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¿Febrero o mayo?: el día de elecciones en Cataluña sigue en duda

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BARCELONA (Sputnik) — Cataluña entra en un nuevo laberinto jurídico tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) que tumba la decisión de su Gobierno de aplazar al 30 de mayo las elecciones al Parlamento catalán.
El alto tribunal de la región suspendió el decreto de convocatoria para primavera, lo que significa que sigue en marcha la carrera electoral hacia la cita con las urnas que se había fijado inicialmente el 14 de febrero.
El cambio de fecha de los comicios fue fruto del consenso entre todos los partidos con representación parlamentaria, alarmados por la grave situación epidemiológica que atraviesa España a causa del COVID-19.
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El Gobierno de Cataluña reactiva los preparativos para elecciones en febrero
Pese al pacto político, los recursos presentados por formaciones minoritarias, entidades y un particular en contra del aplazamiento condujeron a los jueces a dejar sin efecto la extensión en el calendario.
"Estamos hartos de que los tribunales decidan la vida política de los catalanes", manifestó en declaraciones Gabriel Rufián, dirigente del partido Esquerra Republicana de Cataluña, favorito en las encuestas.
La decisión es provisional y está pendiente de las alegaciones del Gobierno catalán, pero las autoridades se vieron obligadas a reactivar de inmediato los preparativos para las urnas.

Los independentistas quieren urnas en mayo

A diez días del inicio de campaña y poco más de tres semanas para el 14 de febrero, Cataluña sigue sin una fecha definitiva para una de las citas electorales más importantes de los últimos años en España.
La región sigue con un Gobierno en funciones y sin presidente un año después de que el cesado Quim Torra anunciara la muerte de la legislatura formada por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
La pandemia del COVID-19 no hizo más que prolongar la agonía de la coalición de independentistas, en trámites de divorcio desde hace un año pero obligados a convivir por la situación sanitaria.
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En los próximos comicios está en juego no solo el liderazgo de Esquerra y Junts, sino también la posible incursión en el Ejecutivo catalán del ministro de Sanidad español, Salvador Illa, que se presenta por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).
Los políticos son conscientes del impacto que puede tener en los resultados de las urnas esta diferencia de tres meses, por mucho que el coronavirus pueda justificarla.
Esquerra Republicana acusa al PSC —partido hermano del PSOE de Pedro Sánchez— de estar detrás de los recursos interpuestos ante el TSJC.
La formación se sitúa a la cabeza de los sondeos electorales, pero su posición corre peligro ante el denominado "efecto Illa", perseguido por los socialistas al llevar a su ministro más mediático a las urnas catalanas.
El temor es compartido, aunque en menor grado, por sus socios de Gobierno liderados por la candidata Laura Borràs, que acusó al presidente Pedro Sánchez de incumplir sus promesas de desjudicializar la política catalana.

Inédito frente judicial

El cuestionamiento jurídico de la fecha de unas elecciones es un hecho sin precedentes incluso en Cataluña, donde las contiendas entre gobernantes y jueces son habituales.
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En pocos años la región vivió la huida de un presidente, la inhabilitación de otro y el encarcelamiento de varios líderes políticos a manos de tribunales.
Por el momento, el TSJC está pendiente de escuchar las alegaciones de los dirigentes catalanes en defensa del aplazamiento, electoral, mientras que la Fiscalía ya se pronunció en contra y pide mantener elecciones en febrero.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Cataluña preparan una justificación que se basará en la gravedad de la situación sanitaria y la falta de legitimidad del proceso electoral en medio de las duras restricciones de movilidad que siguen activas por el COVID-19.
Todos los municipios catalanes mantienen un confinamiento perimetral que de momento tiene vigencia hasta el 7 de febrero pero el Ejecutivo no descarta ampliar.
Otro de los argumentos que presentarán las autoridades catalanas es el precedente de las regiones de Galicia y País Vasco, que el pasado marzo aplazaron sus respectivas elecciones a causa del coronavirus.
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En ese momento nadie cuestionó el traslado de fecha, ya que se trataba de una situación de fuerza mayor con toda la población confinada en su hogar.
En una declaración institucional tras aprobar la suspensión del 14 de febrero, el vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, defendió el traslado de fecha "para salvar vidas y preservar el derecho al voto" de los catalanes.
El entramado jurídico se resolverá en los próximos días, pero ciudadanos y políticos se mantienen a la expectativa sobre si los jueces paralizarán los comicios antes de la campaña que comienza el 29 de enero.
Una vez más, el futuro político de Cataluña se decidirá en los tribunales.
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