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¿Podrán las mujeres decidir sobre su cuerpo en República Dominicana?

© AFP 2021 / Erika SantelicesManifestantes a favor de la despenalización del aborto en República Dominicana
Manifestantes a favor de la despenalización del aborto en República Dominicana - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2021
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La ola verde se plantó en República Dominicana. Desde comienzos de marzo las feministas acampan frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para exigir la despenalización del aborto, que causa 20 de cada 100 muertes maternas en el país. Mientras el debate está planteado en Diputados, el Gobierno quiere hacer un referéndum sobre el tema.
En 2021 la mortalidad materna aumentó en República Dominicana. Solo en los primeros cuatro meses del año se registraron 71 casos: 17 más que en el mismo período de 2020, revela el boletín de la Dirección General de Epidemiología del país, publicado el 13 de mayo.
Organismos defensores de los derechos de las mujeres en el país advierten que estas muertes son, en gran parte, producto de abortos inseguros a raíz de la prohibición. En 2019, la organización Profamilia, que trabaja con salud sexual y reproductiva, informó que los procedimientos para interrumpir un embarazo en la clandestinidad provocan 20 de cada 100 muertes maternas.
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Se trata de una realidad que afecta principalmente a las gestantes víctimas de violencia, en condición de vulnerabilidad y pobreza, o de zonas rurales; por lo general son las "que tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o de viajar a otro país donde el aborto sea legal", observa Human Rights Watch (HRW).
"La penalización [del aborto] sin excepciones es una barrera importante para las mujeres", asegura el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. "Su incidencia en la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva se encuentra directamente vinculada a su clandestinidad y a las condiciones de inseguridad en que se realizan", agrega el Centro.

Aborto legal en República Dominicana: ¿uno o tres causales?

La Cámara de Diputados aprobó el 28 de abril en primera lectura el proyecto de reforma del Código Penal que incluyó la despenalización del aborto cuando la vida de la persona gestante esté en riego. Según el texto, se permitirá después de agotar "todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible".
El proyecto continúa en discusión, principalmente porque algunos legisladores y el movimiento feminista exigen que se agreguen otras dos causales de despenalización: en los casos de violación o incesto, y cuando haya una malformación del feto que haga imposible que pueda sobrevivir tras el parto.
Pese a que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se habían pronunciado públicamente a favor de las tres excepciones, en la sesión del 28 de abril los diputados rechazaron de forma contundente (111 votos contra 45) un informe que pedía agregarlas.
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Estas dos excepciones fueron dejadas fuera por la Comisión Especial de Diputados que elaboró el proyecto de reforma del Código Penal. El presidente de la Comisión, Alexis Jiménez, explicó a medios locales a comienzos de marzo que consideraba adecuado que se elaborara una ley especial para abordar las otras dos causales, y someterla a referéndum. La idea fue acogida por el Ejecutivo del país.
En entrevista con la agencia EFE, el presidente del país, Luis Abinader, dijo que estaba a favor de las tres causales, y que su Gobierno está elaborando un proyecto de ley para la votación popular, ya que es una decisión que "implica muchos temas, no sólo de salud" sino "también religiosos".
Si se adopta el proyecto de reforma del Código Penal tal cual está en la Cámara de Diputados, pasará al Senado para su tratamiento y votación. De aprobarse, se enviaría como último paso al presidente Luis Abinader para que lo refrende.

Las dominicanas entre el aborto y la religión

El movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos repudiaron la propuesta de referéndum del presidente. Aseguraron que no se trata de un asunto religioso, sino de salud pública y de derechos humanos, y convocaron a una marcha nacional el 23 de mayo para que no se apruebe el proyecto sin estas otras dos excepciones.
"Cuando se limita de manera irrazonable el acceso a servicios de aborto legal y seguro, como ocurre en la República Dominicana, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y efectivizar los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la autonomía, y estos derechos no deberían ser objeto de un referéndum", aseguró HRW.

¿Por qué despenalizar el aborto?

En República Dominicana y el movimiento feminista latinoamericano resuena el caso de Rosalba Almonte, de 16 años, conocida como Esperancita. La adolescente, que padecía de leucemia, murió en agosto 2012 durante su segundo mes de embarazo, por una hemorragia uterina.
El Estado se negó a practicarle un aborto terapéutico y dilató más de un mes el inicio de la quimoterapia con el fin de preservar la salud del feto, pese a que las normativas internacionales indican que se debe seguir ese procedimiento.
Las organizaciones sociales recuerdan este caso porque es uno de los muchos ejemplos que evidencian los efectos perniciosos de la prohibición del aborto. En 2018 HRW publicó un informe y un vídeo que mostró las "complicaciones de salud y muertes maternas prevenibles", y advirtió que la criminalización del aborto "genera un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas".

Qué dice el Código Penal dominicano sobre el aborto

El Código Penal de República Dominicana, que data de 1884, prevé penas de hasta dos años de prisión para quienes tengan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los realicen.
HRW, asegura que "la prohibición total del aborto amenaza la salud y la vida de las personas gestantes y es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas" por el país.
República Dominicana es uno de los cinco países de Centroamérica que hoy prohíben y penalizan la interrupción voluntaria del embarazo sin excepciones, junto con El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua.
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