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El caso de Vanessa Rosales y la lucha por la despenalización del aborto en Venezuela

CC0 / Unsplash / Una mujer embarazada (imagen referencial)
Una mujer embarazada (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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En dos décadas de agitación política en Venezuela, tras el surgimiento de un nuevo marco legal en 1999, se han ejecutado diversas iniciativas para la despenalización del aborto.
La aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007, permitió incluir el femicidio como un delito y considerar la discriminación de género como un problema de salud pública.
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El caso de Vanessa Rosales, la docente merideña acusada de colaborar en la interrupción del embarazo de una menor de 13 años, producto de una violación, abrió un nuevo capítulo en la discusión por la despenalización del aborto. Algunas organizaciones como AVESA, 100% Estrógeno, Faldas-R, Cedesex, La 5ta Ola, Tinta Violeta, entre otras, denuncian el incumplimiento de garantías procesales y la severidad de las acciones legales del Estado no solo contra la militante e investigadora feminista sino también contra la madre de la niña violentada, en tanto el agresor que se presume fuera del país, Carlos Terán, tiene orden de captura y una alerta de Interpol.
Rosales, detenida en octubre de 2020, recibió este 12 de enero una medida sustitutiva para seguir en arresto domiciliario el proceso legal en su contra. Mientras, este debate pretende llegar al seno de la Asamblea Nacional recientemente electa.

Derechos sexuales y reproductivos

En 2018, diversas organizaciones feministas interpusieron un recurso de nulidad sobre los artículos del código penal venezolano que penalizan el aborto "por atentar estos contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reconocidos en la constitución venezolana y en diversos tratados internacionales", recordó Carolina Santiago, militante de la organización Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva, Faldas-R.
"La legislación penal venezolana viola derechos humanos de las mujeres al criminalizar el aborto. Seguimos esperando respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en su sala Constitucional", resaltó.
Venezuela está suscrita a tratados internacionales de derechos humanos en el mundo, la Convención Belem Do Para de la Organización de Estados Americanos es uno de ellos. Este tratado recomienda a los Estados "despenalizar la interrupción del embarazo, garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo".
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Suzany González, abogada especialista en derechos humanos y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos Cedesex, señaló aspectos de orden religioso, de orden educativo-cultural y de orden político-económico, que dificultan la discusión de la despenalización del aborto en Venezuela.
"La visión de la élite gobernante de la iglesia impone la visión patriarcal de la iglesia católica. La sexualidad es un tema tabú, está en el oscurantismo absoluto y eso desencadena embarazos no planificados, violencia sexual, los embarazos a temprana edad y el aborto. Al ser un tabú es un gran conflicto".
González denuncia que el bloqueo económico sobre el país complica la realidad de la mujer. "El levantamiento de las medidas coercitivas que se ejercen contra Venezuela es fundamental, luego unas políticas públicas que protejan la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar", exhortó.

Línea Aborto: Información Segura

La organización Faldas-R, con dos informes estadísticos publicados, es la única que lleva una línea telefónica que brinda información y acompañamiento a las mujeres venezolanas que deciden interrumpir su embarazo. Carolina Santiago expuso que en 2019 se recibieron 1142 llamadas, a razón de tres llamadas por día. "Para el 2019 nos llamaron con mayor proporción mujeres entre 20 y 31 años. El 42% son trabajadoras, un 27% son estudiantes, un 11% trabajan y estudian y otro 9% se reconocen como 'amas de casa'", apuntó.
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"En 2019 un 64% de las mujeres que nos llamaron indicó no haber utilizado anticonceptivos, 28% reveló haberlos usado, otro 3% reportó no usarlos por sufrir abuso sexual. El 56% de las que culminaron el proceso de aborto con nosotras indicó no usar regularmente anticonceptivos. De ellas, un grupo de 92 compartió sus razones para no usarlos, la más común se debe a la falta de acceso a los mismos [32%]".
Las mujeres por no contar con información y acompañamiento seguro, reportan pérdida de tiempo, fallas en el proceso de interrupción del embarazo y estafa. El 60% de las mujeres que llamaron en 2019 consiguió los medicamentos indicados en el mercado especulativo. "El tratamiento completo de 12 pastillas podría costar de 100 a 120 dólares", informó Santiago.
Faldas-R compiló las razones para la interrupción del embarazo, la mayoría de las mujeres que culminó su aborto con el acompañamiento de la Línea Aborto:
Estas mujeres, algunas madres en proceso de crianza y otras sin serlo todavía, coinciden en señalar a la situación económica como un obstáculo para llevar a término su embarazo.
En este sentido, la abogada Suzany González indica que en un primer paso para la despenalización del aborto se proponen nuevas causales que permitan la interrupción del embarazo, tales como violación, inviabilidad del feto o imposibilidad, riesgo de la vida y la integridad de la mujer gestante y una cuarta causal, que refiere a razones económicas.
"Lamentablemente, tomamos en cuenta lo económico, pues tomar en cuenta las realidades económicas de nuestro país pudiera hacer una base muy importante. Creo que es fundamental el debate en la Asamblea Nacional, para visibilizar obstáculos y saber cómo hacer frente a ellos".
📇 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗝𝗘𝗦 por Francisco Lucotti:
El Senado argentino aprobó el 30 de diciembre la demandada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor y 29 en contra, luego de un intenso debate

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Mortalidad materna por abortos inseguros

Suzany González señala que en 2016 se reportó un aumento del 66% en mortalidad materna en relación al 2014, lo que hace de Venezuela el quinto país de América Latina con mayor número de casos.
Sabemos que en los países donde se penaliza el aborto existe un subregistro de los abortos, porque muchos se registran como asepsia o hemorragia, por lo que pudiésemos decir que dado que la mortalidad materna en Venezuela es una de las más elevadas en la región, las muertes asociadas a abortos inseguros deben ser muy elevadas".
Actualmente, las mujeres llevan el mayor peso ético, moral, político y financiero, en relación a la planificación familiar, parecen ser orientadas a inhibirse de su sexualidad en orden a contener las fallas educativas, laborales, de salud y protección social del Estado. Aunque el aborto es un delito penado para una mujer, las fallas estructurales del Estado no acarrean acciones penales concretas. En este sentido, un marco jurídico actualizado en materia de salud sexual y reproductiva podría equilibrar las responsabilidades de las instituciones del Estado y de la ciudadanía. 
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Carolina Santiago llama a generar políticas públicas que garanticen el acceso seguro al aborto. "Hay que generar espacios de discusión en los que se pueda difundir información veraz respecto al aborto, no para convencer de abortar, que nunca ha sido la intención de quienes luchamos por este derecho, sino para que todos podamos tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas", expresó.
Suzany González apunta que las violencias contra la mujer confluyen en su cuerpo. "Una mujer a veces es víctima de violencia basada en género, es víctima de violación, es víctima de no tener acceso a la información, de no tener acceso a métodos anticonceptivos, de no tener acceso a servicios, pero además cuando deciden sobre su cuerpo, sobre su reproducción y sobre su sexualidad, el Estado la criminaliza, esto es inhumano", afirmó.

Un llamado latinoamericano

Hasta ahora, en América Latina, solo Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico y, recientemente, Argentina, permiten el aborto durante las primeras semanas de gestación. Uruguay, tras legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, en un año, disminuyó a la mitad la incidencia de embarazos adolescentes.
Las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres en el continente, luchan por la despenalización del aborto, por más garantías en sus derechos sexuales y reproductivos. En 2020, algunas de estas organizaciones se declararon en emergencia feminista.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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