos?

Tenencia compartida responsable
En la exposición de motivos del proyecto de "tenencia compartida responsable", Cabildo Abierto argumenta que en Uruguay "los padres que son excluidos de la crianza de sus hijos" debido a que "la patria potestad para el referente paterno es un concepto vacío que no tiene efectos en la práctica".
En ese sentido, el senador Guillermo Domenech, uno de los legisladores que presentó el proyecto, dijo a la prensa local que hay "una vieja costumbre" que favorece a las madres en los procesos judiciales por tenencia.
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El senador aseguró que en muchas oportunidades se denuncia abuso o violencia sin fundamento "para apartar a los padres y a la familia paterna de la vinculación con los niños". Consultado al respecto, Domenech reconoció que no existían estadísticas o investigaciones que respaldaran tal afirmación.
Corresponsabilidad de crianza
La iniciativa del Partido Nacional comienza alegando que "la responsabilidad en la crianza corresponde a ambos padres. La separación de los padres no influye en la titularidad, ni en el ejercicio de la patria potestad atribuida a cada uno de ellos". Al respecto, la senadora Asiaín explicó a la prensa local que "a lo que apunta el proyecto es que toda la tarea de crianza no recaiga sobre la mujer, sino que sea una tarea más compartida".
Los proyectos también son promovidos por organizaciones de padres como Todo por nuestros hijos, que en 2016 contó con el apoyo del actual presidente Lacalle Pou, para llevar la idea de tenencia compartida obligatoria al Parlamento.
El entonces diputado justificó la propuesta alegando que algunos niños podrían sufrir el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El concepto ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, entre otras, por invalidar la palabra de los niños; especificamente en lo que refiere a relatos y pedidos de ayuda en casos de maltratos y de abuso sexual.
Al respecto, la psicóloga Condon entiende que aquellos colectivos o personas que citan la pseudoteoría, "de alguna manera están validando discursos de apología o justificación de prácticas abusivas".
"Hay que dar todas las garantías de que en los procesos se garanticen derechos y se pueda escuchar a los niños y niñas para planear estrategias de investigación administrativa y judicial que garanticen su protección", concluyó.
¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental (SAP)?

El SAP fue acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985 para referirse a lo que describió como un "trastorno que se genera primordialmente en el contexto de las disputas por tenencia. Su principal manifestación es la campaña de denigración del niño hacia uno de sus padres".

Inventó el concepto luego de que en 1980 se interesara en lo que calificó como falsas acusaciones de abuso sexual infantil, y recomendara a los tribunales a retirar a los niños de los hogares de los "padres alienantes" y colocarlos bajo la custodia de los padres acusados de abuso.

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